Drina Ergueta
SemMéxico. La Paz-Bolivia. 29 de agosto de 2025.- La justicia boliviana ha sido la primera en reaccionar y en acudir en defensa del ganador. Lo hizo desde el día siguiente de las elecciones generales y sin esperar siquiera a la segunda vuelta electoral, donde entre las candidaturas ya no participa ninguna representación política relacionada a los gobiernos de los últimos 20 años. Nuevo ciclo, nuevo enfoque judicial, con giro de 180 grados.
El gobierno actual de Luis Arce, se podría decir, ya no manda pese a que él seguirá en la Presidencia hasta que la entregue el 8 de noviembre al ganador de las elecciones que se realizarán este 19 de octubre y donde compiten los dos con mayor votación obtenida el 17 de agosto, Rodrigo Paz (32 %) y Jorge Quiroga (26,7 %).
Sí, en la administración pública, especialmente en ministerios y en puestos con cierto mando hacia arriba, de todo el aparato estatal, se vive un ambiente de pesadumbre, de afán de desentendimiento en sentido de decir: “yo no fui, yo soy independiente”, y de buscar a personas conocidas con futuro poder para ver si se reacomodan y no pierden su fuente de trabajo. También se van conociendo una serie de renuncias en distintas dependencias.
Con ello, muchos de los trámites del quehacer público están paralizados o como mínimo ralentizados. Sin embargo, donde, al parecer, se observa gran dinamismo es en la administración de la justicia. Una de las primeras noticias, que se conoció al día siguiente de las elecciones, fue que un fiscal había pedido el arraigo para el hijo del presidente Arce, a quien se le acusa de corrupción Ah, ¡cuánta agilidad!
El Ministerio Público reaccionó tras 24 horas de saberse los resultados electorales, donde las tres fuerzas en que se dividió el partido de gobierno (el Movimiento Al Socialismo MAS) no lograron prácticamente nada, con una mínima representación en el Congreso, debido fundamentalmente a que Evo Morales llamó al voto nulo (que obtuvo el tercer lugar en las elecciones con cerca al 20%) porque a él no le permitieron ser candidato. Una cuestionada decisión ya que el partido más importante de este siglo, finalmente, hoy no tiene representación parlamentaria y toda esa población que le sigue tampoco.
El acto judicial más representativo de estos días es la liberación de líderes de oposición y que fueron encausados por cargos relacionados a su participación en el golpe de estado de 2019, como es el caso de Luis Fernando Camacho al que le han otorgado detención domiciliaria y de Marco Antonio Pumari a quien le liberaron. Hasta el momento en que se escribe este artículo está pendiente saber de la situación de detención de la expresidenta Jeanine Áñez, que ya tiene sentencia de 10 años en uno de sus juicios y a quien se la podría pasar a juzgar con los fueros del cargo.
Un ejemplo de cómo funciona la justicia y el control del poder en Bolivia es que el abogado de una de las partes acusadoras contra Áñez fue sacado a empujones del juzgado cuando iba a presentar un recurso contra las determinaciones que allí se estaban tomando. También se observó cómo en las puertas del juzgado se agredió a víctimas de la masacre de Senkata que habían ido a protestar por la liberación de Camacho. Durante el gobierno de Áñez murieron una treintena de personas, 800 resultaron heridas y 1.500 fueron encarceladas (la justicia entonces también se puso a disposición del régimen), además hubo infinidad de casos de corrupción.
La liberación de estos políticos, con el argumento de que hubo retardación de justicia (cosa que es evidentemente cierta por la discrecionalidad con que actúa la justicia), provocó esta semana protestas de la comunidad de presos que sufren constantemente esa retardación y a quienes la justicia no atiende. Esta protesta logró el compromiso judicial de revisar todos los casos. Lo cierto es que en los juzgados es permanente esa desatención y eso lo saben muy bien, por ejemplo, las miles de víctimas de violencia machista que esperan que los procesos contra sus agresores avancen y logren, ellas, algo de justicia y resarcimiento. Para ellas, y otros casos de gente común y poder alguno, no hay ninguna prisa.
La reforma judicial y su independencia como poder es una de las demandas de la población y también una promesa electoral generalizada. Es muy difícil pensar que eso sea posible cuando hasta hoy se trata de una herramienta del poder político y las señales que va dando es que no cambiará.
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