- Familia Uruchurtu Cruz acusa injerencia del gobernador Salomón Jara
- Cuestionan también las omisiones del Poder Judicial del Estado
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 14 de diciembre, 2024.- La libertad de Lizbeth Victoria Huerta es sinónimo de impunidad en el gobierno de Salomón Jara Cruz, dice el comunicado de prensa de la familia de Claudia Uruchurtu Cruz, luego de conocer que la noche de este viernes 13 fue liberada y absuelta la alcaldesa de Nochixtlán, implicada en la desaparición forzada de la activista en marzo del 2021, en tanto, las tres personas que también fueron detenidas en 2021 y que eran sus subalternos, se les confirmó la pena y a una de ellas se le aumentó otros cinco años.
Tras tres años, nueve meses de luchar por alcanzar la justicia por la desaparición de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz, la resolución de segunda instancia dentro de la causa penal 203/2021, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas”.
El comunicado firmado Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, ambas residentes en el Reino Unido, acusan las omisiones y malas actuaciones de la magistrada y magistrados que integran ambas salas, así como el doble discurso de la presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, que pagan favores al gobernador del estado.
Sostienen que aman su país de origen, quisimos creer que los Tribunales podían ser imparciales y garantizar su independencia del poder ejecutivo, y hoy nos damos cuenta que sólo fue un ideal y no una realidad.
La resolución en segunda instancia modificó la sentencia contra la exalcaldesa, lo que le permitió que fuera puesta en libertad la noche de este 13 de diciembre, por ello las hermanas Uruchurtu Cruz señalan:
“Sobre la conciencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, magistrada y magistrados que decidieron modificar la sentencia pesará esta decisión”.
También acusan una actuación omisa, al no aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y solo sujetarse a “una interpretación limitada, en otras palabras, privilegiar favores al gobernador del Estado, Salomón Jara, y a la 4T, antes que favorecer la justicia”.
“Qué podíamos esperar de una magistrada que llegó después de ser parte de la Consejería Jurídica de Salomón Jara, de un Magistrado que dice contar con una perspectiva pluralista y al no contar con la legitimidad de los pueblos originarios, busca ser premiado con el cargo de ministro después de la reforma al sistema Judicial y, finalmente, de alguien que llegó a este cargo después de un escándalo por desempeñar dos funciones de manera inconstitucional y vulnerar la paridad de género en el poder judicial”, dicen en relación con la magistrada y magistrados Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes.
Cuestionan a la presidenta del Tribunal Estatal de Justicia, Berenice Ramírez Jiménez (que) “dice dice defender los derechos de las mujeres, promover las órdenes de protección las 24 horas los 365 días del año en Oaxaca, cuando no es capaz de garantizar que en el Poder Judicial se administre justicia correctamente a las mujeres que son víctimas de desaparición forzada”.
Sara y Elizabeth Uruchurtu Cruz reconocen que su voz es de enojo e impotencia “porque sabemos que tenemos la razón; también de dolor porque queríamos un cambio en nuestro Estado, pero a pesar de ello, queremos también decir al gobernador del Estado, a la presidenta del Tribunal, a la magistrada y magistrados, inclusive a la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum Pardo), que esto no nos va a detener en nuestra exigencia de verdad, justicia y reparación, seguiremos luchando para acceder a la justicia, ahora desde el ámbito internacional y buscando a nuestra hermana, hasta encontrarla, concluye el documento.
Recuento de hechos
El 26 de marzo de 2021 fue desaparecida la activista Claudia Uruchurtu tras asistir a un mitin a las afueras del palacio municipal del municipio de Asunción Nochixtlán. Ella había estado documentando desvío de recursos, nepotismo y otras irregularidades por parte de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
El 7 de mayo de ese mismo año fue detenida la presidenta municipal y vinculada a proceso, en prisión preventiva.
El 7 de diciembre de 2022, al dictar su fallo, la jueza el Tribunal de Enjuiciamiento María Teresa Quevedo Sánchez señaló que Lizbeth Victoria Huerta y sus colaboradores Nelci Yanet o Nelci Yanex Vásquez Jiménez y Juan Antonio Hernández Martínez, eran responsables del delito de desaparición forzada en contra de Claudia Uruchurtu Cruz. En aquella ocasión la familia consideró que por primera vez en México había justicia en un caso de desaparición forzada.
El 15 de diciembre de 2022, mismo número de días desde que había asumido la gubernatura Salomón Jara Cruz, al dictar las sentencias individualizadas, la misma jueza Quevedo Sánchez cambia el delito a la ex munícipe de Asunción Nochixtlán, señalando que se trata de “obstrucción de la justicia” y no como copartícipe del delito de desaparición forzada en la que habrían participado funcionarios y policías municipales.
Ese mismo diciembre del 2022, la familia Uruchurtu apela la resolución. Durante un año, los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar, Alejandro Magno González Antonio y Arturo Lázaro León de la Vega evitaron entrar al estudio de fondo de los agravios expresados.
En diciembre del 2023, magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emiten una resolución en la que, entre otras cosas, ordenan la reposición de todo el procedimiento desde la audiencia de debate, un acto considerado como revictimizante para la familia.
Desde agosto del 2024 se esperaba que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitiera la resolución en el que confirmaría, modificaría o revocaría la sentencia emitida en diciembre de 2022 en contra de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Nuevamente en diciembre, ayer 13, fue puesta en libertad la munícipe Lizbeth Victoria Huerta, luego de que la y los magistrados afirmaron que la jueza sentenciante impuso una pena ligeramente mayor a la media reduciendo la sentencia a tres años siete meses y no a cuatro años, dos meses, 20 días como inicialmente se determinó.
Sin embargo, sus subalternos cuando ella era presidenta municipal, Nelci Yanet Vásquez Jiménez o Nelci Yanex Vásquez Jiménez, Juan Antonio Hernández Martínez y Rolando Aquino Barrita, juzgados por los mismos delitos que la ex munícipe, se les confirmó la pena y en el caso de Nelci se le aumentaron otros cinco años de prisión.
SEM/sj
