* Argumenta imposición de funcionarios que desconocen de la Hacienda Pública.
* Cierre de estancias infantiles, triple golpe a las mujeres.
* Sin claridad sobre el Programa de Igualdad tras desaparición de Proequidad.
Sara Lovera y Soledad Jarquín
SemMéxico, Cd. de México, 9 julio 2019.- A siete meses del inicio del actual gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, a las 11:15, Carlos Manuel Urzúa Macías renunció a su cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público, sería el segundo del gabinete en retirarse del encargo asignado en diciembre pasado.
El gobierno de López Obrador suma, además, otras cinco renuncias importantes más, entre ellos, el del titular del IMSS, German Martínez Cázares; la directora de Estancias Infantiles, Clara Torres Armendáriz, y Simón Levy-Dabbah, subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.
El ahora ex titular de Hacienda y Crédito Público publicó en su twitter su renuncia, en la que señala:
“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco.
“Aunado a ello, me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con aparente conflicto de interés”.
Así, en cuatro párrafos, Urzúa Macías deja el cargo, tras agradecer la oportunidad. Una hora después el gobierno federal anunció el relevo en el cargo al nombrar a Arturo Herrera Gutiérrez, quien hasta este mismo día se desempeñaba como Subsecretario de Hacienda.
Hacienda ¿Y las mujeres qué?
Durante estos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la política presupuestaria no ha favorecido a las mujeres, los ejemplos más claros han sido la cancelación del presupuesto para las estancias infantiles y la otra, la dilación y no entrega completa de los recursos para refugios para salvaguardar la vida de mujeres que sufren violencia.
Con el cierre de estancias infantiles se dio a las mujeres un golpe triple: por un lado las trabajadoras no tienen dónde dejar a sus hijos lo que impide su desarrollo pleno en el ámbito laboral y tendrían que decidir entre lo familiar y lo profesional; por el otro, el despido de miles de mujeres que laboraban en las estancias infantiles de todo el país y finalmente deja a la deriva la educación infantil en los primeros años vitales para el desarrollo de las niñas y niños, como han señalado las expertas.
Todas estas acciones, además, son contrarias a las políticas públicas que en esta materia han puesto en práctica en los países desarrollados y con una amplia perspectiva de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
Como consecuencia, el gobierno federal ha perdido más de cien demandas interpuesta ante los tribunales por el cierre de estas estancias infantiles.
Por el otro lado, apenas la semana pasada y luego de una serie de conversaciones, la Red Nacional de Refugios anunció que el 4 de julio se inició la transferencia de recursos de la primera ministración del presupuesto a 45 refugios y 24 centros de atención externa, mismo que estaba programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y que se pretendía entregar por parte de las autoridades federales.
Sin embargo, como informaron las Redes de Refugios Intercultural y Autónomos, a pesar de haber participado en la convocatoria para ser beneficiadas con el presupuesto establecido en el Anexo 13, Ramo 12, “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”, estos recursos no fueron ministrados al resto de los 72 refugios que hay en el país.
Desde el comienzo de la administración hubo resistencia para los presupuestos para la igualdad; las diputadas rescataron parte de ese presupuesto, pero no se entregaron 90 millones para Proequidad; hubo recortes al programa de violencia, en el Paimef y se prohibió dar recursos a las organizaciones civiles, lo que dejó sin apoyos a grupos de mujeres feministas. Está pendiente un programa de emergencia para la violencia. Desaparecieron los recursos para cánceres femeninos.
Los “recortes” al personal de la administración pública afectaron a mayoría de trabajadoras y se hicieron recortes del personal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Y todos los tuvo que aplicar la Secretaría de Hacienda, como en otros muchos proyectos de diversas instituciones y secretarías. Como los recortes a Inegi que ponen en riesgo encuestas de salud reproductiva y de condiciones de violencia en los hogares.
