Haidé Serrano
SemMéxico, Ciudad de México, 4 de julio, 2025.- La violencia sexual contra niñas y adolescentes en México no solo está normalizada, también rara vez es sancionada. Hace unos días, el alboroto en redes sociales ante una tabla que mostraba nacimientos de niñas desde los 10 años fue solo una llamarada de petate. Una indignación pasajera frente a una realidad estructural y cotidiana: en este país, miles de niñas son víctimas de abuso o violación, muchas veces dentro de sus propios hogares o comunidades, y los agresores continúan libres.
La tabla en cuestión —con los 30 nacimientos registrados en 2024 de madres más jóvenes con edad del padre conocida— es un resumen brutal de la impunidad institucional frente al abuso infantil. Lo que más indignó fue la diferencia de edad entre las niñas madres y los hombres registrados como padres. En El Oro, Estado de México, una niña de 12 años dio a luz; el padre tenía 65 años, una diferencia de 53. En Xalapa, Veracruz, y Tlaquepaque, Jalisco, los hombres tenían 50 años. En Texcoco, Ocosingo y Acapulco, las niñas madres tenían apenas 10 años.
No. No son relaciones voluntarias. Son violaciones. Son delitos.
El Código Penal Federal establece que la edad mínima de consentimiento sexual es de 18 años. Sin embargo, en 27 por ciento de los códigos penales estatales, esta edad es de apenas 12 años, lo que deja un vacío legal que protege a los agresores y vulnera gravemente a la infancia. Una niña de 10, 11 o 12 años no tiene la madurez para consentir nada. No puede. Punto.
Estas cifras no solo reflejan violencia sexual, sino profundas desigualdades estructurales. Las niñas víctimas suelen vivir en situación de pobreza, con acceso limitado a la escuela, a servicios de salud, a educación sexual integral y, sobre todo, a la justicia. No tienen red de protección. Tienen miedo. Y están solas.
México lidera la estadística de embarazos infantiles y adolescentes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Cada año, se registran 390 mil nacimientos en menores de 19 años, más de mil cada día. Pero en lugar de indignación sostenida, hay silencio. Y mientras tanto, los agresores —en su mayoría hombres adultos— siguen impunes.
Esto es una emergencia nacional. Pero no se nombra como tal. La violencia sexual contra niñas no es un escándalo aislado: es violencia estructural, machista, sistemática, y es el Estado quien tiene la obligación de prevenirla, sancionarla y erradicarla.
El Estado mexicano tiene una deuda inmensa con las niñas: la deuda de su seguridad, de su libertad, de su derecho a ser niñas, no madres.
Publicado originalmente en Milenio. Fuente: SSA (Nacimientos, 2024)
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