Foto cortesía de la presidencia: Actualmente hay entidades federativas como la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala sus códigos penales ya establece que el feminicidio no prescribe
Incluye como delito toda tentativa de feminicidio, que presentaron en 2022 las organizaciones sociales
La iniciativa propone investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, unificar el delito a nivel nacional
Pablo Rodríguez y Rafael Ramírez
SemMéxico/ El Sol de México, 25 de marzo, 2026.- La iniciativa presentada por el gobierno de México y la Fiscalía General de la República para reformar la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio busca cambiar el marco normativo sobre este delito.
Entre los cambios más destacados está que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio.
“Toda muerte violenta debe investigarse bajo la hipótesis de feminicidio”, dice la presentación de la iniciativa.
Actualmente, el Código Penal Federal, en su artículo 325, establece que un homicidio de una mujer se investigue como posible feminicidio cuando hay presencia de violencia sexual, antecedentes de violencia, la existencia de una relación con el agresor, amenazas, incomunicación de la víctima o la exposición del cuerpo en un lugar público.
Si no hay ninguno de estos supuestos, las autoridades pueden omitir la línea de investigación de feminicidio.
Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la homologación del tipo penal a nivel nacional, con el objetivo de eliminar diferencias entre legislaciones estatales y garantizar criterios uniformes en la persecución del delito.
Por lo que la propuesta incluye penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de sancionar la tentativa con castigos que van de la mitad a dos terceras partes de la pena correspondiente.
El proyecto también endurece el marco de sanciones mediante la incorporación de 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad o persona adulta mayor, tener discapacidad o ser migrante, así como factores contextuales como que el crimen se cometa frente a hijas o hijos o que el agresor sea servidor público.
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Además, la iniciativa específica que las personas acusadas de feminicidio no podrán solicitar los beneficios de la amnistía, tampoco tendrán acceso a la libertad condicionada ni conmutación de penas.
Otro de los puntos que se buscan homologar es que el delito, su sanción y la reparación del daño no puedan prescribir.
Actualmente hay entidades federativas como la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala sus códigos penales ya establece que el feminicidio no prescribe.
En materia de investigación, se contempla el aplicar protocolos especializados y analizar antecedentes de violencia aun cuando no existan denuncias previas.
Asimismo, se prevé la creación de fiscalías especializadas y un Protocolo Nacional Homologado para estos casos.
La propuesta también fortalece los derechos de las víctimas, al garantizar acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asesoría jurídica gratuita y medidas de protección.
De manera particular, incorpora acciones para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, incluyendo la creación de un registro nacional.
Presentación 24 de marzo: Presidencia y FGR proponen Ley General contra el feminicidio con penas de hasta 70 años
Ernestina Godoy, sostuvo que el feminicidio no puede entenderse únicamente como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos / Foto: Roberto Hernández / Cuartoscuro.com
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con la que se busca homologar el marco legal en todo el país y fortalecer la actuación de las autoridades frente a este delito.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo que el feminicidio no puede entenderse únicamente como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado.
“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas. Es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia”, afirmó.
La funcionaria adelantó que el próximo 15 de abril la Fiscalía General de la República presentará un plan estratégico de procuración de justicia que será entregado al Senado y al Ejecutivo federal.
Durante la conferencia, la presidenta Sheinbaum adelantó que hoy mismo será enviada al Senado de la República y adelantó que no cree que nadie se oponga a una reforma de esta índole.
Homologación y penas más severas
La iniciativa contempla establecer un tipo penal único a nivel nacional, con penas que van de 40 a 70 años de prisión, además de sancionar la tentativa con castigos equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la pena.
El proyecto reconoce nueve razones de género para tipificar el feminicidio, entre ellas violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima y exposición del cuerpo.
También incorpora 21 agravantes, como que la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor, tenga discapacidad, sea migrante o pertenezca a pueblos indígenas o afrodescendientes, así como cuando el crimen se cometa frente a hijos o hijas.
Investigación obligatoria y sin prescripción
Uno de los ejes centrales de la propuesta es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, con protocolos homologados en todo el país y con perspectiva de género obligatoria.
Además, el delito será perseguido de oficio y tanto la acción penal como las sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles.
La iniciativa también establece que los responsables perderán derechos sucesorios, patria potestad, tutela y cualquier beneficio legal relacionado con la víctima.
Fiscalías especializadas y coordinación
El proyecto plantea la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en feminicidio, con personal certificado y capacitado, así como la intervención continua del Ministerio Público durante todas las etapas del proceso penal para evitar interrupciones en las investigaciones.
Asimismo, se propone fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, además de establecer políticas públicas integrales para prevenir la violencia feminicida.
Godoy subrayó que esta propuesta fue elaborada de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, con base en estándares nacionales e internacionales y sentencias en materia de derechos humanos.
“La obligación del Estado es investigar con debida diligencia reforzada y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, concluyó.
Ley general contra feminicidio prioriza a víctimas y protección a huérfanos
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, afirmó que la nueva Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio coloca en el centro a las víctimas y, de manera especial, a niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras estos crímenes.
Durante la presentación de la iniciativa impulsada por el gobierno federal en Palacio Nacional, la funcionaria subrayó que el feminicidio no solo arrebata la vida de las mujeres, sino que impacta de forma profunda a sus familias y entornos cercanos.
“Estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero, sin duda, también cambia la vida de las personas de sus círculos cercanos, sobre todo de sus hijas e hijos”, señaló la funcionaria en la mañanera presidencial.
Gómez Saracíbar explicó que la propuesta articula un catálogo amplio de derechos para víctimas directas e indirectas, que incluye acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica de urgencia —incluyendo casos de tentativa—, así como asistencia jurídica gratuita y acceso a servicios de salud, educación y seguridad social.
Destacó que uno de los ejes centrales es la atención a menores en situación de orfandad por feminicidio, quienes tendrán derecho a protección integral del Estado y a mecanismos específicos de restitución de derechos.
Reparación integral y sin revictimización
La subsecretaria enfatizó que la reparación del daño no se limita a una compensación económica, sino que debe ser “adecuada, efectiva, rápida y proporcional”, incorporando políticas públicas de restitución de derechos y protección para las víctimas.
En ese sentido, la iniciativa establece lineamientos para que medios y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas y sus familias, evitando la difusión de imágenes o contenidos que revictimicen o hagan apología del delito.
“No puede haber una exhibición amarillista de las víctimas o de sus deudos”, advirtió.
Prevención y coordinación institucional
La funcionaria señaló que la ley parte del reconocimiento de que el feminicidio es resultado de violencias sistemáticas previas, por lo que propone fortalecer las acciones de prevención, atención temprana y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Entre las medidas planteadas se encuentran evaluaciones de riesgo oportunas, acceso a refugios, atención jurídica especializada y el fortalecimiento de servicios como centros de justicia para mujeres, redes de abogadas y líneas de atención.
Además, se contempla la creación de una comisión especial dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encargada de dar seguimiento a la implementación de la ley, coordinar capacitaciones y articular campañas permanentes contra la violencia feminicida.
Registro nacional de huérfanos por feminicidio
Como parte de las acciones estructurales, la iniciativa propone crear un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este instrumento permitirá diseñar políticas públicas específicas y actualizar protocolos de atención para garantizar la restitución de derechos de las víctimas indirectas.
“La propuesta busca no solo sancionar el delito, sino atender de manera integral sus consecuencias sociales”, concluyó la subsecretaria.
Rafael Ramírez: Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos. Rodríguez: Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión
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