- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, con estatus consultivo ante la OEA y ECOSOC, llaman a las autoridades a proteger a la defensora
- Los ataques se dan en un contexto difícil para México
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió una Acción Urgente en la que exige al Estado mexicano y a las autoridades del municipio de Coahuila y de Saltillo, garantizar de manera inmediata la seguridad e integridad física, psicológica y patrimonial de Jaqueline Campbell Dávila y emitir una comunicación pública rechazando los ataques en su contra.
La Acción Urgente ha sido promovida por actos de hostigamiento, difamación, amenaza implícita y violencia de género ejercida en contra de la defensora de Derechos Humanos y periodista.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad también pidió instruir a las autoridades municipales a responder formalmente las solicitudes de audiencia presentadas desde enero de 2026.
Ordenar una investigación independiente sobre la posible colusión entre funcionarios, operadores políticos y los actores que difundieron los contenidos difamatorios y revisar el litigio patrimonial en curso e investigar si constituye un acto de represalia contra la defensora.
La asociación civil con Estatus Consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2009 y Estatus Consultivo Especial por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), desde 2021, hace en la Acción Urgente un recuento de los hechos que determinan los actos de violación a los derechos de Campbell.
Señalan que los días 3 y 4 de abril de 2026, período de Semana Santa, la defensora Campbell Dávila fue objeto de una campaña coordinada de difamación, desprestigio y ataques de género difundida a través de la red social Facebook.
Entre los ataques destacan acciones desacreditación directa de su trabajo como defensora y activista vecinal; agresiones personales con marcado contenido de violencia de género; difamación y desprestigio público.
El lenguaje utilizado coincide con otros ataques previos difundidos por un medio de comunicación presuntamente controlado financiera y editorialmente por el Gobierno del Estado de Coahuila.
Por ello, en la Acción Urgente se señala que, en el contexto estructural de impunidad, México cuenta con más de 132 mil personas desaparecidas, altos índices de feminicidio y zonas bajo control criminal.
La Relatora Especial de la ONU para Personas Defensoras, Andrea Bolaños, ha señalado que la región atraviesa “un momento en que las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a una presión sin precedentes y a un retroceso acelerado”.
Aunado a ello, Jackie Campbell enfrenta un litigio activo de más de cuatro años sobre su propiedad que aumenta su precariedad y exposición a represalias adicionales.
Las publicaciones agreden directamente su trabajo como activista vecinal en el Centro Histórico de Saltillo, Coahuila, donde encabeza una organización de vecinas y vecinos que exige al Ayuntamiento ser escuchada sobre el impacto de la proliferación de bares en una zona habitacional de alto valor patrimonial.
Sobre Jaqueline Campbell Dávila, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad expone que ella es defensora de derechos humanos con amplia trayectoria nacional e internacional, defiende mujeres víctimas de violencia vicaria, defendió en el caso Castaños, Coahuila, México, en julio de 2006, a mujeres que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares.
También ha defendido a personas privadas de su libertad y a comunidades indígenas, además de trabajar estrechamente con el obispo José Raúl Vera López. Actualmente, Jaqueline Campbell Dávila encabeza la protección del Centro Histórico de Saltillo y en la denuncia de irregularidades urbanísticas, administrativas y de corrupción en el municipio.
Esta labor comprende la organización y representación de vecinas y vecinos del Centro Histórico ante el Ayuntamiento de Saltillo; la denuncia de procesos de gentrificación, desplazamiento forzado de familias y destrucción del patrimonio histórico catalogado y la publicación de artículos de investigación sobre corruptelas relacionadas con la apropiación de propiedades en la zona centro.
Así como el ejercicio del derecho de petición ante el alcalde de Saltillo para obtener audiencia pública sobre el impacto de la proliferación de establecimientos de giro de bares en la zona habitacional del Centro Histórico.
16 de febrero de 2026, Jaqueline Campbell -en nombre de la organización vecinal solicitó por escrito una audiencia con el alcalde de Saltillo para abordar asuntos como el ruido desmedido y contaminación sonora generada por bares con decibeles fuera de norma.
Inseguridad, suciedad, tráfico, bloqueo de accesos residenciales, presencia de sustancias ilícitas y posibles conductas vinculadas a trata de personas; destrucción de patrimonio histórico catalogado o no catalogado, para instalar establecimientos comerciales y la falta de estacionamiento y mal estado de calles adyacentes.
El 3 de marzo de 2026 se amplió para señalar tres bares específicos y se hizo notar que, independientemente de si funcionarios municipales o sus asociados tuvieran interés económico en dichos establecimientos, la comunidad tiene pleno derecho a exigir su clausura por incumplimiento reglamentario.
A la fecha de emisión de esta acción urgente, la solicitud no ha recibido respuesta alguna, ni siquiera una negativa formal.
En la Acción Urgente, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad enumera seis normativas internacionales y nacionales que se violentaron en este nuevo ataque a Jackie Campbell:
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre Personas Defensoras, ONU, 1998), arts. 1, 2, 6 y 12.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), arts. 2, 6 y 7.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), arts. 1 y 2.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (México), arts. 6, 10 y 18 (violencia política y violencia digital).
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (México, 2012).
Directrices de la Unión Europea sobre Personas Defensoras de los Derechos Humanos (2008, revisadas 2019).
Las personas destinatarias que recibieron la Acción Urgente son la presidenta Claudia Sheinbaum; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres; Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Manolo Jiménez Salinas, Gobernador de Coahuila de Zaragoza; Oscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado de Coahuila, y José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Tras esta Acción Urgente se han pronunciado diversas organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos que reconoce y respalda a Jackie Campbell, periodista y defensora de derechos humanos, integrante de nuestro Grupo Impulsor.
SEM/sj
https://www.cepal.org
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