Se fortalece la ILE en San Luis Potosí, a un año de la despenalización del aborto 

Congreso amplía excluyentes que antes criminalizaban el aborto

Evitar que se nieguen los servicios médicos, tomar en cuenta la pobreza y otros contextos para este derecho de todas las mujeres

Elda Montiel 

SemMéxico,  Cd. de México, 10 de diciembre, 2025.- A un año, las organizaciones que impulsaron la despenalización del aborto en San Luis Potosí, lograron este 2 de diciembre de 2025, que el Congreso de San Luis Potosí modificará el artículo 150 del Código Penal que amplía las causales, que la redacción anterior no contemplaba, cómo la violación, la inseminación indebida, el estupro y la implantación de un ovulo sin consentimiento que también pueden derivar en embarazo no deseado. 

Así como la negación de servicios médicos dentro del plazo legal, situaciones de pobreza extrema y malformaciones del feto.

La iniciativa fue impulsada por la organización colectiva feminista «Interrupción Legal del Embarazo (ILE)» y la colectiva «Nueva Luna», al igual que impulsaron la despenalización de la ILE en 2024.

El 7 de noviembre de 2024 San Luis Potosí se convirtió en el Estado 16 en despenalizar la Interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, al aprobar los legisladores la modificación de los artículos 148 fracciones I y II, artículo 149 y 150 fracción III del Código Penal estatal, que contemplaba sanciones para quienes interrumpieran su embarazo voluntariamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

En la presentación del Dictamen la presidenta de la Comisión Primera de Justicia, diputada María Leticia Vázquez Hernández explicó que con la reforma son excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto, cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer o persona gestante; cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación, estupro, inseminación artificial indebida o implantación indebida de un óvulo fecundado, independientemente de que exista, o no, denuncia o causa penal sobre dichos delitos previo al aborto.

Añadió que además cuando se acredite por cualquier medio que una autoridad o institución pública de salud o su personal, haya negado previamente o prorrogado la interrupción del embarazo dentro del plazo de las doce semanas de embarazo; cuando la mujer gestante se encuentre en una situación económica de pobreza extrema, y cuando a juicio del médico o la médica que la asista, de no interrumpirse el embarazo, la mujer gestante, se encuentre en peligro de muerte o en riesgo de una afectación grave a su salud, y cuando a juicio de un médico o médica especialista exista razón suficiente para diagnosticar que el producto del embarazo presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer gestante.

Las colectivas «ILE» y «Nueva Luna» celebraron el avance legislativa en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con posibilidad de gestar en San Luis Potosí, lo cual consideran como «una de las legislaciones más fortalecidas a nivel nacional en materia de interrupción legal del embarazo”.

Marcela García Vázquez presidenta y fundadora de «Nueva Luna» lamentó los cuatro votos panistas y uno priista en contra de la reforma aprobada pues aseguró «van en contra de los derechos humanos de las mujeres, son partidos y son diputados y diputadas que no están poniendo en el centro de la política pública el interés por la salud de las mujeres potosinas, están legislando para poner en riesgo a las mujeres», subrayó.

Nuria Serrano, de las colectivas «ILE» mencionó que aún falta por aprobar una segunda iniciativa pendiente desde hace un año que propone adaptar el Artículo 4 Fracción Segunda de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para que sea considerada como una forma de violencia a  los derechos reproductivos la negación u obstaculización de los servicios para abortar, pues esta omisión limita el alcance de la protección legal para las mujeres y personas que buscan decidir sobre sus propios cuerpos, incluyendo el acceso seguro y legal al aborto dentro de la primera etapa del embarazo.

Marcela García sostuvo que el cambio era necesario porque el artículo, “como estaba, estaba muy flojo, daba lugar a que en estos casos las mujeres si fueran criminalizadas y con el riesgo de ser encarceladas al hacer ejercicio de este derecho”.

Integrantes del colectivo recordaron que recientemente difundieron datos obtenidos por transparencia a la Secretaría de Salud y casos documentados directamente por las organizaciones. El conocimiento de estos casos donde se ha negado el servicio, sobre todo por razones de objeción de conciencia.

Encontraron que “en el caso del hospital General de Soledad nos dijeron que no lo estaban brindando a pesar de que es Bienestar, a pesar de que debería de ser una de las instituciones donde se debería de estar brindando y no lo están haciendo”.

También encontraron que hay “muchísimos objetores de conciencia y muchos de los doctores a cargo que sí estaban dispuestos a brindar el servicio no podían hacerlo porque no contaban con el respaldo de compañeros o de equipo necesario para poder realizarlo”, “a pesar de ser un procedimiento que es ambulatorio”.

Desde la organización Nueva Luna precisaron que, tan sólo en el último año, “hemos recibido solicitudes de 15 casos de solicitud de acompañamiento de mujeres que buscan abortar y también de casos en que no han recibido toda la información que necesitan por parte de las instituciones de salud”. Para ellas, esta cifra muestra que “sí es una necesidad sentida real de las mujeres, la reforma a estos artículos”.

Refirió también que sigue pendiente otra iniciativa, ya ingresada y dictaminada en comisiones, para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incluir como forma de violencia contra los derechos reproductivos “la negación o la obstaculización de los servicios de ILE”, tema que “anteriormente no estaba legislado”.

Redes Feministas y no las instituciones de salud pública garantizan el acceso a la ILE 

Por otra parte, en noviembre de este año, se dio a conocer el Informe “Aborto legal y acompañamiento en San Luis Potosí: a un año de la despenalización”, elaborado por el Frente Marea Verde SLP junto con Abortistas MX, Apoyaré A.C., la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C.

De las 674 interrupciones de embarazo registradas entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, el 69.2 por ciento fueron acompañadas por colectivas y no por hospitales del sistema público. Aunque las reformas de 2024 y el Decreto 0205 de 2025 obligan a ofrecer el servicio gratuito y seguro, el sistema sanitario sigue rezagado, con opacidad y resistencia institucional.

Los Servicios de Salud del Estado reportaron apenas 136 atenciones en casi un año sin especificar los hospitales involucrados ni reconocer abortos voluntarios. En contraste, las colectivas feministas acompañaron 467 procesos dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la mayoría con medicamentos como misoprostol o mifepristona en entornos domésticos y comunitarios.

El IMSS informó sobre 71 procedimientos en dos hospitales: 64 en el General de Zona No. 1 “Zapata” y siete en el No. 6 de Ciudad Valles; únicamente dos de ellos fueron por decisión voluntaria. El ISSSTE, por su parte, no ha entregado información tras solicitar una prórroga.

Las organizaciones concluyen que la despenalización no se ha traducido en una transformación real de las políticas públicas. Persisten la falta de capacitación médica, la objeción de conciencia y el estigma, especialmente en zonas rurales e indígenas. De hecho, los Servicios Estatales de Salud reportaron solo dos cursos sobre aborto en todo el año y el IMSS ninguno.

“El aborto es legal, pero todavía no es libre, ni seguro, ni verdaderamente accesible”, “El Estado sigue ausente mientras las redes feministas sostienen la salud y la dignidad de cientos de mujeres”, señaló Olga Lucio, de Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C.

El Frente Marea Verde propone eliminar cualquier mención del aborto en el Código Penal y trasladar su regulación al ámbito sanitario, garantizando personal capacitado, medicamentos suficientes y protocolos de atención en todos los hospitales públicos.