- En un año, 93 juicios electorales por violencia política contra mujeres en Oaxaca
- Exregidora en San Miguel Tulancingo, víctima de violencia política, institucional y comunitaria
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de febrero de 2022.- En el ámbito municipal existe una institucionalización de la violencia hacia las mujeres, porque el Estado, en ese nivel de representación, no garantiza la protección de sus derechos políticos, como ocurre en San Miguel Tulancingo, donde se ha prohibido votar y a ser electas a quienes están casadas, lo que representa una acción anticonstitucional, señaló Claudia Ramírez Izúcar, representante legal del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, AC.
En entrevista para SemMéxico, en cuanto a la Estadística Judicial Electoral sobre Violencia Política en Razón de Género, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca, que indica que en el periodo del 1 de diciembre de 2020 al 1 de diciembre de 2021 se registraron 93 juicios en la materia, la especialista consideró que este dato demuestra que las mujeres no tenemos garantía de ningún tipo por parte del Estado para ejercer nuestros derechos.
Pese a que la mayoría de las resoluciones son favorables a las mujeres, destacó, el problema radica en que no se aplican las sanciones a los agresores y no se cumplen las medidas cautelares ni la reparación y no repetición del daño. El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres ha tenido conocimiento de casos en los que a las demandantes les llegan a decir: “Sí las aplicamos, a menos que tú te encargues de pagar la gasolina”.
De acuerdo con el artículo 1 constitucional, refirió, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias —a nivel federal, estatal, municipal— están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos y tomar las medidas necesarias para que no se repitan estas situaciones, pero esos mecanismos legislativos, administrativos, presupuestarios y judiciales no están diseñados ni mucho menos implementados con el enfoque de derechos.
En lo que respecta a la exregidora Rosario Velasco Velasco, quien ha sido agredida y descalificada luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) anuló las elecciones en San Miguel Tulancingo, efectuadas el 11 de abril de 2021, porque no se garantizó la progresividad en la paridad de género, Claudia Ramírez advirtió que se trata de un caso de violencia política y violencia comunitaria, además de violencia institucional, ya que el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en donde ingresó la controversia electoral, no cumplió con la protección de datos personales.
Aquellas ciudadanas que denuncian ese tipo de hechos o que les son violentados sus derechos, como ocurrió con Eufrosina Cruz Mendoza, se enfrentan a la violencia por parte de la comunidad, al pensar que dejarán de recibir recursos o apoyos gubernamentales. “Es desinformación y desconocimiento total, porque a cada municipio le corresponden presupuesto. Una nueva elección no lo detiene”, recalcó. Hay un trasfondo económico en estos casos, porque se llegan a afectar intereses personales o de grupos políticos.
Sobre los argumentos de que no se puede obligar a las mujeres a votar ni ocupar cargos, porque no les interesa, no tienen experiencia ni capacidad, la abogada subrayó que son discursos que carecen de análisis y no cuentan con perspectiva de género. Se piensa que seguramente la familia se “va a echar a perder”, con la ausencia de las mujeres, pero lo que preocupa es que se pone en evidencia la hombría de sus parejas, de los hombres de la casa. Son ideas que, de tanto repetirlas, se hace costumbre y desalientan la participación política de las mujeres.
Y si asumen un cargo —detalló—, buscan evidenciarlas. Con lo primero que se meten es con el cuerpo y con la sexualidad de las mujeres. Rosario Velasco, a quien le dijeron que se merecen unas “nalgaditas”, fue infantilizada. Aunque tampoco una niña o niño debe ser violentado, se trata de minimizar a las mujeres en todas las formas. Así, ¿quién va a querer estar en esos espacios?, se pregunta.
Quienes llegan a ocupar un cargo público tienen que luchar mucho, porque no tienen las mismas redes que tienen los hombres, y se les exige demasiado. Claudia Ramírez relató que en un taller algunas participantes que habían sido elegidas recientemente a un puesto reconocían que les faltaba experiencia. Sin embargo, se les hizo ver que hay hombres que tampoco tienen la preparación para llegar a esos espacios en donde se toman decisiones. Si la tuvieran, resaltó, la realidad sería otra.
Igual situación ocurre con la senadora Susana Harp, quien busca la candidatura para gobernadora en la entidad, y quien se inconformó ante las autoridades electorales por considerar que en su partido, Morena, se violaron los principios de paridad. Hay gente que dice que no tiene formación ni experiencia y que está ligada a la clase alta de Oaxaca, pero Claudia Ramírez manifiesta que siguen siendo los mismos discursos que desvaloran a las mujeres.
Por otra parte, para la abogada del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, este panorama de la participación política de las mujeres en Oaxaca representa un reto para la Consejera Presidenta del IEEPCO para el período 2021-2028, Elizabeth Sánchez González, primera mujer en ocupar ese cargo. Ella conoce la situación en todo el estado y se ha formado en el tema de violencia política contra las mujeres. Incluso, también la ha vivido.
El estar representadas por una mujer en el IEEPCO es una oportunidad y hay que sumarse. “Hay organizaciones que estamos observando, acompañando y apoyando este tipo de nombramientos”, añadió. Por ahora, la funcionaria electoral está impulsando un mecanismo de colaboración con mujeres de la sociedad civil organizada y en general.
Hay mujeres que, pese a contar con asesoría legal, terminan siendo sus propias defensoras. Estudian leyes y amplían sus redes de apoyo. En la opinión de la especialista, ellas tienen que ser promovidas para que ocupen cargos de representación popular o en la administración pública.
“Se están conduciendo como nuevas sujetas sociales que conocen, ejercen y exigen sus derechos”, y las dependencias se están viendo obligadas a actuar con un enfoque de derechos. Por eso, es muy importante acudir a las comunidades y trabajar con las mujeres estos temas. Una vez que ellas identifican sus derechos, empiezan a exigirlos y a obligar al Estado en todas sus dimensiones a convertirse en garante de estos derechos, finalizó.
