● Es necesario enfocar esfuerzos para que la seguridad social universal no sea una utopía.
● Indispensable emitir el reglamento para el uso del cannabis terapéutico y medicinal, su prohibición sería inconstitucional.
Redacción
SemMéxico. Ciudad de México. 30 de septiembre 2019.- Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela; la senadora Patricia Mercado Castro, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pidió su opinión sobre las estrategias a implementar respecto al alto índice de embarazo infantil de niñas de 10 a 12 años; la situación de pobreza a causa de la falta de la seguridad social y los cuidados paliativos como un derecho constitucional, temas que calificó como dolores de la vida cotidiana.
En su participación, la legisladora subrayó que, pese a existir una recolecta de información sobre los nacimientos ocurridos tanto en establecimientos de salud pública, como privados, no hay información de la edad y la situación del padre, en el caso de embarazo infantil.
“El INEGI tiene algo sobre padres a partir de los 15 años; sin embargo, la información del padre nos podría servir como un elemento más fuerte, para saber cuántas niñas fueron embarazadas por mayores de edad. Si tuviéramos esos datos pudiéramos claramente aplicar las normas que nos obligan a ofrecer la interrupción al embarazo, ¿cómo están analizando esta cuestión?”, preguntó.
Mercado Castro refirió que más del 60% de las niñas, han sido atendidas por el seguro popular; 80% de ellas no estudian, ni trabajan formalmente, algunas hacen trabajo en los hogares. A su vez, subrayó que no hay campañas de difusión ni de información sobre la NOM-046, la cual garantiza el acceso al servicio de interrupción del embarazo en casos de violación sexual. En dicho tenor, cuestionó: “¿Cómo la Secretaría de Salud puede hacer más sobre la norma 046?, ¿cómo se ordena de manera contundente a las diferentes instituciones para que apliquen la ley frente a un embarazo producto de una violación?”
La legisladora ciudadana recordó que en el Senado ya se votó el tema de cuidados paliativos, sin embargo, cuestionó sobre qué ha pasado en el tema de la voluntad anticipada, a qué problemas se han enfrentado, y cómo se ha preparado el sector salud para garantizar el derecho de cuidados paliativos que ya es hoy, un derecho constitucional.
En lo que se refiere al sistema de salud, subrayó que el 41% del gasto de salud es un costo de bolsillo que asumen las familias mexicanas, por lo cual es necesaria una mayor inversión. En tanto, refirió que el Coneval reveló que la pobreza no se ha movido debido a los bajos salarios y, sobre todo, debido a la falta de seguridad social; 71 millones de personas no cuentan con este servicio.
También puntualizó que será necesario hacer reformas fiscales y enfocar esfuerzos para que la seguridad social universal deje de ser una utopía y se convierta en una realidad.
Necesaria reglamentación del cannabis terapéutico y medicinal ante titular de Cofepris
Posteriormente, durante la comparecencia del titular de la Cofepris, cuestionó a José Novelo Baeza sobre la falta de publicación del reglamento del cannabis terapéutico y medicinal, ya que, recordó que en 2017 se aprobó la reforma legal que ordena la emisión del reglamento y en este año la SCJN reiteró a Cofepris que tienen que emitirlo para lo cual les dio 180 días; y sigue sin emitirse. En este tema el comisionado Novelo Baeza, se comprometió a publicar dicho reglamento en el plazo marcado por la Corte.
Pacientes con epilepsia, diabetes, entre otros, serían los más beneficiados. “En muchos casos las familias se ven en la necesidad, al no existir el reglamento, de acudir a un mercado ilegal o a cultivar de manera ilícita, por lo que la regulación tendría un impacto muy positivo”, aseguró.
Ante la respuesta del comisionado sobre que realmente no existen propósitos terapéuticos, sino un gran interés económico para el uso de la cannabis, Patricia Mercado enfatizó que la SCJN acudió a la evidencia científica para determinar que la prohibición es inconstitucional, por lo que el reglamento debe estar por encima de las visiones personales.
Al finalizar, señaló que la tarea del Poder Legislativo será cambiar la Ley General de Salud y legislar en materia de política de drogas tomando en cuenta un concepto de libertad y autonomía personal.
