Isabel Ortega Morales
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 12 de diciembre del 2022.- En el año 2014, diversos grupos de activistas del estado y de otros lados del país, acudieron a Guerrero en apoyo a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de ese año en Iguala. Como parte de sus acciones incendiaron diversos espacios, tanto políticos, como el PRD que gobernaba como partido, como de atención pública. Palacio de Gobierno, Ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso, pero no lograron incendiar Casa Guerrero.
Con la Reforma Educativa de Peña Nieto vimos lenguas de fuego de institutos políticos como el PAN, -andador Zapata-, PRD -Av. Alemán-, MC, -Calle Ignacio Ramírez y, el PRI -Av. José Francisco Ruíz Massieu- que en ese orden recorrieron la ciudad generando caos y miedo.
Y hay innumerables acercamientos a la Fiscalía General del Estado en forma de protestas y, siendo por primera vez gobernador -interino-, por la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero apedrearon las instalaciones de esta instancia cuando en un desalojo en el centro, detuvieron a varios normalistas y la intervención del entonces Diputado Federal, Armando Chavarría Barrera, permitió la liberación de los jóvenes.
Cuando este viernes 9 de diciembre, un día antes de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, arriban dos autobuses con estudiantes a la Fiscalía por el andador del Rio Huacapa que lleva el nombre del exgobernador René Juárez Cisneros, y no solo se acercan a la instancia procuradora de justicia, sino que ingresan y realizan en su interior consignas en las paredes, apedrean cristales y arrojan bombas molotov en una zona específica, la incredulidad del hecho rondó en la sociedad.
¿Por qué una incursión no solo sorpresiva, sino temeraria tuvo lugar en esas instalaciones dirigidas en este momento, por primera vez en su historia, por elementos del Ejército Mexicano? ¿Fue una provocación?, o ¿quizá una deliberada acción para borrar la memoria delictiva de algunos, de alguno o de alguien? ¿O seremos tan incrédulos/as también si consideramos que no hay respaldo digital de los mismos? O que, incluso, ¿algunos documentos de casos relevantes de esa zona estén en manos de quienes han pasado por esa instancia de justicia?
El posicionamiento de la Fiscalía es parco. No podemos desde ahí entender la magnitud del riesgo que corrieron ambos frentes: estudiantes y trabajadores tanto civiles como militares. No abarca a desentrañar la mirada estupefacta de quienes resguardan las instalaciones para mantener la prudencia, y no nos dice, por supuesto, que alguna voz dictó el croquis para recorrer ese lugar en una acción que, se dice, duró apenas unos 10 minutos pero la vulnerabilidad de la instancia quedó marcada.
Que bueno que no hubo bajas, no hay heridos/as, que salieron los normalistas con bien, como entraron, porque sería un costo muy alto para el gobierno estatal, federal y la propia Fiscal. Pasaron una gran prueba de mesura. Pero reprobaron la de no ser vulnerables.
