- Iniciativa de diputada del PT plantea castigos a proxenetas y prostituyentes
- Es violencia de género que contradice cualquier noción de que es un «trabajo»
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 30 de septiembre, 2024.- Abolir la prostitución en todas sus formas, para proteger los derechos de las personas en situación de prostitución y sancionar a quienes promuevan, faciliten o se beneficien de la trata de personas con fines de explotación sexual, así como penas carcelarias a proxenetas y prostituyentes, presentó en el Congreso local la diputada Adriana Salazar Rivas.
A menos de un mes de rendir protesta como diputada suplente, citó “sin puteros no hay ni prostitución ni trata de mujeres”, una de las frases del feminismo que plantea la erradicación de la esclavitud sexual que afecta, principalmente, a las mujeres y niñas, como sostiene en la exposición de motivos.
La integrante de la bancada del Partido del Trabajo considera entre las modificaciones legislativas acciones para favorecer a las víctimas y penas de prisión a quienes compren, arriende, acepten o adquieran servicios sexuales de dos a cinco años de cárcel y multas de cien a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, además de la obligatoriedad de asistir a programas de reeducación sobre igualdad de género y respeto a los derechos humanos.
Además de clausura inmediata a los centros de divertimiento que faciliten la explotación sexual, en tanto sus dueños o administradores serán sancionados con penas de prisión que irán de cinco a diez años, y multa de quinientos a quince mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente.
“Abolir la prostitución responde a la creciente conciencia sobre los derechos humanos, la dignidad de las personas y los problemas asociados a esta práctica que es una forma de explotación, violencia y desigualdad que afecta principalmente a las mujeres y los grupos en situaciones más vulnerables de la sociedad”.
La de Salazar Rivas es la primera iniciativa que se presenta desde una perspectiva abolicionista en México, corriente que ha tomado fuerza en diversos países del mundo y en ella sostiene que es una forma de explotación humana, donde una mayoría personas que se dedican a la prostitución lo hacen bajo coacción económica, social o incluso física.
“Muchas mujeres en situación de pobreza, sin acceso a la educación o a empleos dignos, se ven obligadas a vender sus cuerpos como último recurso para sobrevivir. En este sentido, la prostitución no es un acto de libertad, sino una manifestación extrema de la desigualdad económica y social”.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género del H. Congreso del Estado de Oaxaca, organismo que dirigió hasta el pasado 4 de septiembre cuando tomó protesta como legisladora, la pobreza es uno de los factores determinantes que lleva, principalmente, a mujeres y niñas, a caer en redes de prostitución.
La prostitución está vinculada a la trata de personas, una forma moderna de esclavitud en la que las víctimas son compradas y vendidas para el consumo sexual, que afecta en el mundo a millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, víctimas de trata con fines de explotación sexual cada año, por lo que la prostitución no puede separarse de las dinámicas de poder y explotación dominantes en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales.
Mientras las mujeres son cosificadas, es decir, son reducidas a meros objetos sexuales, son los hombres los compradores de sexo (prostituyentes), por lo que la prostitución se convierte en violencia de género, ya que se les expone a situaciones de abuso, agresión física, violación, maltrato psicológico y enfermedades de transmisión sexual, así como a violencia emocional y psicológica.
Condición que contradice cualquier noción de que la prostitución puede ser un «trabajo» como cualquier otro, plantea la argumentación que sostiene la urgencia de abolir la prostitución como una cuestión de derechos humanos, “ninguna persona debería ser comprada ni vendida, y ninguna sociedad que se considere justa y equitativa puede tolerar que ciertos sectores de su población sean explotados de esta manera”.
La iniciativa que se turnó a comisiones, sostiene por último que los argumentos a favor de la regulación de la prostitución, en lugar de su abolición, ignoran que la legalización o regularización no erradica las condiciones de explotación ni de violencia, sino que las institucionaliza y cita que países como Alemania o los Países Bajo que han optado por la legalización, han experimentado un aumento en la trata de personas y en las redes de explotación sexual, lo que demuestra que la regulación no es una solución.
El enfoque abolicionista reconoce que la prostitución no es una elección libre, sino una forma de coacción, y dirige la responsabilidad hacia quienes perpetúan esta explotación: los demandantes de servicios sexuales, a quienes en países como Suecia, los penaliza.
La iniciativa con proyecto de decreto adiciona la fracción XIII al Artículo 3, el 13 Bis y 13 Ter, y la fracción III al Artículo 50; así como reformas al Artículo 50; y se reforman la fracción XIX y el inciso D) de la fracción XXII del Artículo 4 de la Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Oaxaca.
SEM/sj
