SemMéxico, Cd. de México, 19 octubre 2017.- La diputada Beatriz Rojas Martínez, de Morena en la Asamblea Legislativa, presentará hoy ante el Pleno una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México a efecto de armonizarlo con la legislación federal en materia de feminicidio.
La legisladora sostuvo que de aprobarse, se incrementarían las penas a los feminicidas, por lo que la pena mínima pasaría de 20 años a 40 años, y la máxima de 50 a 60 años, de acuerdo con un comunicado de la Asamblea Legislativa.
Además, explicó que si el asesino mantuvo con la víctima “una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, la pena mínima se incrementaría de 30 a 50 años y la máxima quedaría tal como se encuentra ahora, en 60 años.
Afirmó que es importante que se incremente el castigo a los agresores pues la violencia feminicida es el extremo, es la culminación de múltiples formas de violencia de género hacia las mujeres, que atentan contra sus derechos humanos.
De igual forma, advirtió que es urgente que se castigue a las autoridades que con su negligencia permiten que se sigan cometiendo este tipo de crímenes; por ello propuso que, en armonía con el Código Penal Federal, se integren sanciones a las personas servidoras públicas que deliberadamente o por negligencia entorpezcan o retrasen la expedita atención a las víctimas.
De esta forma, la iniciativa agregaría un párrafo al artículo 148 bis del Código Penal local que quedaría de la siguiente manera: “A la persona servidora pública que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de diez a quince años y de mil quinientos a tres mil días multa. Además, será destituido e inhabilitado de diez a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal o federal”.
Así, señaló se obligará a las autoridades a hacer justicia, pues en la Ciudad de México, del año 2012 hasta la fecha se han abierto sólo 237 carpetas de investigación por feminicidio, de un total de 576 mujeres asesinadas violentamente; lo cual corresponde a sólo 36 por ciento del total de los asesinatos de mujeres registrados en la capital del país, pues es a voluntad o de la Procuraduría o del Tribunal de Justicia CDMX, que los casos de feminicidio sean resueltos correctamente, indicó.
Rojas Martínez consideró que es necesario que esta iniciativa se considere como urgente en las comisiones de Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, pues lo casos de feminicidio aumentan cada día.
El año pasado, precisó, de acuerdo con el mapa de la geofísica María Salguero, se registraron 74 feminicidios, sin embargo, hasta este mes de octubre ya existe el registro de 54 feminicidios, alertó.
También, citó cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que señalan que en ocho meses, de noviembre de 2016 a junio de 2017, se cometieron 101 asesinatos violentos de mujeres en la Ciudad, pero en lugar de investigarlos y sancionarlos la Procuraduría clasificó los delitos como homicidios simples o suicidios, y de esos 101 asesinatos de mujeres, en 22 de ellos, el Ministerio Público decidió no ejercer acción penal, denunció la legisladora.
La legisladora resaltó que dicha iniciativa no sólo busca castigar al feminicida, sino también a servidores públicos pues las muertes violentas de mujeres son responsabilidad del Estado, un Estado que hasta la fecha, tolera los asesinatos de mujeres en la ciudad.
Por su parte, la diputada Flor Ivone Morales Miranda coincidió con que el castigo a servidores públicos es urgente y necesario porque hasta el día de hoy tenemos una justicia flexible y poco sensible ante el feminicidio.
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