- Preocupa que se utilicen protocolos para defender de la violencia machista a las mujeres en contra de abolicionistas: CLADEM Jalisco.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 2 de junio del 2023.- Causó indignación entre feministas y organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM Jalisco) la determinación de que la diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios “excedió los límites de la libertad de expresión y emitió discursos de odio en contra de las personas trans” por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además ordenó dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para que proceda la sanción que corresponda y recomendó que la legisladora Castell sea inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres del Instituto Nacional Electoral (INE) .
Tanto las feministas y CLADEM Jalisco exigen la erradicación de la violencia y persecución en contra de las mujeres abolicionistas y críticas del género, que se respete el derecho de libertad de expresión y pensamiento de las mexicanas y preocupa que se utilicen leyes y protocolos que nacieron para combatir la violencia machista contra las mujeres para dar por verdadero un sentimiento subjetivo e inverificable de unos hombres, por encima de la realidad.
El pasado 4 de mayo el TEPJF dio a conocer la resolución que afirma que la diputada panista Teresa Castell cometió violencia política en razón de género en contra de la diputada federal trans Salma Luevano por hablar de un hombre en masculino (en una entrevista) y acusarlo de discurso de odio y de violencia contra las mujeres (en un tuit).
“Eso no constituye un acto violento ni es faltar a la verdad. Que dicho diputado diga tener una identidad de género femenina no cambia el hecho de que es un hombre”, señalan en una carta dirigida al presidente magistrado del Tribunal Electoral, Rubén Jesús Lara Patrón.
Le señalan que se siente un precedente al mandar un mensaje a todas las mujeres “que debemos creer todo lo que digan los hombres, por descabellado que sea”. Si un hombre dice ser mujer hay que creerle aunque ejerza violencia como Salma Luevano que en noviembre del 2021 quiso intimidarla al mostrar una figura de la muerte cuando la diputada Teresa Castell hizo uso de la palabra en la Cámara de Diputados.
“Como si viviéramos en un régimen totalitario, el Tribunal está diciéndonos que no debemos creer lo que ven nuestros ojos ni pensar por cuenta propia. Si no comulgamos con la doctrina según la cual las personas tenemos una identidad de género (más propio sería decirle alma sexualmente estereotipada) y si sabemos que los hombres no pueden ser mujeres por mucho que lo deseen, debemos callarnos y reprimir nuestro pensamiento crítico”.
Consideran que es inadmisible que las instituciones encargadas de velar por la justicia en nuestro se dobleguen ante las exigencias del lobby de la identidad de género y de grupos ajenos a la realidad que enfrentan la mayoría del pueblo mexicano.
Sostienen que Teresa Castell no violentó a nadie, tuvo el valor de hablarle en masculino a un hombre aunque este diga sentirse mujer. Los derechos políticos en riesgo son los de Teresa Castell y no los de Salma Luevano, quien es el que usurpa una identidad que no le corresponde.
Exigen que el Tribunal Electoral contribuya a hacer cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a garantizar los derechos políticos como, el derecho a votar y ser votadas y la libertad de organización. Esto incluye a mujeres que no comulgan con la doctrina de la identidad de género y saben que los hombres no pueden ser mujeres.
Que el Tribunal vele por la libertada de expresión de acuerdo al artículo 6 de la Constitución lo que incluye redes sociales y tribunas públicas, ideas contrarias a los dictados y principios de la anticientífica y misógina doctrina de la identidad de género.
Pronunciamiento de CLADEM
En un pronunciamiento CLADEM Jalisco expresa el grave precedente que sienta el TEPJF que coloca el sentimiento subjetivo de una persona por encima de la realidad material, objetiva y tangible de las mujeres, y que se implemente el protocolo para la atención de violencia política de género como un instrumento para criminalizar a las mujeres que comparten posturas políticas abolicionistas y críticas a la identidad de género autopercibida y las políticas públicas derivadas de esta.
Advierten con preocupación la sustitución de la categoría sexo por la de género y/o identidad de género en las políticas públicas y legislaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Afirma que en la construcción de una democracia es necesaria la pluralidad y el debate informado de ideas al interior del Congreso de las Unión.
Reconocen que las expresiones políticas de la diputada María Teresa Castell constituyen la manifestación legítima del derecho a la libertad de expresión, asociación y participación política.
Reafirman la necesidad de que los derechos de las mujeres y niñas se basen en el sexo como categoría políticamente relevante, tal como señala la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el artículo 1, «discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
En el programa “Teresa Castell y América Rangel hablan sobre la iniciativa del PAN que tiene furiosa a la 4t”, transmitido en el canal de YouTube de Atypical Te Ve, en donde se hicieron reflexiones respecto a la iniciativa de reforma al artículo 79 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, la cual plantea que se prohíba cualquier injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada, intento de condicionamiento, presión u obligación por parte de un adulto para la determinación de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes, contrario a su identidad biológica.
SEM/MG
