- Frente por los derechos de las mujeres en Yucatán demanda acciones para atender a la población en comunidades indígenas
- Nos faltan derechos, nos sobra violencia, sostiene la organización
Redacción
SemMéxico, Yucatán, 8 de marzo, 2026.- Graves dificultades en la prevención de violencia, acceso a la justicia, salud y derechos reproductivos enfrentan las mujeres y niñas en Yucatán, especialmente en los municipios y comunidades indígenas.
De acuerdo con el Frente por los derechos de las mujeres en Yucatán diversos diagnósticos de políticas públicas y organizaciones civiles señalan que los servicios especializados, como atención jurídica y psicológica se concentran principalmente en Mérida, lo que limita la cobertura para las mujeres en zonas rurales.
La escasez de personal especializado y la insuficiente difusión de programas críticos, como la NOM-046 para atención de víctimas de violencia sexual, evidencian la necesidad de reforzar la infraestructura y los recursos para la atención de las mujeres.
En su recuento sostienen que falta prevención y atención para que haya protección. Señalan que la subsecretaría responsable de prevenir la violencia contra mujeres y niñas cuenta únicamente con tres personas para todo el estado.
Tampoco hay acompañamiento jurídico ha provocado que muchas mujeres pierdan sus casos, con consecuencias graves para su empleo, salud física y mental.
Se requiere contratar abogadas y abogados especializados, así como personal capacitado para brindar atención integral en municipios del interior del estado y la educación sigue siendo un área clave: se necesitan programas permanentes de educación sexual integral, igualdad de género y prevención de violencia, así como acciones dirigidas a hombres y jóvenes para transformar normas sociales.
El Frente por los derechos de las mujeres en Yucatán, en el rubro de Justicia para las Mujeres sostiene que sólo 9.5 por ciento de los delitos se denuncian en Yucatán, lo que significa que más del 90 por ciento de los casos no llegan al sistema judicial y el 95 por ciento de las denuncias por violencia familiar se concentran en Mérida, dejando a las mujeres rurales con acceso limitado a la justicia.
Consideran que existen barreras adicionales afectan a mujeres indígenas: 70 por ciento desconocen las órdenes de protección, aunado a la inexistencia de intérpretes en lengua maya dificulta la denuncia.
El Frente propone ampliar los Módulos de Atención Ciudadana y establecer mecanismos accesibles de quejas y sugerencias para fortalecer el acompañamiento jurídico.
En el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos y oportunos citan que la mortalidad por cáncer cérvico-uterino es de aproximadamente 20.3 muertes por cada cien mil mujeres, y la de cáncer de mama la relación es de 10.5.
Alrededor del 17 por ciento de los nacimientos corresponden a madres adolescentes, lo que evidencia retos en salud sexual y reproductiva y hay escasez de medicamentos, deficiencias de infraestructura y largos tiempos de espera afectan la atención oportuna en hospitales públicos como el O’Horán, el Hospital Psiquiátrico y el IMSS.
En cuarto lugar, refieren que la Norma 046 es ignorada, entre 2010 y 2024, dos mil 453 mujeres denunciaron violación, pero sólo 81 accedieron a la interrupción legal del embarazo, es decir, 3.3 por ciento de las denunciantes.
De igual forma aluden al centralismo, ya que estos servicios se concentran en Mérida, Valladolid y Oxkutzcab, con escasa cobertura en otros municipios. En 2024, únicamente se destinaron 11,400 pesos para difundir la norma, lo que equivale a 0.00019 por ciento del presupuesto estatal en salud.
En el apartado niñas libres y seguras, no a la maternidad forzada, Yucatán está entre los primeros 10 estados con mayor embarazo infantil en México. Refieren que, en 2023, 1.54 embarazos por cada mil niñas de 10 a 14 años y 41.57 embarazos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.
Aproximadamente 17 por ciento de las madres tienen entre 12 y 19 años, lo que indica que 1 de cada 5 embarazos corresponde a menores de edad. Factores de riesgo: violencia sexual (hasta 95 % de casos), matrimonios tempranos, normas culturales, falta de educación integral de la sexualidad y desigualdad social, con las consecuencias de abandono escolar, pobreza, dependencia económica y riesgos graves para la salud materna e infantil.
Por ello, llaman a que las mujeres y niñas en Yucatán requieren atención integral, prevención efectiva y justicia accesible. Se hace un llamado a las autoridades estatales y federales para: Ampliar cobertura de servicios de atención en municipios rurales e indígenas.
Proponen fortalecer la educación y prevención de la violencia desde las escuelas y comunidades, garantizar acceso efectivo a la justicia y cumplimiento de la NOM-046; así como mejorar la infraestructura de salud y el suministro de medicamentos, con enfoque territorial y de género.
El bienestar, la seguridad y los derechos de las mujeres y niñas son prioridad para construir una sociedad más justa e igualitaria en Yucatán.
El Frente por los derechos de las mujeres en Yucatán está integrado por Gina Villagómez Valdés, Ligia Vera Gamboa, Bertha Elena Munguía Gil, Nancy Walker Olvera, María Teresa Munguía Gil, Milagros Herrero Buchanan, Adelaida Salas Salazar y Leticia Murua Beltrán.
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