Directivos de los medios para los que Norma colaboraba coincidieron en señalar que “no hay avances en la investigación” y que, después de aquel 11 de junio, sólo ha habido silencio.
Concha Moreno
SemMéxico/Periodistas en Español. Ciudad de México. 23 de julio 2019.- A pesar de haber transcurrido más de un mes del asesinato de la periodista Norma Sarabia Garduza, en Huimanguillo, Tabasco, tanto sus familiares como los directivos de los medios Diario Presente y Tabasco Hoy coinciden en señalar que no ha habido avances en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General del Estado de Tabasco para dar con los responsables del homicidio.
En una visita conjunta por parte de las organizaciones Reporteros sin Fronteras (RSF), y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) los días 7, 8 y 9 de julio de 2019 a Villahermosa, capital del estado de Tabasco, donde se reunieron con los familiares de la periodista Norma Sarabia Garduza, asesinada el 11 de junio de 2019, con los medios con los que colaboró, y con colegas cercanos a la periodista, todos coincidieron en que los avances han sido nulos y que siguen en espera de justicia.
“Como familia no tenemos que andar detrás de la Fiscalía, ellos deben estar interesado en tener avances”, indicó uno de los familiares, quien mostró también su extrañeza por haberse percatado de que, a minutos de ocurridos los hechos, no se había implementado ningún operativo para detener a los responsables. Además, uno de los principales sospechosos fue detenido y horas después puesto en libertad.
Directivos de los medios para los que Norma colaboraba coincidieron en señalar que “no hay avances en la investigación” y que, después de aquel 11 de junio, sólo ha habido silencio.
También indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) debería haberse ocupado ya del caso, por tratarse de una periodista y por existir claros indicios de que el asesinato podría relacionarse de forma directa con su labor periodística. Sin embargo, esto no ha ocurrido. La Fiscalía, de momento, tampoco ha brindado ningún apoyo psicosocial ni jurídico en el caso.
Tanto los familiares y colegas de la periodista como los directivos de los medios con los cuales colaboró también coincidieron en que una atracción del caso por parte de la FGR sería lo mejor, ya que consideran que hay un alto grado de colusión de autoridades con el crimen organizado en la región. Hasta ahora los familiares han colaborado con las autoridades, pero para la Fiscalía del Estado esto no ha sido suficiente para mostrar avances hasta la fecha. RSF y CPJ han insistido en varias ocasiones en obtener una cita con el Fiscal del Estado, Jaime Humberto Lastra Bastar, desde el 3 de julio, petición que solo ha obtenido silencio hasta el día 18 de este mes de julio.
Gran parte de los entrevistados coincidieron también en indicar que en el asesinato de Norma, quien fuera ampliamente reconocida en su municipio por su trabajo, estuvieron involucrados policías locales y a quienes ella mencionaba en sus informaciones. También señalaron que la periodista no dudaba en señalar las injusticias y ayudar a cualquier ciudadano cuyos derechos fueran vulnerados.
En relación a los antecedentes en los que ocurrió el asesinato, los entrevistados añadieron que, en ocasiones, la periodista no firmaba sus notas a raíz de amenazas recibidas a través de llamadas. En 2014 ya fue amenazada y no hubo seguimiento a la investigación ni recibió protección.
De acuerdo a las informaciones recabadas por RSF y CPJ, el municipio de Huimanguillo es un foco rojo, clasificado como una zona de alta criminalidad, “un foco rojo, donde se mantiene el robo de combustible, asaltos, asesinatos y presencia del crimen organizado”, indicaron algunos de los entrevistados.
Como consecuencia, ambas organizaciones han solicitado al Gobierno de Tabasco que agilice las investigaciones y compartan de manera transparente el estado que guardan las investigaciones, que refuercen las medidas de protección a sus familiares, que ofrezcan acompañamiento psicosocial y jurídico a la familia, y que la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) abra una investigación en la que se agoten las líneas de investigación por el ejercicio periodístico.
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