· Camelia Gaspar Martínez y Norma González Jiménez aspiran a tener un lugar en el Poder Judicial
· Debe la justicia tener las perspectivas feminista, intercultural e interseccional
Rocío Flores
SemMéxico/OaxacaMedia, 26 de mayo, 2025.- Ninguna de las dos aparece en el acordeón del gobernador, es decir, en la lista que personas del gobierno de Oaxaca y de otros poderes, reparten entre autoridades municipales con 35 nombres de aspirantes, mujeres y hombres, por quienes “se tiene que votar” sí o sí, como han contado anónimamente autoridades municipales.
Sin embargo, Camelia Gaspar Martínez y Norma González Jiménez -la primera aspirante a magistrada de la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la segunda candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito de Oaxaca- tienen, por separado, su propia historia que contar, su trabajo a favor de la justicia de las mujeres y pueblos indígenas y apuntan que la justicia debe tener al menos tres perspectivas presentes: la perspectiva feminista, la perspectiva intercultural e interseccional.
Camelia Gaspar por un sistema más justo y representativo
Impulsada por la realidad de su comunidad Santo Tomás Quierí, una pequeña agencia de San Carlos Yautepec, en la sierra sur de Oaxaca, y con el deseo de saber cómo funcionaban las figuras del Estado y cómo abonar para que no persista la injusticia social en pueblos y comunidades como el de ella, Camelia Gaspar Martínez decidió trabajar desde muy joven por la reivindicación de la identidad y ante las desigualdades sociales.
Comenzó su carrera acompañando casos de mujeres indígenas, quienes buscando la justicia se encontraron con un sistema que no les garantiza que lo que ellas dicen, sea puesto en los expedientes. “Ahí comencé a ver dificultades para el acceso a la justicia, es un sistema alejado de la realidad”.
La abogada zapoteca subraya la necesidad de impulsar desde una magistratura electoral, un sistema de justicia accesible, incluyente, con perspectiva de género y respetuoso de la diversidad cultural del país.
De 38 años, Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, exconsejera académica y electoral y ahora candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explica que esta disociación entre el sistema jurídico mexicano olvidó también a comunidades en el país que históricamente han tenido escasos servicios básicos y en cambio muchos conflictos agrarios y políticos.
Convencida de la inequidad y la desigualdad en el sistema de justicia con respecto a estos pueblos de sistemas normativos, la abogada asegura que es un asunto pendiente, el que sean considerados, mirados e incluidos, dice que en el fondo todo eso es un tema de justicia social que no está resuelto.
Rumbo a un nuevo proceso de elección
El proceso de reforma y campaña rumbo a las elecciones del Poder Judicial, “han sido como una ‘sacudida’ y mostró que en la generalidad del pueblo no hay justicia. A la gente no le importa si es el Ministerio Público el que no hizo bien su trabajo o es el agente de investigaciones o el juez de primera o segunda instancia, la gente percibe que no hay justicia, o bien que está alejada de la ciudadanía”.
Por eso, asegura, estamos ante un nuevo escenario. “La reforma plantea el cambio de estructura, es decir el cambio de personas dentro del sistema. “Estamos ante la posibilidad de que la gente vote por las mismas personas de siempre o no”, comenta a menos de un mes de la elección.
Por un modelo judicial representativo y más justo
Antes, explica, quienes elegían a los jueces eran los mismos magistrados; quiénes elegían a los magistrados eran los diputados de los congresos locales, a nivel federal; el Senado elegía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una propuesta del Ejecutivo. “Es decir era toda una élite política”.
Ahora, dice, si bien, hay unos comités del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, es necesario destacar que algunas personas que se adscribieron a los indígenas llegaron sin ninguna acción afirmativa formal.
La abogada destaca que no existe un piso parejo y es necesario revisar algunas reglas para que realmente haya equidad, igualdad y que las personas participantes puedan efectivamente desarrollar una campaña amplia e intensa. “Ahora estamos ante la posibilidad de nuevas magistraturas que pueden ser un paso hacia un modelo judicial más justo y representativo”.
“Uno de los motivos por los que me inscribí es porque para las mujeres indígenas nada ha sido fácil, en general para las mujeres, porque hemos tenido pocas oportunidades de acceder a este tipo de puestos, es un poder judicial muy elitista, en el que tenías que tener ciertas condiciones para estar incluso como meritoria en un juzgado; por el tema de género, arriba del 70 por ciento de juzgadores, magistrados y ministros eran hombres. Por eso creo que es una oportunidad”, dice Camelia Gaspar quien no cuenta con un respaldo político ni económico, no es hija de un magistrado magistrada ni tiene padrino o madrina política.
