- Gobierno de Oaxaca canaliza esfuerzos para desacreditar a los jóvenes desaparecidos en esta entidad
- Lo mismo ocurrió hace unos meses con la todavía desaparecida defensora Sandra Domínguez
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, 16 de enero, 2025.- Joaquín Galván, defensor de derechos humanos en la entidad rechazó la criminalización de víctimas de desaparición forzada en esta entidad, porque atenta contra la dignidad humana de las personas desaparecidas, restándoles su calidad de víctima, criminalizándolas para que de esa forma se reduzca la presión social contra las instituciones.
Así lo expresó en un comunicado en el que señalan que las autoridades responsables de dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada no solo deben abstenerse de criminalizar a las víctimas, sino que jurídicamente “está prohibido que los funcionarios públicos emitan declaraciones criminalizantes que responsabilice a las víctimas de su propia desaparición”.
Esto a raíz de las expresiones emitidas tras la desaparición de 14 jóvenes oaxaqueños en la costa de Oaxaca, por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, quien aseguró que las víctimas contaban con antecedentes penales o que el caso está vinculado con «temas de drogas».
Joaquín Galván, en un comunicado se refiere también a la desaparición de la defensora Sandra Domínguez Martínez, desaparecida desde el 4 de octubre y quien, durante los últimos tres años de su labor como defensora de derechos humanos y abogada, denunció a funcionarios y operadores políticos de distintos partidos por su participación en grupos virtuales de acoso y violencia contra mujeres indígenas.
Ante su desaparición y la indignación social, la postura institucional de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca a través de su titular Jesús Romero López y el Gobierno estatal fue la de canalizar todos sus esfuerzos mediáticos en restar la calidad de víctima de la defensora arguyendo como responsable de su desaparición a su pareja (también desaparecido) por vínculos con grupos delictivos.
Galván, quien también es abogado, apunta que para atender la Desaparición Forzada existen distintos marcos jurídicos que deben acatarse y que están siendo violados flagrantemente como lo es la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas en su artículo 5 donde se expresa: Las autoridades no deben agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como responsable de los hechos que denuncie, ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva, a estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deben evitarse».
La irresponsabilidad o la abierta intencionalidad dolosa de los funcionarios del gobierno de Oaxaca al realizar declaraciones de especulación, estigmatización o criminalización contra las víctimas de desaparición forzada no solo debe condenarse, sino investigarse.
Lo anterior, puntualizó, porque establece narrativas que pueden desvirtuar el acceso a la verdad, encubriendo la negligencia o inoperancia de las instituciones ante la desaparición forzada o protegiendo directamente a figuras de poder involucradas y sobre todo poniendo en riesgo a las familias de las los desaparecidos, atentando contra uno de los derechos elementales de las víctimas: el derecho a ser buscado.
SEM/sj
