- Crear protocolos basados en la legislación nacional e internacional
- Se discute en Coloquio de la Red Nacional para la Consolidación del Estado de Derecho y el Sistema de Justicia Penal de la ANUIES
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de diciembre, 2024.- La creación de un Tribunal Universitario que juzgue y sancione de inmediato, más allá de lo administrativo, la violencia contra las universitarias y se aborden públicamente los casos de hostigamiento sexual se propuso en el Coloquio Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior.
Convocado por la Red Nacional para la Consolidación del Estado de Derecho y el Sistema de Justicia Penal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las y los panelistas abordaron los retos para la erradicación de la violencia en los espacios universitarios al compartir las experiencias del Centro Universitario de Texcoco, la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma Metropolitana, a dos años del paro feminista por violencia de género.
En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, Rebeca Teja Gutiérrez del Centro Universitario Texcoco explicó la propuesta del doctor Jesús Limberg Romo de un Tribunal Universitario que actúe de inmediato y que vaya más allá de las sanciones administrativas que requeriría docentes capacitados en perspectiva de género y que tome en cuenta las legislaciones y convenios internacionales en la materia.
La especialista señaló que aun cuando existe un protocolo en la Universidad Autónoma del Estado de México, los casos no se resuelven, pueden pasar dos, cuatro y hasta seis meses y los agresores carecen de sanciones.
A su vez, María del Rosario Molina González de la Universidad de Sonora (UNISON), apuntó que los protocolos de género son perfectibles, aunque en su opinión deberían de ser Cero Tolerancia para la violencia contra las mujeres, ya que se necesitan universidades libres de violencia y para ello debe de haber coordinación interinstitucional y que la comunicación fluya de manera efectiva.
Destacó que la UNISON es una de las 11 universidades con una mujer como rectora, y que de acuerdo con la Ley Orgánica existe un andamiaje institucional y se sigue el modelo ANUIES que propone gratuidad, los derechos de las personas involucradas, derecho al acompañamiento y se respete la presunción de inocencia y procesos administrativos.
También explicó que la atención es diferenciada tanto por la situación de la víctima y las sanciones tienen diferentes procedimientos si es alumno, docente o trabajador.
Para Iris Rocío Santillán Ramírez de la UAM Azcapotzalco, autora de libros sobre violencia de género, los espacios universitarios son propicios para el ejercicio de la violencia, contó el caso de una alumna sucedido en 2012, abusada por uno de sus profesores al que admiraba, pero que no lo denunció, el mismo propagaba que era intocable y era cierto, el maestro se jubiló con total impunidad.
Agregó dos momentos para la UAM, el primero de 2012, que mereció la Recomendación de la (CNDH) 02/2020 dirigida al Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñaloza Castro, por violaciones al derecho humano a una vida libre de violencia en contra de una estudiante y trabajadora de la Defensoría de los Derechos Universitarios, quien fue víctima de violencia institucional, física y psicológica en dicho plantel, por parte de su pareja.
La agraviada denunció ante el titular de la Defensoría de Derechos Universitarios y el rector General y presidente del Colegio Académico de la UAM, la situación de violencia por parte de su jefe, así como de un ambiente hostil que enfrentaba en su área de trabajo; sin embargo, las autoridades de la Universidad dieron por concluido el caso con la renuncia del titular de la Defensoría UAM, sin realizar ninguna medida precautoria para proteger a la peticionaria, ni ampliar la investigación, ni garantizar la no repetición de violencia de género en dicha Defensoría. No se tenían protocolos claros y efectivos.
El segundo momento fue el paro feminista que por dos meses se realizó en 2023, porque la institución omitió la denuncia de la estudiante “K” de violación sexual por su pareja, también estudiante, que aunque admitió la culpa, no recibió sanción porque la Comisión de Faltas no prevé la violación sexual. Fueron dos meses de negociaciones en cada una de las unidades.
A casi dos años, las autoridades crearon mecanismos para dejar de ser omisos, y aunque todavía se crearon instancias relacionadas a atender casos de violencia contra las mujeres y de la diversidad sexual, en Iztapalapa, en Xochimilco, en Lerma, y Cuajimalpa, las funciones no están homologadas y en cada una se crearon protocolos.
Estas oficinas tienen un titular y dos expertas sin embargo considera que todavía hay criterios machistas, se limita la contratación de las expertas a dos años, los cuales pueden ser prorrogables otros dos. La experiencia se pierde y las autoridades y docentes los ven como enemigos.
También criticó las sanciones que van de uno a dos trimestres hasta la expulsión, ya que considera que las medidas punitivas exacerban la violencia. “La violencia es violencia”, pero debe graduarse el violentador, ya que no es lo mismo un insulto a una violación. Por lo que preguntó ¿cómo deconstruir la misoginia?
Arturo Sotelo Gutiérrez, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, señaló que cada una de las cinco unidades tiene una desconcentración administrativa, por lo que es un reto la armonización de los protocolos y sostuvo que más que homologación se tendría que hablar de una especie de ajuste de normas.
Sin embargo, planteó que es importante considerar todas las legislaciones desde la Ley de Educación, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales de la CEDAW y Belén Do Pará.
El coloquio, vía una plataforma virtual, fue moderado por Yunilitzin R.Pedraza, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.
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