Norma González Jiménez, es hora de romper la violencia estructural
Es hora de romper la violencia simbólica y estructural, queremos mujeres indígenas en el Poder Judicial de la Federación, afirma la abogada y defensora pública federal, Norma González Jiménez, quien contiende en este proceso de renovación en el sistema de justicia para ser magistrada de circuito en materia mixta.
Con más de 17 años en la defensa pública federal, hablante de lengua mixteca ha resuelto decenas de casos con una perspectiva intercultural, interseccional y de género, tres factores que de acuerdo con especialistas son indispensables para ocupar el cargo en el Poder Judicial de la Federación.
En su trayectoria profesional González Jiménez ha observado que uno de los principios más violados en el sistema de justicia es el de la interculturalidad. “Es un principio y también es un derecho de las comunidades y las personas indígenas. Por eso se requiere que las abogadas y abogados vengamos y representemos también esa diversidad en la judicatura”, afirma.
Como defensora pública federal advierte que dentro del sistema de justicia hay una forma muy mecánica de ver los asuntos, a veces ni los abogados, sean defensores públicos o privados, ni los jueces se interesan en conocer el contexto de las personas porque eso representa un esfuerzo.
Sin embargo, considera que es necesario ahondar sobre la especificidad cultural. “Como profesionistas quizá se requiere peritos, ir a la comunidad, conocer y entrevistar personas y a la autoridad, ir a los archivos de la autoridad y ver algunas actas de asamblea, algunas minutas que tengan para explicar tu caso y la abogacía muy poco se interesan por hacer una defensa con esa perspectiva intercultural o de género.
La experta en derecho indígena explica que quizá las defensorías no son tan exhaustivas por la carga laboral y es por eso que llegan a sentenciar a personas indígenas en los que no se pudieron defender ni consideraron estas perspectivas.
Se requiere sensibilidad, esta perspectiva está en pañales y tal parece que a la justicia le es cómodo no tomarlas en cuenta y sentenciar fríamente.
Se criminaliza a los más pobres
La candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito de Oaxaca asegura que la justicia es un sistema en el que desde la detención de una persona se le criminaliza, en específico a quienes no pueden llegar a un acuerdo con la policía: a los más pobres, a los más débiles.
González Jiménez menciona que, para inflar las estadísticas, las policías van a las comunidades y al primero que ven, un campesino regresando a su casa con su arma de fuego, y aunque está en lo permitido, lo detienen, pero porque hay una necesidad, porque las detenciones están enfocadas en números, no en combatir la delincuencia.
Las detenciones de mujeres son aún más graves, explica, porque muchas veces lo que hacen las policías es destruir alguna evidencia que les pueda favorecer en el juicio, como en el caso de Carmen, una mujer indígena monolingüe que fue detenida en un viaje a la ciudad de Oaxaca. Ella iba a cobrar un apoyo para el campo y la detuvieron en el vehículo en que viajaba, le destruyen sus documentos y la hacen ver casi como la jefa de una banda delictiva. Porque el chofer del vehículo en el que viajaba es quien le da el arma, se la pone y le dice, “tú eres mujer, a ti no te van a detener”.
A través de una perspectiva diferenciada, la abogada logró que Carmen no pisará Tanivet, pero otras mujeres viven en reclusión y al liberarlas no logran insertarse a una comunidad, ya sufren un estigma, regresan a ser una especie de fantasma, una persona indigna y eso hace que eh se destierren de la comunidad y van a dar a las periferias de una ciudad donde se reproduce, otra vez, la desigualdad, con trabajos de poca paga, de carencia de poder, marginación, violencia. “El sistema de justicia no se está aplicando para esta población”
Un pacto por la justicia intercultural y con visión de género
Norma asumió un pacto al inicio de su campaña, que reafirma hoy, a menos de una semana de la elección en el país. “Es un compromiso con la sociedad, y con las mujeres: “nos comprometimos (ella y otras candidatas) a ser sororas en la justicia y que no se permita que una persona agresora ocupe espacios de justicia donde se tiene que ser muy sensible y pugnar por los derechos de las mujeres”, indica.
Después de más de 60 días de campaña recorriendo distintas comunidades de las regiones del estado, escuchando y compartiendo con la población, la abogada reafirma que es necesario el trabajo de las mujeres indígenas en el Poder Judicial, personas preparadas y conscientes, comprometidas con las causas justas y el bienestar del pueblo.
“Yo vengo del pueblo, estudié en la universidad del pueblo y estoy sirviendo al pueblo. Sé de lo que hablo. He trabajado 17 años en asuntos de personas más vulnerables. Creo en mi trabajo. Mi sueño es tener una justicia en la que a través de un Tribunal Colegiado de Apelación se pueda instruir a los jueces para que ahonden sobre la perspectiva de género, la interseccionalidad y de preferencia que hablen las lenguas de las personas. Es la justicia la que se debe adaptar a la persona y no la persona a la justicia”, sostiene la candidata a magistrada.
