REPARE rechaza y condena manifestaciones de violencia de género en medios de comunicación y redes sociales contra mujeres chiapanecas

Exigen intervención de las autoridades electorales por la invasión a la privacidad de diputadas

Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de enero, 2026. La Red de Paridad Efectiva (REPARE) y  la sección juvenil de 50+1 denunciaron que en Chiapas, redes sociales y notas periodísticas han incurrido en violencia de género al publicar informaciones   e imágenes íntimas de dos diputadas locales y exigen que las autoridades intervengan, investiguen y sancionen como lo establece la ley sobre violencia política contra las mujeres.

Repare  en un comunicado  manifestó “su enérgico rechazo y condena ante expresiones de descalificación y violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) dirigidas desde medios de comunicación y redes sociales, contra mujeres que ejercen cargos públicos” y afirman que esto es más grave  cuando el señalamiento se desplaza del análisis del desempeño institucional hacia el ámbito de la vida personal.

Aquí algunos  razonamientos textuales: 

 Nos referimos a las publicaciones en redes sociales que circularon el pasado domingo 25 de enero, contra dos diputadas de la LXIX Legislatura de Chiapas, en las que el uso de información de su vida personal derivó en comentarios negativos y agresivos. 

Queremos dejar claro que con estos hechos se ha incurrido de manera directa en VPMRG. Si bien el escrutinio público constituye un elemento esencial de la rendición de cuentas en un régimen democrático, las prácticas discursivas diferenciadas por razón de género —incluidos ataques personales, exhibición de la vida privada y estigmatización— exceden el debate legítimo y reproducen patrones estructurales de exclusión de las mujeres del espacio público, mismos que deben ser evidenciados, detenidos y castigados conforme a las leyes vigentes. 

En México y en Chiapas contamos con un marco jurídico que condena la violencia política contra las mujeres en razón de género y entre estos encontramos: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 20 Bis la define como “cualquier acción u omisión, basada en elementos de género, que limite, anule o menoscabe los derechos político-electorales de las mujeres, así como el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones.

 Puede ser perpetrada por agentes estatales, superiores, compañeros, medios de comunicación o particulares” La Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia en Chiapas, en su Artículo 50, fracción VI, tipifica la violencia en los medios de comunicación (digital, audiovisual, electrónica, entre otros) dirigida a mujeres en funciones políticas. El Artículo 343 bis del Código Penal del Estado de Chiapas  establece que comete delito contra la privacidad sexual quien difunda imágenes, audios o videos sobre la intimidad corporal sin consentimiento.

 La sanción es de 4 a 6 años de prisión, con agravantes si el delito es cometido por servidores públicos o actores políticos. Como Red, omitimos los detalles específicos de los casos para no hacer alegoría de la violencia ni perpetuar la revictimización de las legisladoras. 

Sin embargo, señalamos que el uso de lenguaje inadecuado y la difusión de imágenes (fotografías o caricaturas) sobre la vida privada, perpetúa la violencia simbólica.

 Sostenemos que, si bien «lo personal es político», la transición de lo privado a lo público de forma malintencionada con el fin de atacar la integridad de una representante popular es un acto sancionable. 

La vida personal no debe ser objeto de cuestionamientos que violenten la dignidad humana ni el desempeño de un cargo de elección. 

En congruencia con su objeto institucional, orientado a la promoción y defensa de los derechos políticoelectorales de las mujeres y la consolidación de la paridad, REPARE se pronuncia en contra de estas dinámicas que inciden negativamente en el ejercicio efectivo de dichos derechos, ya que la normalización de estas prácticas representa un riesgo para la participación política de las mujeres y para el fortalecimiento de la democracia paritaria.

 Exigimos actuación de las instituciones electorales, para sancionar, conforme a derecho. Exigimos a los medios de comunicación, a periodistas, columnistas, comunicadoras, youtubers, comentaristas, a conducirse en el marco de la ley y desde principios de igualdad sustantiva, no violencia y compromiso ético. Exigimos a la sociedad a pronunciarse en contra de la normalización de las violencias contra las mujeres. ¡Por una representación femenina en paridad efectiva y sin violencia!