Isabel Ortega Morales
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 26 de septiembre del 2022.- El profundo pozo de la incertidumbre volvió a cerrar sus fauces al dejar fuera de las órdenes de aprehensión a 21 servidores públicos, cinco de ellos relacionados con el gobierno, dos de mando, una del poder judicial y dos trabajadores del mismo poder, 16 de ellos, integrantes del Ejército Méxicano. ¿Por qué sus nombres estaban incluidos y quién dio la orden de incorporarlos como también quien y porqué fueron dejados fuera? Los jóvenes normalistas, una nueva generación que no los conoció reciben la estafeta de lucha que muestra un recrudecimiento, tan cruento como la ausencia de una respuesta clara de un gobierno que, en campaña, se había comprometido a dar resultados de su paradero en un año y van cuatro.
La línea de investigación, como la línea de intereses, está tan curvo que como espiral sube, y en un punto determinado vuelven a cruzarse para separarse sin que estén totalmente fuera de la fuerza de atracción que los vuelve a colocar en la mira de la duda, y no se si en el perdón.
Lo único real que sabemos, a ocho años de la noche más oscura que han vivido los derechos humanos, es que 43 jóvenes no están. Que hay orfandad de su ausencia en el mismo número de familias, que han muerto madres y padres sin conocer el paradero de sus vástagos y que la duda, como el más insano de los sentimientos, ha permeado la tranquilidad de los hogares de unos jóvenes que no se sabe dónde están.
¿Por qué tendrían paz los gobiernos si no hay paz en la mente y los corazones de madres y padres de los 43 normalistas? ¿Por qué tendría que haber consideración hacia una estructura de gobierno si no ha quedado clara su inocencia en los hechos de septiembre de 2014?
Baste recordar los datos que ha registrado el Centro Prodh, José Agustín Pro, sobre los pendientes que, a su consideración, aún existen en la línea de tiempo que llevan registrado:
“El esclarecimiento de los hechos y del paradero de todos los estudiantes. Se debe priorizar la investigación sobre la desaparición, intensificar la búsqueda y determinar responsabilidades penales de perpetradores. Las familias demandan la verdad soportada en evidencia y en nuevas acusaciones, no solo una nueva narrativa. Como ha reconocido el Presidente, su compromiso con las familias está incumplido”.
“Investigar con decisión a las altas autoridades del anterior gobierno que tomaron la decisión política de cerrar el caso con la verdad histórica, sin que hubiese evidencia científica para ello”.
“Consolidar nuevas acusaciones contra perpetradores de la desaparición forzada identificados con prueba ilícita y contra actores privados que recobraron su libertad debido a las irregularidades de la investigación”.
El gobierno federal está entrampado en el engrudo de un caso que lo creyeron atole. Su credibilidad se ha ido desvaneciendo ante la palabrería que no tiene nada de datos ni argumentos. No basta sacudirse el saco para decir “no somos iguales”, es tiempo de exponer la verdad, la que en estos tres años han encontrado y, lo fundamental, dar con el paradero de 43 jóvenes. Como nunca subrayar ¡Nunca más un 26/09!
