Debe gobierno de Chihuahua pagar y reparar el daño por negar derecho al aborto

● Victoria histórica, marca un precedente frente a negligencia estatal

● Organizaciones siguen obstaculizando el acceso a la interrupción legal del embarazo pese a fallos del PJF y de la SCJN

Redacción

SemMéxico, Chihuahua, 6 de febrero, 2026.- En un hecho sin precedentes para el estado de Chihuahua, el Gobierno de esta entidad cumplió una sentencia de amparo en favor de una adolescente, víctima de violación, a la que se le negó el servicio de aborto de acuerdo a la NOM 046, en 2023, con ello reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de las víctimas.

La adolescente, acompañada de Marea Verde Chihuahua y AbortistasMx, pudo acceder a un aborto seguro gracias a la suspensión otorgada por la jueza de Distrito que conoció su caso, señalan ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

Sin embargo, su lucha no terminó ahí pues la primera negativa que recibió constituye una violación a los derechos fundamentales, hecho que fue reconocido por los Tribunales Colegiados, los cuales consideraron que las autoridades tenían que resarcir económicamente el trauma y la violencia institucional generada por la negativa inicial.

A casi tres años, el Sistema de Salud estatal sigue resistiéndose a garantizar el derecho al aborto, pues es importante recordar que desde el 27 de mayo de 2024 los Tribunales Colegiados, a través de cuatro sentencias, ordenaron a los servicios de salud de Chihuahua la prestación de los servicios de aborto voluntario y el 31 de enero de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los artículos que castigaban el aborto voluntario y específicamente en materia de aborto por violación, eliminó la fracción que imponía un plazo de 90 días a las víctimas para poder acceder a su derecho.

Esta victoria envía un mensaje contundente: en Chihuahua negar el aborto por violación no solo es ilegal, es una violación a los derechos humanos y, por tanto, cada negativa impactará en el erario público. Con ello, se deja claro que la autonomía de las personas con posibilidad de gestar no es negociable y que si las autoridades continúan en desacato esto tendrá consecuencias reales.

Llamaron a todo el Sistema Estatal de Salud para que el cumplimiento de esta reparación del daño garantice las medidas de no repetición, no solo para la adolescente, sino para todas las personas que necesiten un aborto para que ninguna otra persona deba recurrir a un juicio de amparo para acceder a un servicio de salud urgente.