- El presunto delito por el que ahora se le acusa es por un ataque a las vías de comunicación, que no es más que la “criminalización de la protesta”, aclaró su abogada.
Mercedes Martínez
SemMéxico, Ciudad de México, 18 de noviembre del 2022.- A dos años de la primera detención de la abogada y activista indígena Kenia Inés Hernández Montalván, su salud se deterioró a causa de múltiples violaciones a sus derechos humanos mientras ha estado en reclusión. Por ello, diversas organizaciones exigieron su inmediata liberación y el fin del acoso judicial en su contra.
La abogada Fabiola Vite recordó que actualmente Kenia se encuentra bajo diez causas penales que han surgido en tan solo dos años y medio. Desde entonces, se le ha acusado del robo de un celular y una cartera con 500 pesos en el Estado de México. “El delito ha sido fabricado, con víctimas aleccionadas y fabricadas”, advirtió Vite.
Tras las primeras acusaciones en el estado mexiquense, Kenia logró su libertad con medidas cautelares, sin embargo, enseguida apareció una nueva orden de aprehensión proveniente de Guerrero. Desde entonces, la activista ha permanecido presa en un penal de alta seguridad.
El presunto delito por el que ahora se le acusa es por un ataque a las vías de comunicación, que no es más que la “criminalización de la protesta”, aclaró su abogada. Este hecho estaría relacionado con las manifestaciones que Hernández y su colectivo realizaban en las casetas como protesta para exigir la liberación de los presos políticos en Guerrero.
Las consecuencias de esta criminalización contra la activista habrían impactado en su integridad física. “El estado de salud de Kenia Hernández se ha visto afectado durante dos años de reclusión”, según corroboran organismos de derechos humanos luego de tres misiones de observación en las instalaciones donde se encuentra: el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
“Tras realizar dos huelgas de hambre, la defensora presentó padecimientos como gastritis y colitis nerviosa, aunado a problemas de nutrición. La comida proporcionada en el penal provocó una intoxicación grave, no solo para ella, sino para más de 700 reclusas durante octubre de 2022”, informó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que ha acompañado el caso desde el inicio.
Debido a las condiciones inhumanas que se viven al interior del penal, diversas organizaciones “solicitaron a la FGR y a CAPUFE que se realice el traslado de la defensora Kenia Hernández a un penal de menor seguridad”.
Además pidieron que el caso sea revisado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Gobierno Federal para garantizar que se aplique el enfoque de género con perspectiva desde los pueblos originarios en el caso de Kenia, una mujer indígena y activista por los derechos humanos.
SEM/MG
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