En línea punitiva a los 87 asesinatos de odio en 24 entidades, más castigos
Entidades de incomprensión a la diversidad sexual: Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México.
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 4 de enero, 2024.- Para combatir a una sociedad que no entiende la diversidad sexual, en el senado de la República, Olga Sánchez Cordero propone, insiste en el principio de que toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación.
Señala que urge la protección institucional que inhiban comportamientos que atenten contra su integridad, de personas libres sexualmente, aseguró la senadora morenista y ministra en retiro, presidenta de la Comisión de Justicia.
Lo dijo al tiempo de presentar una iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal, a fin de considerar los delitos de odio cuando se realizan dolosamente en contra de alguna persona. Más propuestas de punibilidad, no hay nada de prevención, cambio cultural o dinero para capacitación, que en 2024 se redujo a cero en el presupuesto. Esta es la iniciativa número 10 que propone definiciones de delitos y castigos, según la cuenta en SemMéxico.
El presupuesto 2024 carece nuevamente de perspectiva de género, reduce todos los programas previstos en el Anexo 13 y descobija los programas de prevención y atención a la violencia, salud sexual y reproductiva y derechos humanos. Fue inaudito el recorte del 19 por ciento al presupuesto para atender la tortura, como puede ser el feminicidio o “los crímenes de odio”..
La senadora de Morena, en la iniciativa, se extrañó, se reveló, pero no dio soluciones de fondo. Y en cambio dijo que resulta preocupante que, a pesar de todo lo hecho por visibilizar la violencia y comportamientos antisociales, caracterizados por el odio hacia las distintas expresiones de la sexualidad humana, en este país existe una alta tolerancia al riesgo que se vive sobre la integridad o la vida de las personas con motivo de su orientación sexual, identidad y condición femenina o situación de género.
Antes votó por ese presupuesto, que no atiende el problema de fondo.
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Sólo más penas
La propuesta, entre las decenas que duermen el sueño de los justos, fue enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda. Nuevamente establece que cuando se cometa un delito doloso en contra de alguna persona, motivado por su edad, género, preferencia o auto adscripción sexual, etnia, condición de discapacidad, religión o raza, será considerado un delito de odio y aumentará hasta en un tercio la pena establecida para este tipo de agresiones.
La reforma también plantea que aumentará la pena hasta en una mitad, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.
Entre 2019 y 2023, más de 97 discursos legislativos e iniciativas para definir, contravenir o pensar en más penas sobre la violencia, se han enviado a las comisiones, donde más de 200 iniciativas están archivadas. Hasta ahora las y los legisladores, no vigilan la política pública y cada año admiten un presupuesto limitativo a la política pública de la prevención.
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La nueva iniciativa establece que se considerará una violación de los deberes de humanidad, cuando se cometa un delito con el propósito de destruir, total o parcialmente, a uno o más grupos por su carácter racial, religioso o de la diversidad sexual.
La senadora de Morena afirmó que resulta preocupante que, a pesar de visibilizar la violencia y comportamientos antisociales, caracterizados por el odio hacia las distintas expresiones de la sexualidad humana, aún se aprecie una alta tolerancia al poner en riesgo la integridad o la vida de las personas con motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.
Señaló que, de acuerdo con la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, en nuestro país, en el año 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Afirmó que es necesario trabajar e impulsar una agenda legislativa contra los homicidios de personas pertenecientes a dicha comunidad, pues de los cuales se tiene registro en al menos 24 entidades federativas, donde destaca Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México.
En este sentido, indicó que el Estado mexicano tiene el compromiso de actuar en contra de todo tipo de discriminación, y en consonancia con el espíritu de respeto a la diversidad y la democracia.
