Se atiende rezago jurisdiccional, senador Navor Alberto Rojas Mancera
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de julio 2024.- En el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se tomó la protesta a 25 magistrados y magistradas de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), propuestos por el Ejecutivo Federal.
“Se atiende el reclamo para terminar con el rezago jurisdiccional en materia de lo contencioso administrativo que tanto padecen los mexicanos”, señaló el senador Navor Alberto Rojas Mancera, presidente de la Primera Comisión quien dio certeza de que las personas designadas cumplen todos los requerimientos constitucionales y legales exigidos.
La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, les tomó la protesta de ley a las y los magistrados.
El senador Navor Alberto Rojas Mancera destacó que se llevó a cabo un análisis detallado sobre cada uno de los perfiles que integran el dictamen, por lo que se dio cuenta de que las y los funcionarios tienen un alto valor profesional.
“Son licenciados y licenciadas en Derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y cuentan como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas”, preciso.
Lo avaló la secretaria de la Mesa Directiva Karla Almazán Burgos, diputada de Morena quien aseguró que el dictamen destaca que las personas designadas cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos. Es decir, son ciudadanas mexicanas por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Mayores de 35 años de edad y se distinguen por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica.
Ante las declaraciones del panista Miguel Humberto Rodarte De Lara de que no todos los perfileseran idóneos porque habrían estado en áreas que no son técnicas en las materias que se atienden en las salas regionales del Tribunal, reaccionó el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya aludiendo a la mezquindad del PAN, poner personas afines como lo hacían antes porque rechazan todo lo que venga del gobierno de López Obrador.
En la discusión, el senador de Morena, José Narro Céspedes manifestó que cada una de las personas designadas tienen una conducta intachable, no tienen antecedentes con irregularidades y “por eso estamos convencidos” que se trata de profesionistas intachables, pues han demostrado que tienen principios éticos para que la ley se aplique de manera imparcial.
Las personas designadas son: Alejandra Martínez Martínez, Alejandro Paul Hernández Naranjo, Ana María Reyna Ángel, Beatriz Salgado Hernández, Berenice Martínez Mejía, Bricio Fernando Nava Aguilar, Claudia Elizabeth Cruz Martínez, Diana Berenice Hernández Vera, Federico Escutia Kobe y Graciela Vázquez Arellano.
También, Guillermo Gabino Vázquez Robles, Juan José de la Garza Báez, Lawrence Salomé Flores Ayvar, Lidia Margarita Roblero Hernández, Luisa Andrea López Ramírez, Manuel Eduardo Mendoza Jiménez, Marco Antonio Escobar Cuapio, María Gabriela Olguín Arellano, María Juana López Briones.
De la misma forma, están en la lista María Orley Ortiz Ley, Rodolfo Martínez Dagnino, Rosalía Álvarez Salazar, Samuel Mithzael Chávez Marroquín, Susana Mercado Alvarado y César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
Se menciona que el Senado recibió 28 propuestas, tres personas declinaron, Jazmín Aquino Cruz y Pedro Zavala Pérez y Miguel Ángel Chico Herrera.
En el dictamen se subraya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con plena autonomía, encargado de la impartición de justicia administrativa a nivel federal y tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares.
Sus resoluciones deben apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso, para dar certeza jurídica a los particulares frente a los actos de autoridad que sean ilegales o confirmar, en su caso, que los mismos son acordes al marco normativo correspondiente.
