Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 20 de julio, 2024.- Las disposiciones legales sobre la Violencia Política en Razón de Género requieren de una profunda reforma porque las mujeres siguen enfrentando violencia simbólica y mediática para acciones para desacreditarlas durante las elecciones.
Esta situación la ha documentado el Instituto Nacional Electoral (INE) y las Universidades, y no hay sanciones como la anulación de una elección, como vimos en el reciente proceso, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indica que una de las candidatas a la Presidencia fue violentada desde la Máxima tribuna de este país y no pasa nada, sólo se menciona.
La doctora Georgina Cárdenas Acosta, académica e investigadora, indica que deberíamos reflexionar que tanto afecta la equidad electoral este tipo de violencia que va dirigida en particular a una candidata. Agrega que son las legisladoras, las que van a llegar, las que tienen que abordar el tema porque ellas son las más afectadas.
También apuesta por una actualización de la norma para lo que será indispensable involucrar ar a los medios de comunicación, ya que la violencia política se trasladó a los medios digitales, como se dio el caso en las elecciones de Hidalgo, la candidata Carolina Viggiano fue la más agredida en medios de comunicación y Twitter.
También señalo que la 3 de 3 y los lineamientos del INE de 8 de 8 supuestos de la Violencia Política en Razón de Género lo que generó, sólo más expectativas, en cambio lo que se requiere es un cambio cultural.
La responsable de la política de género en la ENEP Aragón, mencionó un caso de un deudor alimentario que pago al último minuto la pensión alimentaria para poder registrarse, aunque si lo detectaron, denunció: “ no lo registraron. Vamos avanzando a pasitos de hormiga”.
En la conferencia “Violencia política contra las mujeres en razón de género durante los procesos electorales” dentro del Ciclo “Del derecho del voto al ejercicio del poder”, organizado por el Museo de la Mujer, Cárdenas Acosta refiere que desde hace cuatro años de establecida la normativa sobre la violencia política contra las mujeres, en el 2020 no se le ha hecho ninguna modificación.
Requiere una actualización porque la violencia electoral se ha trasladado al ámbito digital, además que aborda la violencia sólo en los procesos electorales y no considera la participación política de las mujeres en otros ámbitos como las de defensoría de derechos humanos, la participación sindical, las consejeras, etcétera.
Hay que ir más allá de los informes del INE y de las universidades, y tomar acciones que de verdad sancionen a los violentadores, expresa.
La doctora en Antropología Social y Maestra en Estudios de Género en el Colegio de México hizo un recuento de los seguimiento de violencia política en los procesos electorales.
Señaló que en un seguimiento en el que participó del proceso electoral 2017-2018 se concluyó: “el camino para la democratización de la vida social y política transcurre en un entorno complejo de violencia, siempre presente como posibilidad, representa más que nunca un duro reto para el desenvolvimiento de la vida ciudadana y política y su expresión, en los procesos electorales”.
En ese entonces -indica- si bien la violencia política no estaba en la ley si había una serie de acciones por la progresividad de los derechos humanos y porque México había firmado tratados internacionales que lo abordaban. Concluyeron que: “Frente a la ausencia de acciones que sancionen eficientemente la violencia política, los casos se incrementan y se enmarcan en una espiral de violencia que se comenzó a vivir a lo largo y ancho del país a partir de 2006. Porque como bien lo señalará la diputada Diva Gastelum, al no haber garantía para los candidatos hay un grave problema para la vida democrática del país”.
Lo que se decía en ese entonces, sigue vigente aun cuando en la Ley ya lo tenemos establecido.
Los Informes del INE son recuentos de daños
Refirió que en el “Estudio de Interseccionalidad con perspectiva de género en la cobertura de los medios en el proceso electoral 2017-2018” del INE se detectó que las personas enfrentan diversas violencias, como el asistencialismo basado en estereotipos, se proporciona asistencia económica a personas mayores y discapacitados con lo que perpetúan la idea de que estas comunidades son incapaces de valerse por sí mismas. La negación de derechos a personas de la diversidad sexual con argumentos religiosos o pretendidamente democráticos y presentan a esta comunidad como agitadores o exóticos.
Existe una invisibilización y exclusión, en el discurso político, además no se incluye a las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad.
En el proceso electoral 2020 -2021 hubo personas que quisieron usurpar acciones afirmativas como los muxes, es un término zapoteca que identifica a hombres que asume roles femeninos, o de la diversidad sexual, destaca que esto lo vimos también en este último proceso electoral.
Destacó que a través de los informes y seguimiento a redes sociales y medios de comunicación que tiene el INE se ve cada vez más una mayor participación política de las mujeres, pero también hay una violencia muy dirigida a determinadas candidatas con violencia simbólica, mediática, con comentarios sexistas, y ataques a la integridad.
Como las candidatas están ocupadas en el proceso de campaña no tienen tiempo para impugnar los ataques, pero realmente este tipo de agresión si afecta la percepción pública de las candidatas.
Esta presente el caso de Ilialtenco en Guerrero de la presidenta municipal pintaron mensajes denostándola pero lo que en verdad influyo fue una cuestión de porcentajes en el primer y segundo lugar en la elección lo que llevo a la nulidad del proceso electoral.
Mencionó que los informes del INE son como un recuento de los daños. En “Claroscuros de Género 2022”, proceso electoral local 2021-2022 y “Techos de Diamante en el proceso electoral local 2022-2023”, la participación política de las mujeres fue ampliamente documentada y debatida en los medios de comunicación y redes sociales no se encontraron reclamos o cuestionamientos significativos sobre la participación de las mujeres como candidatas.
Para los Procesos Electorales Locales 2021-2022 hubo el mismo número de mujeres y hombres contendiendo para ocupar una gubernatura, lo que contribuyó a una cobertura mediática más equilibrada.
Registran mayor agresión a mujeres en candidatas en específico como el caso de Carolina Viggiano candidata de la Coalición va por Hidalgo, fue la más agredida durante el proceso electoral tanto en medios de comunicación convencionales como en Twitter.
Las candidatas fueron frecuentemente víctimas de violencia simbólica, con señalamientos de subordinación hacia figuras masculinas, y violencia verbal incluyendo insultos y difamaciones.
La violencia política en redes sociales se manifestó en forma de difamación y acoso sexual, buscando desacreditar a las mujeres y desmotivarlas de participar activamente en la política.
Las mujeres participan en menor medida que los hombres en la conversación pública durante las campañas electorales. El sentimiento negativo prevalece en las menciones hacia las candidatas afectando su percepción pública.
La Secretaría del Comité de Género y jefa de la Carrera de Sociología de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM expuso como la violencia política contra las mujeres es un obstáculo significativo que impide el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales.
Según la Unión Interparlamentaria, un 82 % de las mujeres parlamentarias han experimentado violencia psicológica y un 44% han recibido amenazas de muerte., violación, palizas o secuestros.
América Latina ha liderado en la creación de marcos jurídicos para combatir la violencia política de género, destacando la Convención de Belem Do Pará (1994) y la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (2017) Países como Argentina, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay reconocen legalmente la violencia política de género.
