- Aumenta el riesgo que no respeten los derechos humanos
- Podrían manipular la evidencia en casos donde esté implicada la GN
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 20 de junio, 2025.- Luego de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa de la presidenta Claudia Sheimbaun de una ley de la Guardia Nacional, Amnistía Internacional México expresó su “profunda preocupación ante la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones y rechaza la militarización.
En sus redes sociales, el organismo internacional postea en su cuenta de X que la iniciativa aumenta el riesgo de que personal de la Guardia Nacional manipule evidencia en casos donde esté implicado. También facilita la impunidad en violaciones a derechos humanos.
Un tercer punto que señala Amnistía Internacional es que “aumenta el riesgo de que el personal de la #GuardiaNacional no respete ni garantice los derechos humanos de la población civil, ya que profundiza su enfoque militar”.
Advierten, de acuerdo con su informe, Cambiando el Paradigma, sobre los riesgos de la militarización en el país, entre ellos, violaciones graves a derechos humanos, falta de investigaciones imparciales e impunidad.
Por ello, Amnistía Internacional llama “urgentemente” al Congreso de la Unión a rechazar dicha iniciativa y señalan que la militarización no es la solución y sí lo es la seguridad.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia aprobó en lo general y en lo particular, con 22 votos a favor de diputadas y diputados de Morena, PVEM y PT, siete en contra del PAN y PRI, y dos abstenciones de MC, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de la Guardia Nacional y abroga la norma vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
El documento que deriva de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales.
Se reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Forma parte de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno que deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil, fundada en el servicio de la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley.
Esta iniciativa comprende la modificación de seis leyes y dos códigos vigentes. Sus funciones son de carácter eminentemente civil para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y aprobada por el Senado de la República; es decir, obedece una estrategia y mando de carácter civil encabezado por la presidenta de la República.
Contempla también que los mandos superiores operativos de la Guardia Nacional recaerán en las personas titulares de la Comandancia de las Coordinaciones Territoriales y Estatales, así como las unidades circunstanciales de manera similar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales serán designados por la persona titular del Ejecutivo Federal.
Establece que los fines de dicho acuerdo policial son salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, preservar las libertades, generar y preservar el orden público y la paz social, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.
SEM/sj
