*Coordinan acciones gobiernos federal y estatal para el cumplimiento de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
“Me dijeron mentirosa, sufrí mucho. Hago esto por mis hijos, mis padres, mis nietos que me van a ver. Escúchenme todos, las autoridades, aunque te digan que están de tu lado, no lo van a hacer”, Inés Fernández Ortega
Redacción
SemMéxico/Ceprovysa, Tlapa, Guerrero, 6 de agosto, 2025.- Con el objetivo de dar seguimiento y atención a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Otros vs. México, la titular de la Secretaría de la Mujer Guerrero, Violeta Pino Girón, participó en una reunión interinstitucional junto a representantes de dependencias del ámbito federal y estatal, en el municipio de Tlapa de Comonfort.
El día 30 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que, el Estado de México resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega, una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero.
En Guerrero, México, la situación de mujeres indígenas víctimas de violación sigue siendo un problema grave. A pesar de las recomendaciones de la CIDH, el cumplimiento por parte del Estado mexicano ha sido parcial e insuficiente en algunos casos.
La falta de acceso a la justicia, la impunidad y la revictimización son algunas de las problemáticas persistentes.
Hace 15 años de esta declaratoria, esta es una primera acción, con un ejercicio de diálogo entre las autoridades y el personal operativo de la Casa de los Saberes, se avanzó en la definición de rutas conjuntas de atención, con base en una postura clara de compromiso del Estado para garantizar la reparación integral del daño, en apego a los principios de verdad, justicia y no repetición.
En su intervención, la titular de la SEMUJER, destacó el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para coadyuvar con el cumplimiento de dicha sentencia, así como coordinar acciones de prevención de la violencia a las garantías individuales de las guerrerenses.
Agregó que se facilitarán los recursos para el buen funcionamiento del Centro Comunitario Guwá Kumá “Casa de los Saberes”, un espacio fundamental para el acompañamiento y promoción de los derechos de las mujeres y niñas indígenas, y se priorizará el pago de servicios de las y los profesionistas que brindan atención especializada.
Asistieron al encuentro la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres Federal, Ingrid Gómez Saracibar; la coordinadora para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Nancy Desiderio Noyola; el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Manuel Vázquez Quintero; el supervisor general IMSS-Bienestar, Humberto Nava Hernández; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Juan Carlos Castañón Arcos; así como representantes de la Secretaría de Salud; del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y personal del Centro Comunitario Guwá Kumá “Casa de los Saberes”.
Antecedentes
Inés Ortega tenía al momento de los hechos casi 25 años, estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos[.
Los hechos del caso se presentan en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la violó sexualmente mientras otros dos militares miraban. Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos. No obstante, éstos no tuvieron éxito.
Debido a estos terribles hechos, se presentó una denuncia el 24 de marzo de 2002 ante el Ministerio Público del Fuero Común. Inés Fernández tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos para tener acceso a la justicia y las investigaciones adelantadas estuvieron plagadas de omisiones y negligencias. Lo ocurrido a Inés se enmarca en un contexto de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, en contra de civiles, en especial de comunidades indígenas y movimientos organizados, en el marco de la política de lucha contrainsurgente y contra el narcotráfico emprendida por el Estado mexicano desde la década de los 90’s.
Debido a la impunidad en el caso, la señora Inés Fernández Ortega, la Organización de Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’paa (OPIT) y El Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» (en adelante Tlachinollan), el 14 de junio de 2004 presentaron una petición a la CIDH.
La Comisión rindió su informe de admisibilidad en el caso el 21 de octubre de 2006 y notificó la aprobación del informe. En dicho informe la Comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para la reparación integral de los derechos violados, otorgándole al Estado dos meses para ello. Posteriormente, la CIDH concedió una prórroga de tres meses al Estado para presentar el escrito de demanda. El Estado mexicano incumplió las recomendaciones, por lo que el 7 de mayo de 2009 la Comisión decidió someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
Debido a que el informe emitido por la CIDH nunca fue acatado por el Estado mexicano y por falta de avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones, se decidió elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, durante este tiempo, Inés, sus familiares, comunidades y abogados fueron amenazados reiteradamente para que desistieran de su demanda.
Finalmente encontramos que mediante sentencia del 30 de agosto de 2010, la Corte IDH declaró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de igual manera se encuentra responsable al Estado por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio, así como responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Fernández Ortega.
Con 10 años de retraso, después de que Inés agotó todas las instancias de justicia nacionales sin encontrar respuesta y optó por llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), finalmente el 6 de marzo de 2012 en Ayutla de los Libres, Guerrero, México, se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado mexicano para Inés Fernández Ortega.
En dicho evento el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió una disculpa pública a la dirigente mepha’a Inés Fernández Ortega, quien el 22 de marzo de 2002 fue violada por efectivos del Ejército Mexicano.
Recomendaciones parcialmente cumplidas:
- La CIDH ha emitido recomendaciones específicas para el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena guerrerense violada por elementos del ejército mexicano, así como para otros casos de violencia contra mujeres indígenas en la región.
- Se ha reconocido la responsabilidad del Estado mexicano en estas violaciones de derechos humanos y se han señalado la falta de investigaciones adecuadas y la impunidad.
- Las recomendaciones de la CIDH incluyen medidas de reparación integral, como garantizar el acceso a la justicia, la investigación exhaustiva de los hechos, la sanción a los responsables y medidas de no repetición.
Situación actual:
- Aunque se han realizado avances en la investigación y judicialización de algunos casos, la situación general de las mujeres indígenas víctimas de violencia en Guerrero sigue siendo preocupante, con altos niveles de impunidad y revictimización.
- La falta de acceso a servicios de salud, educación y justicia, así como la discriminación y el racismo, son factores que agravan la situación de las mujeres indígenas.
- La CIDH ha señalado la importancia de garantizar la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que afectan sus derechos, así como de proteger sus territorios y recursos naturales.
Desafíos y recomendaciones:
- Es necesario que el Estado mexicano cumpla con todas las recomendaciones de la CIDH, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y adoptando medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres indígenas.
- Es fundamental fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como promover la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
- Se requiere una perspectiva intercultural en las políticas públicas y en la implementación de acciones para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
- La sociedad civil juega un papel importante en la exigencia de justicia y en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
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