- La diputada Hilda Pérez Luis sostiene que hay pendientes en la Legislatura
- Yésica Sánchez Maya sostiene que el Ejecutivo no hizo su tarea
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 24 de septiembre, 2020.- En unas horas se cumplirán los primeros 365 días de la aprobación de la despenalización del aborto en Oaxaca hasta la semana número 12 de gestación. Después de la euforia de aquel día manifestado por las mujeres de pañuelo verde, la calma no es calma, quedan pendientes importantes en materia legislativa y la evaluación indica que el gobierno de Alejandro Murat no ha cumplido cabalmente con sus deberes.
Lo que sí es verdad, señalan la diputada Hilda Pérez Luis y Yésica Sánchez Maya, en entrevistas por separado para SemMéxico es que hay una realidad: las mujeres tienen desde hace un año la posibilidad de un derecho, el de la interrupción legal del embarazo.
A la distancia Hilda Pérez Luis, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, una de las principales impulsoras de la reforma de los artículos 312, 313 y 315 y las fracciones II, III y IV, la adición a la fracción V del artículo 316 deCódigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, apunta que hay un pendiente: hacer que ese derecho sea una realidad y las mujeres tengan la certeza de recibir la atención necesaria en las instituciones de salud de primero y segundo nivel, “sin mayor reparo”.
La propuesta incluida en el “paquete inicial de reformas” está guardada en la Comisión de Salud, dice a su vez Yésica Sánchez Maya, directora de Consordio Oaxaca, quien cuestiona la actitud opositora a lograr los avances necesarios por parte del morenista Emilio Joaquín García Aguilar.
Incluso fue necesario que hace unos días la diputada Magaly López Domínguez, insistiera en las reformas a la Ley Estatal de Salud para garantizar que centros de salud o instituciones públicas de salud de Oaxaca practiquen interrupción legal del embarazo, sin acciones discriminatorias por parte del personal sanitario, de forma gratuita, accesible, aceptable y de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca.
La iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar: el Capítulo Séptimo de la Interrupción del Embarazo, y los artículos 70 ter, 70 Quater y 70 Quinquies de la Ley Estatal de Salud.
Pérez Luis dice que sigue pendiente también la reforma a la facción VI del artículo 29 de la Ley Estatal de Salud. Iniciativa que presentó en agosto 2019 y fue turnada a las Comisiones de Salud y de Igualdad de Género, pero han sido omisos en dictaminarla y no ha sido aprobada en el pleno.
Ambas coinciden en que cada vez que se plantea esa iniciativa hay una respuesta de la derecha, la llamada “ola celeste” en la que también participa personal médico que se opone a la realización de la interrupción legal del embarazo.
También recuerdan que en México, como en Oaxaca, las mujeres cuentan con un andamiaje jurídico que protege su derecho a la interrupción legal del embarazo, a través de la Norma Oficial Mexicana 046, que señala entre otros datos que en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Incluso, reitera Sánchez Maya en Oaxaca existen condiciones para que el aborto no sea penalizado en Oaxaca.
Pérez Luis recuerda que también la LXIV Legislatura descartó la necesidad de que el Ministerio Público deba dar una autorización para llevar a cabo el aborto en caso de violación.
La diputada explicó que el personal médico puede objetar no realizar una interrupción legal del embarazo, la ley no obliga a nadie, se respetan las creencias religiosas e ideológicas, así como como su ética y moral, sin embargo, añadió, las instituciones deben garantizar que haya personal no objetor de conciencia para dar certeza a las mujeres, esto es una garantía de seguridad para las mujeres que ejercen un derecho y para el personal médico que actúa ante una emergencia.
Un logro colectivo
Pérez Luis recuerda con entusiasmo el día en que “las mujeres hicimos historia”, dice y considera que fue un logro de las colectivas feministas, de las y los 24 diputados que votaron a favor y de buena parte de la sociedad que respaldó la iniciativa, agradeció, la asesoría que brindó en su momento la organización GIRE.
Al igual que la directora de Consorcio, la diputada señala que no se conocen las cifras exactas o de la propia institución de Salud sobre el número de interrupciones legales del embarazo que se practicaron en los últimos meses luego de que se publicara la ley en el Periódico Oficial, lo que ocurrió un mes después, es decir, en octubre de 2019.
