- Los casos pasaron de 12 mil 436 en 2024 a 13 mil 982 en 2025, según el IMDHD
- Los datos alertan sobre una emergencia social que se ha desbordado cada vez más
Rubén Pérez
SemMéxico/El Sol de México, Toluca, 19 de enero, 2026.- En un año el número de personas desaparecidas en el Estado de México aumentó de 12 mil 436 casos registrados en 2024 a 13 mil 982 en 2025, lo que representa un incremento de 12.4 por ciento.
Los datos corresponden al corte del 16 de mayo de ambos años, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, organismo que advierte una tendencia ascendente del problema.
En este último año de gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el territorio mexiquense se colocó a la cabeza en la cifra de personas desaparecidas, un problema que a nivel nacional ha venido creciendo desde 2022, colocando en focos rojos a la entidad.
De los 13 mil 982 desaparecidos en el Estado de México, el 59.6 por ciento; es decir, 8 mil 342 son hombres, y el resto, 40.33 por ciento, corresponde a mujeres, lo que equivale a 5 mil 628 casos.
Los datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia revelan que 3 mil 977 de las personas tenían menos de 18 años cuando desaparecieron. El 22 por ciento de los casos de mujeres desaparecidas (mil 238 casos) está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.
Los municipios más afectados por este problema de inseguridad pública son Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan. Al corte del 16 de 2025, Atlautla continúo presentando la mayor cantidad de casos, aunque disminuyó el número en comparación con el 2024, reportó cuando reportó mil 861 desapariciones. En los demás municipios los casos aumentaron.
Los datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia alertan sobre una emergencia social que ha venido desbordándose cada vez más, a pesar de los discursos oficiales que resaltan disminuciones en diversos delitos en el Estado de México.
Según esta organización, los familiares de las víctimas están a menudo indefensos ante un sistema de justicia, que está sobrecargado y a menudo no responde en tiempo y forma a las exigencias mínimas de los familiares.
Frente a esto, dice que es importante generar capacidades en las familias, apoyar y fortalecer la conformación de grupos y colectivos, logrando que se garantice su participación tanto en la búsqueda como en la investigación.
A nivel nacional, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia afirma —con base a información oficial— que se reconocen más de 120 mil personas desaparecidas, pero entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas se sostiene que el número es mucho mayor.
Razones asociadas a la escasa denuncia y las insuficientes investigaciones emprendidas por las autoridades ministeriales, revelan la profunda debilidad de las instituciones estatales para garantizar los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad, al acceso a la justicia y a la protección judicial de los millares de víctimas, así como el derecho de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación adecuada.
Interviene el Congreso
En un intento por frenar la cascada de desapariciones en el Estado de México, el Congreso local intervino dando aprobación a una iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Con este proyecto, votado por las diversas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, se pretende fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
También contempla apoyar a las familiares de las personas desaparecidas con acciones en materia de seguridad, atención jurídica y psicológica, pues el problema genera una serie de impactos paralelos.
La intención es poner en marcha diversas herramientas, como un sistema de información de personas desaparecidas, de actualización permanente y difusión en sectores prioritarios.
También se establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda y obliga a las instituciones a permitir el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías.
Usarán datos biométricos
Los congresistas mexiquenses dieron su anuencia para que autoridades, instituciones públicas y privadas, y particulares que administren datos biométricos, registros, imágenes, información forense, cuerpos o restos humanos, estén obligadas a contribuir a la solución del problema.
Estas instancias deberán permitir la consulta inmediata de sus bases de datos a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda, exclusivamente para la búsqueda, localización, identificación e investigación de personas desaparecidas.
El proyecto que aprobaron los legisladores puntualiza que los establecimientos de salud, centros de atención, reinserción social, asistencia social y estaciones migratorias mantendrán registros completos y actualizados y permitirán su consulta.
Lo mismo tendrán que hacer quienes resguarden cuerpos o restos humanos, asegurando siempre un trato digno y se registrará información forense para interconectarla y remitirla al Banco Nacional de Datos Forenses.
Reacción inmediata
El Poder Legislativo estableció que cualquier autoridad que reciba un reporte o denuncia de desaparición deberá registrarla de inmediato, enviar una ficha de búsqueda a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda, conforme a la alerta nacional en la materia.
La obligación será difundir esta ficha entre autoridades, medios públicos, transportistas, administradores de vías y cualquier ente con capacidad de transmisión, y notificar al Registro Nacional de Población, para activar alertamientos en la Plataforma Única de Identidad y reportar cualquier uso de la Clave Única de Registro de Población o coincidencia de datos a las autoridades competentes.
En tanto, la Comisión de Búsqueda de Personas emitirá y difundirá públicamente los lineamientos que regulen el funcionamiento del registro estatal y coordinará su operación.
Asimismo, solicitará la participación de la Guardia Nacional y de quienes integren las instituciones de seguridad pública estatal y municipales para que realicen acciones specíficas de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas; además, suscribirá convenios de colaboración y coordinación.
Paralelamente, la Comisión realizará las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en la Plataforma Única de Identidad, así como en las demás bases de datos y registros que establece la ley general en la materia.
Funcionarios especializados
Ante la gravedad del problema de desaparecidos en el Estado de México, los diputados locales acordaron impulsar un fortalecimiento de las instituciones, por lo que aquellas encargadas de la seguridad pública estatal y municipal deberán contar con servidores públicos especializados.
Para ello se contará con capacitación con los más altos estándares internacionales, técnicos y científicos para la búsqueda e investigación de los delitos, con pleno respeto a los derechos humanos y con enfoque psicosocial en materia de búsqueda de personas.
La Fiscalía Especializada tendrá recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios, con capacidad de presentar los casos ante un tribunal con perspectiva de género.
De igual manera, se contará con unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, y áreas en delitos cibernéticos; además de personal ministerial, policial, pericial, de análisis de contexto y de apoyo psicosocial.
Informe mensual
En este nuevo esfuerzo por combatir las desapariciones, derivado de la propuesta de la gobernadora y la aportación de la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá enviar mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe con el número de personas desaparecidas y no localizadas.
También tendrá que hacer llegar las carpetas de investigación o averiguaciones previas, su estado procesal, las acciones de búsqueda e identificación y cualquier otra información relevante y, además, incorporará y actualizará de forma permanente la Base Nacional de Carpetas de Investigación con los expedientes correspondientes.
El dictamen establece que cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una persona desaparecida mediante noticia, reporte o denuncia, incluso de manera anónima y sin necesidad de ratificación.
Asimismo, dispone que la búsqueda y la investigación deberán iniciarse de forma inmediata. En estos supuestos, la autoridad que reciba la solicitud deberá informar de manera inmediata a la Fiscalía Especializada, a fin de que inicie la investigación correspondiente, asigne la carpeta y, en su caso, sancione las omisiones, sin que exista plazo alguno de espera para la actuación.
La Secretaría de Salud dictará las medidas especiales de seguridad sanitaria que sean necesarias para proteger la salud de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; y colaborará en las acciones en materia de búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas, dentro de las unidades hospitalarias y prehospitalarias, centros de atención de adicciones o de rehabilitación, centros de atención psiquiátrica e instituciones de salud mental.
SEM-El Sol de México/rp
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