- Ello, dicen, trunca la preparación académica de las y los más vulnerables
- Se pretende despojar 145 millones de pesos a las y los jóvenes y al personal docente
Redacción
SemMéxico. Ciudad de México. 20 de junio 2020.- Al menos un millón de estudiantes, de los cuales 621 mil tienen una discapacidad, están en riesgo de perder sus estudios de nivel de enseñanza media, por la arbitrariedad del Gobierno federal de extinguir el Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, denunció el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
Las diputadas federales, Martha Garay Cadena, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables y Hortensia Noroña Quezada, secretaria de Comisión de Igualdad de Género, advirtieron que despojar de los 145 millones de pesos al fideicomiso, implica truncar el deseo de preparación académica de esta población escolar vulnerable y además el despido de profesores y personal administrativo.
Noroña Quezada enjuició: “el Gobierno federal empeña el futuro de este millón de jóvenes estudiantes y sus profesores, al quitarles recursos previamente asignados y ahora ese dinero público se va a regalar como dádivas proselitistas para intentar mantener los niveles perdidos de popularidad y aprobación entre quienes votarán el próximo año”.
La solicitud a la que se sumó el resto del Grupo Parlamentario del PRI, es que no se retiren los recursos del fideicomiso, en el entendido de que no son gastos superfluos o de propaganda o publicidad gubernamental, su destino es una causa social, atender a los alumnos que, por razones circunstanciales y ajenas a su responsabilidad, no pueden continuar sus estudios bajo el sistema escolarizado; sin embargo, tienen el derecho Constitucional de asegurar su acceso al Sistema Educativo Nacional.
Asimismo, piden a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, salvaguarden los derechos de la plantilla docente, muchos de ellos, personal capacitado en lenguaje de señas, sistema Braille o software que atiende a las personas con discapacidad visual y que están adscritos a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).
La diputada por el estado de Coahuila, Martha Garay Cadena, explicó que los CAED, forman parte de un programa de estudios a nivel medio superior para las personas que tienen algún tipo de discapacidad: auditiva, motriz, visual o intelectual.
El plan de estudios es el mismo que se cursa en preparatoria abierta, la diferencia radica en la metodología, por ejemplo, en el bachillerato no escolarizado las asesorías se imparten en lenguaje de señas o en sistema Braille, “el objetivo es reducir las brechas que existen para las personas con discapacidad, establecido en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México suscribió”.
Por su parte la diputada por el estado de Jalisco, Hortensia Noroña Quezada, aseguró que esta política de “austeridad republicana” para desaparecer los fideicomisos no traerá ningún beneficio social, por el contrario, “en esta administración de simulación y engaño, se descubre como una medida drástica y de voracidad presupuestaria”.
La política de extinción de fideicomisos estima recaudar, en cifras oficiales, entre 150 y 250 mil millones de pesos, la diputada priista insistió en remarcar que por más que intentan justificar, la medida es negativa y potencialmente regresiva, y contrasta con el supuesto logro de haber dominado la pandemia.
Concluyó, no nos queda otra alternativa que levantar la voz ante estas injusticias y evidenciar que la ocurrencia combinada con la desesperación político-electoral nos ha salido en menos de un año y medio, profundamente cara.
SEM/sl