Pero lo cierto, dice con un dejo de sorna, “es que nadie está haciendo cola para abortar” como decían quienes se oponían a la aprobación de las reformas que legalizaron el aborto hasta la semana de gestación número 12.
Sánchez Maya sostiene que Consorcio ha dado acompañamiento a mujeres en al menos 10 ocasiones, Mexfam –dice la diputada Pérez Luis- habla de seis casos. Las cifras reales no las tienen y ambas esperan que pronto el gobierno dé a conocer los datos. No hay datos duros.
A su vez, la también defensora de los derechos humanos, indica que el Congreso local tendrá una buena oportunidad de conocer lo sucedido cuando se presente el informe del gobernador Alejandro Murat y hagan la respectiva glosa en materia de salud.
Sin política pública, Murat y sus instituciones en la omisión
Sánchez Maya sostiene que una cosa es real, las instituciones dan visos de haber hecho algo en realidad: No solo no tiene una política pública definida. Tampoco ha designado un presupuesto específico para la práctica de la interrupción legal de embarazos, ambas con la finalidad de garantizar acciones rápidas y eficaces, pero también hace un año demandamos que se asignara un presupuesto específico con calidad y calidez para las mujeres.
Es importante decir que de alguna forma no tendría que haber obstáculos para acceder a un aborto legal tras la despenalización y nadie, por tanto, debería ser criminalizado ni tener proceso judiciales.
Ese es un “salto” importante, por ello cada centro de salud o cualquier hospital debería garantizar la asesoría, suministro de medicamentos y darle seguimiento a cada mujer que decida ejercer su derecho.
No es fácil, agrega la abogada, en algunos de los casos que Consorcio Oaxaca ha hecho encontramos que el personal médico no estaba enterado o al menos así lo manifestaron, ¿qué hicimos? Les entregamos una copia de las reformas publicadas en el Periódico Oficial, después de eso no había más que darle orientación y atención a las mujeres, en otros casos eran canalizadas a otras instituciones.
Entre los obstáculos que encontramos podemos decir que hubo ocasiones en las que nos decían que no había personal médico de guardia, como sucedió en una clínica de Etla, por lo que la solicitante tuvo que ser atendida en una clínica privada.
No hicieron su trabajo
El gobierno del Estado, dice Sánchez Maya no hizo su trabajo, en primer lugar no difundieron el derecho de las mujeres a acceder a un aborto, no hubo ninguna campaña ni para ellas ni sensibilización adecuada entre el personal médico. Tiempo sí hubo antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia de la Covid 19.
En esta tarea, agrega, estaban obligadas diversas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Salud y claro la Secretaría de la Mujer de Oaxaca, entre otras. Por ello cuestiona a la titular de la SMO, Ana Isabel Vásquez Colmenares, quien anunció en sus redes sociales la aprobación de la reforma aquel 25 de septiembre, pero en los hechos no asume su responsabilidad.
Sánchez Maya explica que la despenalización del aborto y garantizar este derecho a las mujeres “será una batalla permanente”, incluso para que las instituciones del ejecutivo estatal hagan lo que tienen que hacer, que no es sino garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que el personal médico cuente con las condiciones para realizar su trabajo –de infraestructura y de medicamentos- solo así se podrá garantizar la ILE.
Muy satisfecha con las hermanas de Oaxaca
La diputada Hilda Pérez Luis apunta que este ha sido un año para dar seguimiento puntual a lo que ha sucedido después de la aprobación de las reformas, que de acuerdo con muchos “analistas” tendría un costo político para quienes votaron a favor.
“Yo me siento satisfecha con lo logrado con las hermanas oaxaqueñas, en especial porque estoy segura que no terminarán en una plancha en condiciones indignas o presas por decidir sobre sus cuerpos.
Desconozco cómo respondería la ciudadanía, pero reitero, el tiempo nos está dando la razón, no ha sucedido nada catastrófico como previó el grupo antiderechos, con ese enfoque gris. Yo estoy satisfecha”.
Lo importante, concluye la legisladora, es que ahora debemos seguir trabajando para darle todas las certezas a las mujeres y garantizar sus derechos.
SEM/sj
