Isabel Ortega Morales
SemMéxico, Chilpancingo, 13 de octubre, 2025.- Cuando tañen las campanas para una ceremonia litúrgica por un sacerdote asesinado, parece que las campanas lloran y reclaman al mismo tiempo, generando un impacto social de vulnerabilidad y pérdida de confianza hacia las instituciones.
Una característica de esa vulnerabilidad que percibe la sociedad es que, si alguien que promueve la Palabra de Dios es tocado por la violencia, la sociedad no está segura.
Esta percepción genera al interior de los hogares que existe falla de las autoridades en otorgar seguridad y tranquilidad y que los espacios se convierten en riesgo.
Un sacerdote no solo es aquel que está formado para encabezar una ceremonia religiosa, sino que también su formación le permite ser un líder natural a quien se acude para reconfortar el dolor personal o familiar, sino incluso el laboral o social.
Un asesinato de sacerdote muestra un lado del poder, el que aún tiene una deuda con su responsabilidad de ser garante con todos sus gobernados.
Pero también muestra que la violencia amplia sus redes y que la impunidad se convierte en su mejor aliado.
Cuando se conoce que existe un sacerdote desaparecido, la autoridad pierde autoridad, porque el miedo que se respira se iguala al de la desconfianza y éste al repudio.
La Iglesia también ha sido blanco de extorsión, de robos, de amenazas.
El Centro Católico Multimedia, que da seguimiento a la violencia contra miembros de la Iglesia en nuestro país, en su informe del 9 de diciembre de 2024 había documentado que desde 1990 habían sido asesinados en México, unos 80 sacerdotes.
Dentro de ese informe destaca que entre los años 2018 y 2024, los homicidios “alcanzaron su nivel más alto en la historia moderna de México, con un total de 199 mil 621” a partir del programa “abrazos no balazos”, y que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador “fueron asesinados 10 sacerdotes, otros 14 sacerdotes y obispos fueron agredidos, un promedio semanal e 26 templos fueron atacados, profanados o agredidos y se registraron cerca de 900 casos de extorsión y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica”, signa el Director de Centro Católico Multimedia, Omar Sotelo Aguilar.
“Alguien debe asumir la responsabilidad de lo que el Estado no ha hecho, por incapacidad o, peor aún, por trabajar en connivencia con los malhechores en una combinación destructiva: corrupción e impunidad”, enfatizó Sotelo Aguilar en la presentación de ese informe.
Así, con esos datos, también se cita al estado de Guerrero entre los que representa peligro para el ejercicio de este apostolado.
Queda un reto importante a los gobiernos federal y estatal el que se les brinde garantías, porque, además, hacerlo, amplía a la sociedad la percepción de que ese derecho también le alcanza.
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