· Gobiernos de todos los partidos siguen sin garantizar los derechos de las mujeres
· Morelos y Durango se resisten a acatar mandatos de la Corte
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 15 de diciembre, 2025.- A dos semanas de terminar el año, el avance de la despenalización del aborto en México sumó 25 entidades, lo que ha sido gradual desde el inició en 2007 de la aprobación de la Interrupción Legal del embarazo en la Ciudad de México.
El estado más reciente fue Tlaxcala, quien cumplió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eliminó barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
El costo fue para las feministas de esa entidad, las que fueron objeto de amenazas, hostigamientos y discursos de odio, por lo que en un comunicado del 11 de diciembre pasado exigen respeto al Estado laico y garantías de seguridad para las defensoras de derechos sexuales y reproductivos.
Hasta hoy son siete los estados donde no es oficial la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en dos de ellos, Morelos y Durango sólo está pendiente que el Congreso respectivo aplique las sentencias de la SCJN.
En tanto en Guanajuato, en la misma sesión del 4 de diciembre, las y los legisladores aprobaron el matrimonio igualitario, optaron por archivar las iniciativas sobre derechos reproductivos. En 2025, en tres ocasiones -mayo, junio y diciembre- rechazaran despenalizar en su Código Penal la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas.
Entonces, sigue penalizado el aborto en Guanajuato, Durango, Morelos, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, entidades que han sido gobernados por diversos partidos político de derecha y de izquierda. En estas siete entidades Guanajuato y Morelos tienen una gobernadora, Sonora tuvo una gobernadora en el sexenio anterior.
Guanajuato
La discusión para despenalizar el aborto en Guanajuato se ha dado en seis ocasiones en 25 años, la primera vez ocurrió en el año 2000; en 2008, 2021, 2024 y en 2025, en tres ocasiones, hasta hoy no ha sido posible.
Se mantienen las sanciones contra el aborto en Guanajuato, que de acuerdo con el Código Penal del Estado se castiga de seis meses hasta los seis años de prisión, con las excepciones de casos de violación o riesgos de la salud para la mujer.
Guanajuato, ubicado en el centro del país, ha estado gobernado por la derecha, representada por el Partido Acción Nacional de forma constante desde inicio de la década de los noventa, con mayoría de diputados en esa corriente ideológica, condición que ha impedido que en estas seis ocasiones se apruebe el derecho de las mujeres a decidir, pese a llamados internacionales como los hechos por la ONU para respetar los derechos sexuales y reproductivos.
A pesar de la decisión de los gobiernos de derecha, los colectivos feministas de Guanajuato continúan exigiendo la despenalización total del aborto y han condenado la decisión del Congreso local de rechazar las iniciativas presentadas en 2025 para reformar el Código Penal del estado.
Las feministas mantienen una postura firme a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, incluso mantienen un litigio estratégico y el activismo social, como la Red de Acompañantes de Aborto León y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que han presentado denuncias y amparos ante el Poder Judicial de la Federación contra el Congreso estatal, esperando que un fallo de la SCJN obligue finalmente a la despenalización en Guanajuato.
La Red de Acompañantes de Aborto León en su red social de Facebook escribió a propósito del reciente nuevo intento por la despenalización: “Ayer 4 de diciembre, por tercera vez el Congreso decidió darle la espalda a las mujeres, adolescentes y niñas del estado, archivando las iniciativas que promovían la despenalización del aborto. Pero este no es el fin de nuestra lucha”.
Morelos y Durango tienen reformas pendientes
En Morelos el aborto sigue penalizado en el Código Penal estatal, pese a que la Corte mexicana ordenó al gobierno local garantizar el acceso al aborto legal y seguro, así como impulsar la despenalización legislativa, exigiendo al poder ejecutivo implementar servicios y campañas de difusión, aunque el Congreso local aún no ha reformado la ley, generando una situación de obligación judicial frente a un proceso legislativo lento, según fallos de septiembre de 2025.
A diferencia de Guanajuato, desde los primeros años del siglo XXI, Morelos ha estado gobernado por el derechista partido Acción Nacional (PAN) en las tres últimas por el extinto Partido de la Revolución Democrática, el Partido Encuentro Social y por Morena.
En septiembre del 2025, la Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo colectivo (Amparo en Revisión 570/2024) ordenando al gobierno de Morelos garantizar el acceso al aborto legal y seguro, declarando la inconstitucionalidad de su penalización y obligando al Poder Ejecutivo y Servicios de Salud a implementar el servicio sin importar la reforma legislativa, protegiendo a mujeres gestantes y personal médico de la criminalización, estableciendo precedentes para la despenalización total en el estado.
