Drina Ergueta
SemMéxico. La Paz, Bolivia, 7 de junio de 2022.- Fueron destituidos 10 jueces, además de ocho fiscales, se recapturaron 21 feminicidas y violadores con sentencia, que habían sido liberados, y se ha emitido la orden de detener nuevamente a otros 50. Son los resultados de la Comisión de revisión de casos de violación y feminicidio, luego de 120 días de trabajo en los que atendieron 327 expedientes que presentaban irregularidades en el sistema judicial boliviano ¿Son resultados suficientes?
El viernes pasado, la Comisión tuvo su última reunión, dentro del plazo de 120 días que se había autoasignado. Informó de sus logros en el mandato asumido de intervenir “el 100 por ciento de los juzgados de ejecución penal de nuestro país”, según declaró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien encabeza dicha comisión que agrupa a 18 instituciones de los tres poderes del Estado.
Esta Comisión fue la respuesta del gobierno ante los reclamos y movilizaciones de mujeres y de agrupaciones feministas de todo el país, luego de haberse descubierto el caso de un violador y asesino en serie, Richard Choque, que teniendo sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto había sido liberado arguyendo una enfermedad terminal inexistente, lo que le permitió cometer nuevos crímenes contra mujeres, registrándose 77 casos.
Hay que recordar que la creación de una comisión fue una propuesta del colectivo feminista Mujeres Creando, la que, junto a otras organizaciones de mujeres en el territorio boliviano (como el Colectivo Mujer de Plata en Potosí, Mujeres de Fuego en Cochabamba y Mochas Copleras en Tarija), impulsó también la recolección de denuncias de irregularidades judiciales en casos de feminicidio y violaciones ¡Terminaron siendo cientos! Esta información fue entregada al gobierno pidiendo ser parte de dicha comisión; sin embargo, no fueron tomadas en cuenta y se conformó una interinstitucional.
Los casos que fueron denunciados sacaron a luz, nuevamente, que el sistema judicial boliviano está corrupto en todos sus niveles y que en los procesos en que mujeres fueron asesinadas se suma, además, que se trata de un sistema machista y patriarcal que beneficia a los responsables de los crímenes. Por ello la intervención de la Comisión, con destituciones y detenciones de jueces, con recaptura de reos liberados, tiene algún efecto ¿Pero es suficiente?
Si bien la ministra Prada hace un recuento de resultados, con un 55% de jueces encargados destituidos, con 21 feminicidas o violadores recapturados y 50 en proceso de serlo, entre otros elementos de su informe, no se hace hincapié en medidas estructurales, en decisiones de fondo destinadas a limpiar el sistema judicial y policial.
Es que una cosa es decir que se ha detenido a un juez y mostrarlo además públicamente, exponerlo al escarnio público (de lo que se ha quejado la asociación de jueces) y que luego ocurra que, en el proceso judicial que atiende este caso, otro juez decida que el detenido reciba detención domiciliaria con derecho a trabajar, o sea que vuelva a su despacho de juez. Y así, hay muchos casos en los que la justicia presenta múltiples resquicios o aperturas enormes por donde se filtra la delincuencia feminicida y de otros delitos.
En ese sentido, parecería que los resultados de la Comisión son resultados puntuales, para mostrar lo trabajado de cara a la galería. No se habla de transformaciones sustanciales, de limpieza profunda, no se observa creatividad en la búsqueda de respuestas, no se va más allá.
Hace dos semanas se conoció el informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en Bolivia, Diego García-Sayán, en el que hace un análisis profundo y detallado de la situación del sistema judicial boliviano, mostrando su precariedad, falencias y su mal uso. A raíz de este informe, el ministro de Justicia, Iván Lima, volvió a hablar de una reforma judicial en la que si no hay consensos con la oposición (algo muy difícil) no se llegará a ninguna parte.
Posiblemente la Comisión haya servido para que se vuelvan a detener a algunos feminicidas y violadores liberados irregularmente, pocos porque aún faltan 50. Más allá, al parecer no llega, y en ese sentido es una comisión de mirada corta, miope, lo que sumado a la falta de diálogo político y de políticas de Estado, una solución de fondo y permanente está aún lejana.
