Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 16 de marzo, 2026.-En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, desde el 9 de marzo y hasta el día 19, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, entidades de las Naciones Unidas y otras instancias están debatiendo durante el 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW7), la condición global de las mujeres.
Aunque se discuten todos los temas, el marco es un acuerdo global contundente para fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, además de examinar políticas de igualdad, financiamiento y mecanismos de rendición de cuentas frente a un contexto mundial de retrocesos.
Quienes liderean esta sesión pusieron en el centro el acceso a la justicia de las mujeres, argumentando que la justicia, ahora una quimera, es una fuerza transformadora para las mujeres y las niñas; la justicia promueve la igualdad y la no discriminación, protege contra la violencia y el abuso y fortalece la confianza en las instituciones.
Es previsible que las conclusiones de este 70 periodo ofrecerán una hoja de ruta para construir una gobernanza más inclusiva que apoye la paz, la cohesión social y prevenga las violaciones a los derechos humanos de todas las mujeres.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, declaró: “Aplaudo a las delegaciones que han trabajado incansablemente para alcanzar estas conclusiones acordadas. Representan un compromiso importante para avanzar en el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas, poner fin a la impunidad y construir sistemas de justicia que funcionen para todas las personas, en igualdad de condiciones”.
En este marco, la delegación mexicana reconoció que en nuestro país hay 12 millones de mujeres indígenas que han quedado atrás, entre otras cosas porque las barreras lingüísticas no solo impactan en la información sobre sus denuncias, sino porque viven sistemáticamente injusticias, según dijo Fátima Gamboa, representante de la organización Equis Justicia para las Mujeres, quien denunció las injusticias que viven estas mexicanas.
Aseguró que las mujeres indígenas reciben hasta seis años más de prisión que una persona no indígena; se enfrentan a extorsiones, al olvido y a reconocer la culpa aunque no la tengan, porque no inciden en su acceso al debido proceso y en la comprensión de resoluciones. Aunque las indígenas no son la mayoría, también reconoció que millones de mexicanas, como las buscadoras y las madres del feminicidio, no reciben justicia.
De ahí la importancia del acuerdo global que pone a la justicia en el centro como tema transversal, que impacte y comprometa a cada país del mundo. El acuerdo insta a los gobiernos a revisar y modificar leyes discriminatorias, incluidas aquellas relacionadas con el matrimonio infantil, la violencia en la familia y los derechos de propiedad; a adoptar medidas más sólidas para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en línea como fuera de línea, garantizando la rendición de cuentas de los perpetradores y el acceso oportuno a la justicia y a servicios de apoyo para las sobrevivientes.
Mucho de esto toca a México, donde la impunidad es del 90 por ciento en el feminicidio y las desapariciones; las violaciones sexuales y los ataques a la infancia, donde la voluntad política y de gobernanza va mucho más allá de leyes o iniciativas. Se necesitan hechos y acciones contundentes, como dice la ONU. Hay mucho más en Nueva York. Veremos.
Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx
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