La decisión se basa en el amparo de 48 mujeres, resolviendo la inconstitucionalidad de artículos del Código Penal de Morelos que castigaban el aborto voluntario. Sin embargo, el Congreso del estado aún no ha aprobado la reforma correspondiente, pese a que ya existe un dictamen avalado en comisiones.
El 1 de diciembre la diputada de Morena, Melissa Montes de Oca Montoya, quien preside la Comisión de Equidad de Género, informó que el dictamen sobre la despenalización del aborto en Morelos fue aprobado en comisión por sies votos contra cinco, pero actualmente permanece detenido en la Conferencia para la Programación de Trabajos Legislativos, a la espera de un nuevo requerimiento del juez antes de ser turnado al Pleno.
Durango
La misma situación se repite en Durango, el 18 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el Amparo en Revisión 116/2023 presentado por Sí hay mujeres en Durango y GIRE, y declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Durango, además ordenó al Congreso local reformar la legislación penal.
Durango, en este siglo ha tenido cuatro gobernadores del PRI y un intermedio del PAN, sin embargo, no se ha logrado cumplir con la despenalización del aborto.
El 28 de septiembre, en conferencia de prensa Julieta Hernández Camargo presidenta de Si hay Mujeres en Durango, explicó que el 18 de julio, la Corte emitió un ordenamiento que obliga a los diputados a derogar del Código Penal el delito de aborto.
En 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió un amparo en el mismo sentido: el Congreso estatal debe acatar y reformar la normativa, de lo contrario los legisladores se harán acreedores a sanciones que incluyen multas e incluso la inhabilitación de 5 a 10 años para ocupar cargos públicos.
La activista Hernández Camargo hizo un llamado al Congreso local y a la Secretaría de Salud de esa entidad a cumplir con lo ordenado por el tribunal, otorgar certeza jurídica a quienes decidan interrumpir un embarazo y garantizar la prestación del servicio en hospitales públicos. La exigencia es clara: que se respete la sentencia, se elimine la penalización y se garantice a las duranguenses el acceso libre, seguro y gratuito a este derecho.
Querétaro
El Congreso de Querétaro rechazo en octubre de este año una iniciativa para despenalizar parcialmente el aborto, a pesar de que la Suprema Corte ha declarado inconstitucionales los artículos que lo criminalizan y otros estados ya lo han hecho. La decisión se tomó en una sesión criticada por falta de diálogo y transparencia. Actualmente, solo permite el aborto en casos de violación o cuando el embarazo es resultado de un accidente, y a pesar de la inconstitucionalidad, el congreso se resiste a armonizar su Código Penal.
En Querétaro también han predominado los gobiernos encabezados por el PAN.
Nuevo León
En la actualidad el aborto en Nuevo León está penalizado por el Código Penal local hasta con un año de prisión para la mujer que aborte voluntariamente. Sin embargo, existen ciertas razones por las que el aborto esta despenalizado en Nuevo León: Cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando de no realizarse el aborto la mujer corra peligro de muerte o de grave daño a su salud.
Esta entidad, considerada entre las más importantes financieramente, ha sido gobernada por el PAN, PRI, un independiente y por Movimiento Ciudadano.
Sonora
El aborto de manera voluntaria por decisión propia de la mujer no es legal, pero su ley establece que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo por tres causales; violación, aborto de manera voluntaria y peligro de muerte de la persona gestante.
El aborto en Sonora es un delito tipificado en el Código Penal y esta reforzado por un “candado legal” en la Constitución local que protege la vida desde la concepción.
Las colectivas feministas han intensificado su lucha para exigir la despenalización y legalización inmediata de esta práctica y denuncian falta de voluntad política y misoginia por parte del gobierno del morenista Alfonso Durazo, quien le ha dado largas al tema desde que llegó al poder en 2021.
En el siglo XXI los gobiernos de Sonora han sido en tres ocasiones del PRI, del PAN y de Morena.
Tamaulipas
En Tamaulipas el aborto sigue siendo un delito con excepciones legales, si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer corre peligro, o por imprudencia de la mujer, pero hay un proceso legislativo en curso para cambiar esta situación y las mujeres que buscan una interrupción voluntaria deben buscar servicios en otros estados de México.
El presidente de la Junta de Gobierno de la diputación local, Humberto Prieto Herrera, declaró a Milenio el 30 de otubre pasado, que ya tienen casi lista una iniciativa sobre la despenalización del aborto y el proyecto legislativo será llevado a un parlamento abierto donde la ciudadanía pueda expresar sus puntos de vista sobre el tema.
Aunque no precisó cuándo. Señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales, en su momento habrá de dictaminar la propuesta, para posteriormente someterla a consideración del Pleno del Congreso Local, que decidirá si se aprueba.
Tamaulipas ha sido gobernador en el presente siglo tres veces por el PRI, una vez por el PAN y ahora por Morena.
SEM/em/sj
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: 
