Exige garantías al nuevo gobierno para el ejercicio de las y los periodistas
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 9 de octubre, 2024.- La periodista independiente Estrella Pedroza a un año de las agresiones violentas de las que fue objeto durante la cobertura de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos y el intento de acusarla de un supuesto homicidio el 30 de septiembre de 2023, exige sanción, reparación del daño y disculpa pública.
Hoy levanta nuevamente la voz primero para exigir justicia, defender su buen nombre y trayectoria periodística; y que se garantice al gremio en Morelos las condiciones para ejercer el periodismo.
Solicita a la primera gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, que actúe en congruencia con las expresiones de solidaridad que mostró el día de la agresión.
Solicita la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atraer y avanzar en las investigaciones correspondientes.
También exhorta a que se implementen mecanismos que garanticen la no repetición de estos abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las y los periodistas y comunicadores comunitarios, y de la ciudadanía en general, con una formación integral en derechos humanos y perspectiva de género.
Señala que hay video de la agresión por parte de un ciudadano que igualmente fue hostigado por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública comandada por José Antonio Ortíz Guarneros durante la administración de Cuauhtémoc Blanco.
La periodista presentó denuncias por abuso de autoridad, agresiones físicas y psicológicas, así como violencia digital, ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, pero no hay avances en las investigaciones. También interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por la violación de derechos como ciudadana y periodista.
En su momento la Comisión Estatal de Seguridad (CES) informó que había iniciado una investigación a través del área de Asuntos Internos, pero ella indica que reservó la información relacionada con los hechos pues solicitó al “Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas” acceso a la información vía plataforma de transparencia y la respuesta fue que se encontraba reservada, sin precisar plazo de la reserva..
Los hechos
Narró que el 30 de septiembre de 2023 fue detenida después de que tomó tres fotografías de las instalaciones de la Fiscalía, la rodearon 20 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, hombres y mujeres, algunos de ellos armados y encapuchados, con la acusación de un supuesto intento de homicidio de uno de los agentes.
Posteriormente de los hechos hubo una campaña de desprestigio en su contra, con fragmentos de un video grabado por los mismos policías en Facebook y Twitter, con información descontextualizada. Se distribuyó de manera discrecional entre el gremio, desde la coordinación de comunicación social del Poder Ejecutivo. Lo que ocasionó que fuera descalificada, insultada, recriminada, lo que puso en entredicho su profesionalismo y ética periodística.
Solicitó la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atraer y avanzar en las investigaciones correspondientes.
El sexenio mas violento en Morelos
La periodista destacó el contexto de violencia que se ha vivido en Morelos.
Subrayó que la agresión ocurrió en un estado que cuenta con Alerta de Violencia de Género desde 2015, y en el contexto de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Morelos por el control de la Fiscalía Anticorrupción. También es relevante aclarar que desde 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exigencia de que los periodistas acrediten su pertenencia a un medio de comunicación para poder acceder a eventos o espacios públicos para realizar su trabajo.
Existe un clima de violencia con un historial de agresiones físicas y psicológicas, amenazas de muerte y secuestro, violencia digital, y campañas de desprestigio, principalmente contra mujeres periodistas. Estos ataques provienen de funcionarios de primer nivel —presidentes municipales, secretarios, directores, magistrados, diputados, y hasta grupos delictivos—, amparados por la falta de consecuencias.
El sexenio concluyó con el asesinato de tres comunicadores: Samir Flores, comunicador comunitario; Manuel García, administrador de un medio digital; y Roberto Figueroa, periodista y propietario del medio «Acá en el Show».
La periodista estuvo acompañada por organizaciones que defienden a las y los periodistas como Artícujo 19, Reporteros Sin Frontera, Red Nacional de Periodistas, Reporteras en Guardia, Red de Mujeres Periodistas, Periodistas de a Pie, y la Asociación por la Protección de Periodistas y Personas Defensoras.
Así como María Paula Gómez por ONU-Derechos Humanos, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y otras organizaciones como Tecuan Radio “La voz de los guardianes de los cerros”, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, al Frente en Defensa de Tepoztlán, al Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas y a María Luisa Villanueva, defensora de los derechos de las personas privadas de libertad.
