- Hay que recordarle que en este país, el cual gobierna desde el primero de diciembre, están asesinado a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos y que su gobierno nada está haciendo al respecto.
Graciela Machuca Martínez*
SemMéxico- 02 de julio 2019.- Mientras el Estado mexicano continúe denostando la función social de la prensa en una sociedad que aspira a la democracia, los grupos de poder seguirán asesinando a personas periodistas y a defensoras de derechos humanos y para revertir esa tendencia se requiere del diseño y puesta en marcha de políticas públicas que vayan de acuerdo a la normatividad jurídica que se ha diseñado a nivel internacional y que se puede contrastar con las buenas prácticas en otras latitudes.
Si desde los tres Poderes de la Unión, no se cambia de mentalidad y de estrategias para controlar la violencia contra ambos sectores de la población y si periodistas y defensoras de derechos humanos no se unen para delinear acciones contundentes, como se ha dicho, seguiremos contando asesinatos y seremos cómplices del silencio y de la orfandad informativa en que está quedando la sociedad mexicana.
A un año que el electorado de México decidió que su próximo presidente de la república sería Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos continua como en los tiempos de Felipe Calderón Hinojoza y Enrique Peña Nieto, lo que me lleva a la conclusión de que en México no basta cambiar el color del partido político para garantizar la Libertad de Expresión, sino que se debe generar una cultura democrática y los gobernantes en turno deben entender que el ejercicio periodístico no es para aplaudirle sus acciones sino para vigilar que esas acciones sean en beneficio del pueblo.
Si el gobierno no cambia su forma de actuar respecto al ejercicio de la Libertad de Expresión y otros derechos humanos, las personas periodistas no se convencen que sólo con ética y profesionalismo podrán defenderse y si la sociedad no se construye una cultura para ejercer su Derecho a la Información, y al contrario, se siente mejor con fanatismos hacia un líder, la violencia no cesará.
De esta manera, seguiremos reproduciendo caso tras caso, las cifras negras, las cifras de la impunidad y de las complicidades en las que participamos como sociedad.
Cada que asesinan a una persona periodista o defensora de Derechos Humanos, conocemos pronunciamientos como el siguiente:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el pasado 12 de junio, dio a conocer que con el homicidio de Norma Sarabia “suman ya 149 los periodistas asesinados desde el año 2000 (16 eran mujeres), y 8 en el transcurso de 2019, cifras que demuestran la crítica situación que nuestro país enfrenta en materia de libertad de expresión, y la urgente necesidad de brindar condiciones óptimas para que periodistas y medios de comunicación puedan realizar sus labores con seguridad”.
Este órgano público, autónomo y ahora más incómodo que nunca, considera que los ataques contra periodistas dañan no solamente a las víctimas y sus familiares, sino que constituyen una afrenta a nuestro sistema democrático en su conjunto, aprovechándose de las debilidades y carencias institucionales en materia de seguridad y procuración de justicia, y provocando espacios y zonas de silencio en el país, donde quienes ejercen el periodismo ya no escriben ni hablan.
Cinco días antes, el presidente de la CNDH, había dicho que México se coloca como el país latinoamericano con el mayor número de homicidios contra periodistas, lo que sustenta y justifica que se considere el ejercicio de la actividad periodística en México como de alto riesgo.
Lo anterior, sin que las autoridades responsables acierten a implementar políticas públicas que permitan vislumbrar que la violencia contra el gremio pueda tener un próximo fin.
Las entidades federativas con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14), recapituló la CNDH.
Un análisis, ya clásico, realizado por la CNDH a las indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores, determinó que en cerca del 90% de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde el 2005 y 2006, respectivamente.
La oficina en México de la organización internacional Artículo 19 documentó que durante el gobierno del presidente de la República Vicente Fox Quesada (2000-2006) se registraron 22 asesinatos y cinco desapariciones.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojoza (2006-2012) se perpetraron 48 asesinatos y 15 desapariciones.
Mientras que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se documentaron mil 986 agresiones diversas contra periodistas del primero de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2017, así como 45 asesinatos al mes de junio de 2018.
Las cifras de agresiones contra periodistas varían entre instituciones gubernamentales, así como entre organizaciones de la sociedad civil, en función a la metodología de documentación que utilicen y de sus intereses que motiven la documentación que van desde políticos a financieros.
También recordemos que Celia del Palacio y Alberto J. Olvera en su ensayo, Acallar las voces, ocultar la verdad, violencia contra los periodistas en Veracruz, sostienen que el poder criminal “se ha extendido al control de los medios locales y coexiste con la continuidad de las prácticas del Estado mexicano: el clientelismo y la violencia. Las principales víctimas de estas formas de control mediático han sido los periodistas más precarios, empleados de medios de comunicación pequeños, locales y sin trascendencia estatal o nacional”.
El número de agresiones contra periodistas se incrementó considerablemente a partir de 2007 y coincidió con las acciones gubernamentales del entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojoza al declarar la guerra a los carteles de la droga y ordenas el despliegue de militares en las calles del país para desempeñar funciones de seguridad pública.
Ante esta crítica situación, en tiempos que el Presidente de la República se dedica a festinar lo que dice que son logros de su gobierno, con datos que él solo tiene y que quizás obtenga con metodologías que él solo conozca, hay que recordarle que en este país, sí México, el cual gobierna desde el primero de diciembre de 2018, están asesinado a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos y que su gobierno nada está haciendo al respecto.
El presidente de México debe saber, que en la Secretaría de Gobernación existe una institución que se llama Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero que sus facultades legales están rebasadas, por las limitaciones de su normatividad, por la burocracia que opera la Junta de Gobierno y por un Consejo Consultivo que ya no representa a la sociedad civil, sino a grupos sectarios que operan en la oscuridad de sus intereses personales y de grupo.
Si Andrés Manuel López Obrador no está enterado, hay que decirle que en la Fiscalía General de la República, existe la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la cual se dedica a litigar para impedir que los jueces la obliguen a atraer los casos de violencia contra periodistas, en lugar de asumir la responsabilidad que le confiere el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para defender la vida, la integridad física y salud mental de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como garantizar que puedan realizar sus labores profesionales de manera libre, lo que se requiere en México es cambiar el paradigma de la protección por un sistema de políticas públicas cuyo objetivo primordial sea la prevención.
Ya se ha repetido en múltiples ocasiones, que ningún recurso público o privado es suficiente para atender a cada uno de los casos de violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, además, porque hoy en día en nuestro país están asesinando a médicos, sacerdotes, ingenieros, empresarios y el Estado ha demostrado su incapacidad para atender este fenómeno. Como país debemos trabajar de manera paralela en la extinción de la impunidad y en la formación de una cultura de la prevención y para ello, hay que adaptar los estándares internacionales ya desarrollados a la realidad mexicana.
*Periodista en el estado de Quintana Roo, defensora de derechos humanos de mujeres e integrante suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Secretaría de Gobernación.
