Aprueban en San Lázaro prohibición total de vapeadores; corrigen texto para evitar criminalización de consumidores

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Cámara de diputados 

En México 2.6 por ciento de adolescentes de entre 10 y 19 años, unos 500 mil jóvenes, consumen cigarrillos electrónicos / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Diputados de oposición advirtieron que la reforma mantiene el riesgo de que se criminalice a quienes consumen vapeadores o cigarrillos electrónicos

Redacción 

SemMéxico/El sol de Mexico, Cd de México, 10 diciembre 2025.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos o dispositivos similares con una corrección a la iniciativa para evitar la criminalización de las y los consumidores de estos productos.

El texto, con las modificaciones propuestas por los morenistas Ricardo Monreal y Pedro Zenteno, señala que:

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso”.

También se acota que “se exceptúa de la prohibición, su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior”.

“Es decir, si una persona está consumiendo o incluso trae en posesión uno o dos cigarrillos electrónicos, no es delito y no va a ser sancionada ninguna persona”, explicó Monreal Ávila, coordinador de los Morenistas en San Lázaro al presentar la modificación para evitar la criminalización de las y los consumidores.

La reforma se aprobó en lo general y en los particular con 292 votos a favor, 163 votos en contra, y cero abstenciones, y el tema desató un intenso debate entre legisladores oficialistas de Morena, PT y Partido Verde, quienes defendían la reforma al argumentar que se procura la salud de la población; y diputados y diputadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que acusaron criminalización de la juventud mexicana y calificaron la reforma como punitivismo populista.

De acuerdo con el dictamen las actividades con fines comerciales, como la preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento de vapeadores serán sancionadas con entre uno y ocho años de prisión y multas de entre 11 mil y 250 mil pesos. Esa pena también aplica a la importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos.

La prohibición total de todo tipo de actividades comerciales relacionadas con vapeadores y cigarros electrónicos es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de una ley reglamentaria a la reforma constitucional aprobada el año pasado que prohíbe los mismos productos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, en México 2.6 por ciento de adolescentes de entre 10 y 19 años, unos 500 mil jóvenes, consumen cigarrillos electrónicos; y un 1.5 por ciento de adultos de 20 años, más de 1.3 millones de adultos, consumen cigarrillos electrónicos.

Al presentar el dictamen, el morenista Pedro Mario Zenteno, explicó que se trata de un paso histórico en la protección a la salud pública, y una “transformación profunda que fortalece la rectoría del Estado en materia sanitaria”.

“Quiero subrayar con toda claridad: no se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro”, enfatizó tras mencionar que la iniciativa tendría una modificación para evitar la criminalización.

Durante la discusión de la reforma, diputadas de oposición como la priista Ana Isabel González advirtió que los artículos 282 Quater y 452 Bis de la reforma mantienen una criminalización para los consumidores de vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Desde su curul, el coordinador de los priistas, Rubén Moreira, también advirtió que la redacción es “tan vaga que se va a prestar a abusos e injusticias y también a una feria punitiva que este país no merece”.

Incluso, antes de iniciar la discusión, la emecista Irais Virginia Reyes intentó frenar el debate con una moción suspensiva, pues calificó la iniciativa como regresiva, absurda, autoritaria y prohibicionista. A su vez, su correligionaria, Amancy González Franco advirtió que una política prohibicionista de vapeadores y cigarros electrónicos abrirá la puerta a un mercado negro para su comercialización.

Priistas y morenistas intercambiaron opiniones contrapuestas, los del tricolor sostenían pancartas con la leyenda: “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, mientras que en las cartulinas de los guindas se leía: “Vapear inflama tus pulmones, causa hipertensión y puede causar edema pulmonar”.

Los panistas también se lanzaron a la yugular de la reforma Héctor Jaime Ramírez, quien subió a la tribuna de San Lázaro vestido como médico, criticó que la reforma era incongruente, y su correligionario Fidel Daniel Chimal celebró que la modificación de la reforma para evitar la criminalización, pero no dejó de señalar que es necesaria una regulación inteligente que “no conviertan en delincuentes a quienes no lo son”.

La reforma a la Ley General de Salud también contempla modificaciones en otros temas como regresar al Estado la rectoría de la política pública de salud a través de la Secretaría de Salud, sobre contratación consolidada de medicamentos e insumos, el aprovechamiento estratégico del plasma residual para la producción de hemoderivado, el fortalecimiento de la Cofepris, la actualización de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como atención de salud universal.

Reforma a LGS abre paso al sistema universal de salud

La reforma a la Ley General de Salud, además de la prohibición de vapeadores, abre paso a la universalización del sistema nacional de salud, de tal forma que cualquier personas pueda atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud nacionales que existen: el IMSS, el Issste y el IMSS-Bienestar.

Lo anterior debido a que incluye una fracción en el artículo sexto de dicha norma, en donde se lee que el Sistema Nacional de Salud tiene, entre otros objetivos, “impulsar el acceso universal a la atención médica a través del intercambio de servicios entre instituciones públicas de salud, para garantizar el acceso efectivo a la atención oportuna y de calidad, para todas las personas”.

Esta fue una de las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de octubre, cuando en su conferencia de prensa mañanera dijo que su gobierno buscará consolidar un Sistema de Salud Nacional a partir de 2027; y que a partir de enero de 2026 el Gobierno abrirá un registro para que todos los mexicanos y mexicanas se inscriban en el denominado Sistema de Salud Nacional.

“La interoperabilidad en salud, entendida como la capacidad de los sistemas y organizaciones para intercambiar, interpretar y utilizar información de manera efectiva, es uno de los pilares de la iniciativa presidencial para consolidar un sistema universal de salud en México. Esta propuesta busca eliminar las barreras entre instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, permitiendo que cualquier persona reciba atención médica sin importar su afiliación, mediante un expediente clínico digital único y una credencial nacional del Bienestar”, se lee en el dictamen.

Mientras el oficialismo defendió la reforma para universalizar el sistema de salud mexicano, legisladores de oposición criticaron la falta de recursos destinados al sector salud.

En el tema, priistas y panistas también cuestionaron que el Fondo del Insabi pueda ser utilizado con discrecionalidad y no sólo para enfermedades de alto riesgo como estaba establecido.

De acuerdo con la iniciativa, el Comité Técnico del Fondo tendrá la facultad para definir directamente los criterios de asignación de los recursos, tanto para atender enfermedades de alto impacto epidemiológico como para atender las necesidades de infraestructura y equipamiento médico.

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