Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 25 de marzo, 2026,- Ayer amanecimos con el anuncio de una nueva Ley sobre Feminicidio, que sin duda es la expresión de la voluntad política presidencial para atender esta tragedia cotidiana que se develó en 1998 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que ha cobrado la vida de más de mil mujeres cada año, que no se resolverá mientras no se invierta en ello y de nada sirve aumentar sanciones o reglas que ya están en nuestra legislación pero que no se cumplen.
En la mañanera del pueblo vimos un esquema de la iniciativa que llegará de un momento a otro al Senado, cuyos ejes son una repetición de las recomendaciones hechas en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -caso Campo Algodonero- y de la sentencia Mariana Lima Buen Día, del 25 de marzo de 2015, que básicamente recomiendan al Estado Mexicano hacer las investigaciones con visión de género, investigar cada muerte violenta de mujeres como feminicidio, homologar el tipo penal, reglas para obligar a la autoridad judicial a conducirse con prontitud y diligencia y crear protocolos de prevención, así como investigar y procurar justicia respetando el debido proceso y cuidar la cadena de custodia.
Pero lo más importante es que se trabaje un presupuesto suficiente y adecuado, en mecanismos para que las normas se cumplan y en la transformación del pensamiento del funcionariado.
Lo digo por nuestra desmemoria infinita. Lo que se propone está mandatado, pero desairado en el día a día. Tal es el problema de fondo. La iniciativa denominada Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio no sólo repite todo lo vigente, sino que se nos presenta como nuevo y profundo.
Hace al menos ocho años las diputadas y senadoras perredistas insistieron en homologar el delito de feminicidio, definido por cada entidad de manera distinta, cosa que la iniciativa no resuelve al presentarse como ley general y no federal.
Lo de fiscalías especializadas, recordamos que fueron creadas desde 1989, que con reformas legales y reglamentos se fueron ampliando; prácticamente en todo el país existen, otra cosa es que mal funcionan. Entonces más que una ley habría que hacer efectivas las instituciones ya creadas, cumplir los mandatos y las varias sentencias de la Corte que hoy son letra muerta. ¿Para qué una nueva ley? No lo entiendo.
No se trata de menospreciar el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero como me dijo la abogada Andrea Medina Rosas, las expertas feministas desde hace 17 años han insistido que el feminicidio debe atenderse en forma integral, resolver la falta de personal que debiera estar capacitado; hacer que los servicios periciales –que son una tragedia- estén especializados y sean diligentes. Nada de ello será posible sin recursos, los que desde hace siete años se disminuyen sistemáticamente, sobre todo en capacitación y sensibilización del funcionariado.
No tuvo lógica desaparecer la CONAVIM, creada en el año 2004, o la fiscalía para los delitos contra las mujeres, también creada en 2005; trasladar los Centros de justicia a la Secretaría de las Mujeres, más ocupada en trabajo territorial que en políticas públicas, es un despropósito.
La acción política de la presidenta de la República es eso. Ya tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde 2007 con una docena de reformas. De esa Ley General se han desprendido 32 estatales en toda la República, de ahí emanó la creación del delito de feminicidio, no homologado todavía y que esta iniciativa no resuelve. Además no sirve aumentar las sanciones -que en realidad también existen- cuando la atención no es integral.
De lo que leí en el esquema hay dos asuntos “nuevos” de política discursiva o para una definición de ley, es que se dice que se trata de reforzar la investigación con perspectiva de género; aplicar protocolos especializados; analizar antecedentes de violencia aunque no haya denuncias previas; orientar las indagaciones con “la determinación de la verdad y reparación integral del daño”. Lo que podría ser un decreto presidencial, por ejemplo.
También incorpora considerar como delito la tentativa de feminicidio que Carolina Ramírez, como líder de las víctimas de esa tentativa, propuso desde 2022, y me dijo que reconocer la tentativa de feminicidio es un avance.
O sea, nada nuevo bajo el sol en este discurso de preocupación con una iniciativa “nueva”. También se ponen en primer plano el programa los Centros Libres, antes puntos naranja o centros para mujeres que nacieron durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad de México en 1997.
Yo creo que este esfuerzo político nace de lo que en el podcast de La Lovera, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, me dijo -30 de enero 2026-: en realidad la Presidenta no ha encontrado la forma de cómo atender y disminuir el feminicidio y no lo pudo hacer cuando era jefa de gobierno. Ahora la Presidenta nos dijo que la iniciativa surge de su experiencia y la de Ernestina Godoy Ramos, hoy Fiscal General de la República.
La propuesta, que se seguirá analizando, entraña un discurso político, que sólo agrega a todo lo reglamentado adoptar la “igualdad sustantiva”, esa que se introdujo en la Constitución, y habla de “reforzar”; de una Comisión Especial, porque el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, ya fue publicado. Y de políticas integrales, no dice nada. Veremos.
*Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx
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