Denise Dresser*
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 18 de marzo, 2026.-El gran engaño. La gran trampa. La gran farsa. Así nace el llamado plan B de Claudia Sheinbaum. No como una reforma pensada ni negociada, sino como un rodeo. Un ardid. Una salida de emergencia después del fracaso, porque el plan a no consiguió la mayoría calificada para reescribir las reglas del sistema electoral. Y cuando la democracia impone límites, el oficialismo decide rodearlos. Si no se puede cambiar la Constitución, se cambian las leyes secundarias. Si no se entra por la puerta, se entra tramposamente por la ventana.
Es el manual del obradorismo. Cuando las reglas estorban, se doblan. Cuando no se consiguen los votos, se compran negociando con el Partido Verde y el PT; lo mismos que bloquearon el plan original y ahora respaldan su versión recortada. Y no por convicción democrática, sino por cálculo político. El Verde y el PT llevan años funcionando como lo que son: partidos muleta, mercenarios legislativos, vientres de alquiler. Algo les darán.
El plan B se presenta como una versión moderada, pero mantiene la misma lógica paralela de debilitamiento y control: recortes salariales a funcionarios electorales, reducción de estructuras entre el INE y los organismos electorales locales, límites al número de regidores en ayuntamientos, recortes a congresos locales y la posibilidad de someter “ciertos temas electorales” a consultas populares. Y permitir revocación de mandato a mitad del periodo de gobierno, para que Sheinbaum aparezca en la boleta. Todo envuelto en la narrativa favorita del régimen: austeridad, combate a privilegios, democracia más barata.
Pero resalto lo obvio: debilitar las capacidades técnicas del sistema electoral pone en riesgo su funcionamiento. Recortar estructuras no es eficiencia automática. Se vuelve fragilidad. Y también está en juego la pluralidad política: limitar el número de regidores o alterar reglas de representación local pueden reducir la diversidad política que México construyó para evitar el regreso del partido hegemónico.
Durante décadas, las reformas electorales buscaron impedir que un solo partido dominara todas las instituciones. Debilitar esos mecanismos no es “ahorro”. Es acumulación de poder morenista.
Nada de esto ocurre en el vacío. La literatura comparada sobre erosión democrática lleva años documentando un patrón paradójico: hoy las democracias se erosionan mediante reformas legales impulsadas por gobiernos electos.
En Hungría, Orbán reformó el sistema electoral, redujo el número de legisladores y rediseñó distritos. Todo legal y todo aprobado por el Parlamento. pero diseñado para inclinar el terreno de juego a favor del partido gobernante. En Polonia, el partido Ley y Justicia presionó tribunales y organismos autónomos hasta debilitar su independencia. En Turquía, Erdogan utilizó reformas constitucionales para concentrar cada vez más poder en el Ejecutivo.
Susan Stokes lo explica en The Backsliders: líderes populistas como AMLO y su sucesora/operadora rara vez destruyen instituciones de golpe. Prefieren desgastarlas lentamente. Movilizan el enojo contra las élites y presentan cada reforma como una cruzada moral contra privilegios. Mientras tanto, el poder se acumula.
Porque mientras el gobierno habla de combatir privilegios, Morena busca mantener los suyos. En su última asamblea partidista reapareció Andy López Beltrán para anunciar procesos internos que elegirán “coordinadores” estatales. Esos después se convertirán en candidatos a gobernadores. O sea, actos anticipados de campaña al estilo Andrea Chávez. Cuando Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto, respondió con una frase reveladora: todos los partidos lo hacen. La vieja excusa del sistema político mexicano. Si el PRI lo hacía, entonces Morena también puede hacerlo.
México sí necesita reformas electorales urgentes. Para frenar el dinero del narcotráfico en las campañas, para obligar a los partidos a rendir cuentas, para castigar las trampas que siguen ocurriendo. Nada de eso forma parte del plan b.
En cambio aparece una reforma regresiva envuelta en la retórica del combate a privilegios. Una reforma que promete austeridad mientras concentra poder. Que promete democracia mientras debilita contrapesos.
Bazofia significa basura. Bodrio. Y cuando un gobierno desperdicia la oportunidad de fortalecer la democracia para dedicarse a manipular sus reglas, el nombre correcto no es reforma. Es Plan Bodrio
Académica y politóloga; reproducido por su valor histórico
Publicado originalmente el 17 de marzo en Diario de Yucatán
El periódico de la vida peninsular
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