Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 12 de enero, 2026.-El nacimiento de un bebé el 5 de enero en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuya madre era una niña tzotzil de 13 años, encendió todas las alarmas sobre un problema estructural de violencia sexual, desigualdad e indiferencia sobre la condición real de cerca de 10 millones de niñas y adolescentes en México, no sólo pobres y no sólo indígenas.
Las organizaciones de mujeres allá en Chiapas afirmaron que ninguna niña puede consentir relaciones sexuales forzadas o manipuladas, ni puede ser obligada a la maternidad, porque la experiencia y los estudios de más de 11 años indican que todo embarazo infantil debe ser atendido como un indicador de violencia sexual, conforme a la legislación nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos.
La Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, la Red Estatal Aborta Libre Chiapas y la organización 50+1 expresaron su preocupación por la persistencia de la violencia sexual contra menores de edad, el matrimonio infantil, legalmente prohibido, las uniones forzadas y las omisiones institucionales que ocurren en México, especialmente en Chiapas.
También reflexionaron que no se trata de acciones policiacas, sino de investigar con enfoque de derechos de las infancias, con perspectiva de género y cumplimiento de la NOM 046, relativa a atención médica y orientación para quienes sufren violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Además, la problemática fue abandonada. Este 23 de enero cumple 11 años la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que buscaba (2030) erradicar el embarazo infantil.
En 2024, 56 mil 610 niñas menores de 16 años o menos, 155 al día, dieron a luz a un bebé; mil 652 tenían entre 10 y 13 años, con 6 mil 243 nacimientos, más de 17 al día. En 2014 nacían, según INEGI, 3 mil 285 bebés de madres de 12 a 14 años, nueve cada día; hoy es casi el doble.
¿Entonces? Esa política de acciones, estrategias y decisiones gubernamentales ante el problema contra las niñas y adolescentes, de salud pública y violaciones de derechos humanos, no sólo no se atendió, sino que se multiplicó.
Tenemos que preguntarnos qué fue lo que no se hizo a partir de 2018, si en 2014 nueve niñas daban a luz diariamente y en 2020 llegaron a 27; porque, sin desaparecer formalmente a la ENAPEA, seguimos siendo el país con el primer lugar en embarazo adolescente e infantil.
En México (2024), uno de cada cuatro nacimientos es de menores, a pesar de diagnósticos y de un conocimiento a detalle sobre entidades, lugares y municipios donde más niñas o adolescentes se embarazan sin su voluntad.
Urge una estrategia real, conocidos los detalles de dónde, cuándo y por qué niñas son madres, localizados los municipios de mayor incidencia, conocidas las entidades como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca.
Estos datos derriban que los embarazos infantiles estén ligados solamente a la pobreza y a la condición indígena; todo está verificado. Hay dos municipios con casi 700 madres menores: León, Guanajuato, y Jerez, Chihuahua.
Así se ejemplifica la existencia de información detallada y accesible, analizada y publicada por el Consejo Nacional de Población. ¿Por qué no hay políticas?
La presidenta de la República, apenas en julio pasado, se sorprendió: “no puede ser”, dijo; es claramente resultado de la violencia sexual infantil.
Me pregunto: ¿es desdén de su equipo?, ¿negligencia de las autoridades responsables?, ¿visión patriarcal que no ve, ni sabe, ni le importa que hablamos de las vidas de probables y futuras mujeres plenas, felices, desarrolladas, no sujetas a maternidades prematuras o impuestas por matrimonios forzados y malas costumbres? ¿Quiénes deberían actuar? Veremos.
Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx
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