Por: Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico. Ciudad de México. 06 de mayo 2020.- “Propuesta de Ley de Presupuesto” fue la segunda noticia más relevante después de “Hospitales saturados” por los enfermos del Covid, de acuerdo con una empresa encuestadora que semana a semana presenta el análisis de los asuntos que más preocupan a las personas en México.
Es muy raro que una cuestión relacionada con leyes o sus reformas capture la atención de un amplio sector social, más en estos momentos de grandes dificultades económicas y de salud.
Sin embargo, el asunto del dinero público y su manejo por el Presidente de la República motivó el interés y la polémica en grandes grupos, tanto de apoyo como de oposición a su gobierno.
Todo comenzó durante la conferencia matutina del 23 de abril, cuando el presidente López Obrador dio a conocer su programa de Austeridad en el que incluía diversas disposiciones como la reducción del 25% del salario y la eliminación del aguinaldo de los funcionarios públicos, así como la posposición de todas las acciones y actos de gobierno que no estuvieran dentro de los 38 programas y acciones prioritarias de su administración.
Tal vez todo hubiera quedado en un exabrupto matinal como los que con frecuencia se cometen en las “mañaneras”, pero esa misma tarde, en edición vespertina del Diario Oficial, se publicó un acuerdo del Ejecutivo federal para transformar los dichos en normas de aplicación obligatoria para toda la administración pública federal.
De inmediato se encendieron las alarmas, pues varias de las disposiciones eran inconstitucionales e ilegales, como la relacionada con la disminución salarial y la privación del aguinaldo a los servidores públicos. Otras más, como la reducción del 75% del presupuesto en Servicios Generales, Materiales y Suministros, condenaba al aparato gubernamental a la parálisis por falta de lo más elemental para realizar sus tareas.
Sumémosle la cancelación de 10 subsecretarías de adscripción desconocida, aunque el personal se mantiene. El decreto de Austeridad incluye la ratificación de 38 programas y acciones gubernamentales, considerados estratégicos, por un monto de 622,556 millones de pesos, el equivalente al 10% del presupuesto federal 2020.
Todo lo demás, incluyendo programas de Igualdad entre mujeres y hombres, Ciencia y Tecnología o Pueblos Indígenas, queda en total incertidumbre, porque en cualquier momento la guillotina de la Secretaría de Hacienda puede caer sobre sus cabezas.
Aunque la edición electrónica del Diario Oficial todo aguanta (hasta un discurso contra el neoliberalismo), alguien convenció al presidente de que su acuerdo no debía ser impugnado o frenado. Decidió, por tanto, mandar una iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es la disposición normativa encargada de establecer las reglas para la formulación, estudio y aprobación del presupuesto de egresos de la federación, así como cualquier posible ajuste al mismo.
La noche del 23, el presidente López Obrador envió a la Cámara la iniciativa de reforma con un concepto novedoso: “Emergencia económica”, que habría de justificar la desaparición virtual del Presupuesto tal como fue aprobado en noviembre del año pasado.
Todo sucedió en un día. Pero al siguiente y los que lo sucedieron, una oleada de preocupación recorrió el país. En medio de la pandemia, la gente se preguntaba: “¿Qué más quiere el Presidente?” Ya ha ordenado sacar de los fondos y fideicomisos la mayoría del dinero largamente ahorrado.
De acuerdo con sus facultades, ha realizado cambios y reasignaciones en los programas que ha querido; le ha metido dinero bueno a Pemex; ha “secado” programas y proyectos de largos años para canalizar los recursos al Tren Maya, a Dos Bocas, etc. Y lo más preocupante: ¿quién sino el Presidente define qué es “emergencia económica”?
No nos confundamos: el Presupuesto es un decreto que expide anualmente la Cámara de Diputados. Se debe cumplir tal como es aprobado, después de un estudio minucioso y de gran tironeo entre partes, porque la cobija de los recursos no alcanza para tod@s. Es fundamental para el equilibrio entre poderes —uno aprueba, otro ejecuta—, indispensable de respetar para que se mantenga la democracia y se evite la concentración de poder en una sola persona.
Otra cuestión básica: el presupuesto se ajusta a la baja cuando disminuyen los ingresos del gobierno, no para “reacomodar” lo que aprobó la Cámara de Diputados, menos sin fundamentar los cambios.
El pasado viernes 1º de mayo, parecía que la aplanadora de Morena y sus aliados pasaría de nuevo sobre las oposiciones. Se formó un “Frente de Contención” con cuatro fuerzas políticas que lograron mandar un mensaje de unidad suficientemente poderoso para que la mayoría oficialista desistiera temporalmente de su propósito de aprobar lo que quiere el presidente López Obrador.
El debate sobre el artículo 21 de la Ley de Presupuesto, que se pretende reformar, ha sido muy útil. Primero, porque contribuyó al despertar de una sociedad civil que busca nuevos caminos, tal como se demostró en la Conferencia por la recuperación económica convocada por el Consejo Coordinador Empresarial.
Segundo, porque puso en el “radar” legislativo dos temas de gran relevancia: realizar una reforma constitucional para definir qué es “emergencia económica” y cómo debe declararse; tenemos el ejemplo de la emergencia sanitaria y del Consejo General de Salubridad.
Tercero, porque necesitamos revisar las obligaciones del Ejecutivo respecto al cumplimiento del Presupuesto. No es argumento decir que “antes” se cometieron todo tipo de excesos para justificar los propios.
El caso Brasil
Recordemos lo acontecido a Dilma Rousseff, quien fue destituida como presidenta de Brasil al considerarla responsable del “maquillaje” de las cuentas fiscales y por firmar decretos económicos sin la aprobación de su Congreso. Tal vez sea momento de voltear a ver el artículo 108 de la Constitución con una mirada también fiscal y hacendaria.
Como en Brasil, que en México se pueda procesar al president@ de la república cuando el Ejecutivo incumpla el presupuesto, gaste mal o en exceso. Al fin y al cabo, también es una forma de corrupción. Y contra ella, el presidente López Obrador encabeza la cruzada. ¿O no?—
