La violencia sexual es un problema de salud pública, Mónica Herrera Villavicencio
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 4 de noviembre, 2023.- El incremento de la pena hasta 15 años de prisión por abuso sexual o violación a mujeres adultas mayores o con discapacidad fue propuesta por la diputada Mónica Herrera Villavicencio en la iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, la que fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la de Atención a Grupos Vulnerables para opinión.
El aumento de la pena es hasta en una mitad respecto a las actualmente establecidas, que van de 6 hasta 10 años de prisión cuando se cometa el delito de abuso sexual y violación “contra una persona con discapacidad o perteneciente al grupo de la tercera edad”. En el caso de incurrir.
La legisladora detalló que este tipo de violencia abarca actos que van desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, así como una variedad de tipos de coacción como la presión social y la intimidación por la fuerza física, frente a los cuales una persona adulta mayor o una con discapacidad no tienen la capacidad de enfrentar o impedir.
Refiere que este tipo de delitos se registran a diario y que la violencia sexual debe considerarse como un problema de salud pública pues es una expresión de una sociedad decadente y una alarma social.
La diputada morenista por Veracruz acentuó que lo más grave es que las víctimas de este delito en muy pocas ocasiones denuncian a sus agresores y este se debe al factor del miedo, a que no les crean o al temor de ser culpados o por haber provocado este ataque hacia ellas/os o simplemente una persona con discapacidad no tiene la facilidad de poder ir y denunciar.
“Como estado comprometido con la defensa del derecho a la libertad y seguridad sexual, es imperante realizar todas las acciones necesarias para poder hacer que en nuestro país se robustezcan los esfuerzos por erradicar estas acciones y por ende, disminuyan los índices de esta comisión de este delito”.
Refiere que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos de agosto de 2023, se han registrado 14 mil 16 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, contra 22 mil que se cometieron en 2022.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 indica que las infracciones contra la libertad y seguridad sexual representan el 22.34 por ciento de las cometidas en el fuero común.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo, que le cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Los datos indican que los supervivientes de violencia sexual pueden sufrir consecuencias conductuales, sociales y de salud mental; “son vulnerables a consecuencias para la salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual, inclusive VIH”.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 3, menciona que es obligación de la Federación y sus poderes, los estados y municipios garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres.
Al respecto, la legisladora manifiesta que el Poder Legislativo asumiría su responsabilidad como parte de los esfuerzos del Estado para garantizar una vida libre de violencia, no sólo a las mujeres, sino a toda la población, en especial a quienes pertenecen a los grupos vulnerables de personas con discapacidad y de la tercera edad.
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