Órganos autónomos en riesgo
Yaneth Angélica Tamayo
SemMéxico. Cd. de México. 26 de junio de 2020.- En recientes días el titular del Gobierno Federal mediante su conferencia matutina planteó la idea de reestructurar las funciones que realizan los órganos autónomos, esto con la finalidad de evitar duplicidad de atribuciones y economizar en la partida presupuestaria.
Fundando la anterior propuesta en el supuesto desconocimiento que la ciudadanía tiene respecto de tales órganos y los cuales a su criterio simulan actuaciones que generan altos costos en recursos y nulas soluciones.
Entre los órganos de autonomía constitucional que señaló se encuentran el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Sistema Nacional de Protección de Niños (SIPINNA) y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
No obstante, llama la atención la particular declaración que se realizó respecto de las funciones y atribuciones que realiza el INE, en donde el mandatario afirmó que el instituto era el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y que pese a ello no garantizaba elecciones libres, siendo el más claro ejemplo de órganos creados para simular, motivo por el cual sería él quien vigilaría las elecciones.
Declaración que resulta preocupante, estando próximos a iniciar un proceso electoral en donde se renovarán gubernaturas, ayuntamientos y cámara de diputados a nivel local y federal, llevándose a cabo las elecciones más grandes de México al participar 30 entidades federativas.
De ahí que sea necesario analizar dicha declaración, debido a que la misma pudiera interpretarse como una amenaza al Instituto Nacional Electoral y a la democracia.
Por ello me parece útil que se conozcan los motivos que originaron la creación de los primeros órganos autónomos para comparar los motivos con las declaraciones emitidas por el titular del Gobierno Federal y así poder atribuirles un significado.
Lo primero que se debe saber es que a partir de 1990 el Estado mexicano atendiendo a la evolución social histórica se ha visto obligado a establecer figuras de autonomía constitucional con la finalidad de frenar, controlar y equilibrar a los poderes supremos como el ejecutivo, legislativo y judicial.
Figuras que fueron creadas ante la necesidad de la participación ciudadana en los procesos políticos, frente a un sistema cerrado y autoritario, en donde la violación a derechos humanos produjo la deslegitimación de los poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo.
Y cuya única alternativa fue generar espacios de participación que no estuvieran subordinados y que neutralizaran el abuso de poder que tradicionalmente imponía el Ejecutivo.
En el caso del IFE (ahora INE) a partir de 1996, ya como figura autónoma tuvo la tarea de fortalecer el régimen de partidos políticos y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía, pero además contribuyó a garantizar la autenticidad de las elecciones y la efectividad del voto en una época en donde éstas tradicionalmente estaban sujetas al control de un partido con mayor representación.
Lo cual trajo como resultado un equilibrio que propició transformaciones significativas en el sistema político.
Si bien, a lo largo del tiempo dicho órgano ha tenido duros señalamientos por quienes se han sentido desfavorecidos, se debe dejar en claro que el INE así como diferentes órganos autónomos desde su creación se han regido mediante sistemas de controles que permiten fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un Estado de derecho, así como brindar atención a las demandas sociales.
Sin embargo, estos sistemas de control han sido relegados por quienes reclaman y observan, ya que en algunos casos han preferido negociar sus derechos en vez de hacer uso de los medios jurídicos disponibles, situaciones consentidas que no deberían ser reprochables a ningún órgano.
En otras palabras, no es dable señalar y tratar de deslegitimar las funciones de un órgano o de una institución, por la indebida práctica o el desconocimiento de quienes tiene la responsabilidad de ejercer su acción, ya que al hacerlo se genera incertidumbre en la sociedad y al interior de estos órganos.
De modo que, el simple hecho de sugerir un reajuste de estructuras o una absorción de funciones de las figuras de autonomía constitucional, permite la posibilidad de que su subsistencia o aprobación presupuestal se emplee como mecanismo de presión sobre los propios órganos.
Además, la historia en nuestro país a demostrado que, cuando se concentra en un solo poder las atribuciones de otros órganos, éstos terminan respondiendo de una u otra manera a las preferencias del gobierno en turno o del partido mayoritario, en donde las funciones se realizan atendiendo a razones de conveniencia política.
Por ello, se debe tener en claro que la función de órganos autónomos como el INE tienen funciones específicas y que en algunos casos, sus funciones son de carácter técnico y no partidista, que si bien actúan en beneficio de la ciudadanía estos no fungen como sus representantes.
Motivo por el cual, en su desempeño de competencias pueden adoptar decisiones que vayan en contra de las preferencias del Poder Soberano e incluso, en contra de las preferencias de la mayoría de la opinión pública.
Para concluir basta mencionar que si realmente se quiere asegurar el adecuado funcionamiento de los órganos autónomos, se debe empezar por fortalecer los sistemas de control que permitan establecer con mayor claridad su actuación y fiscalización de las funciones que llevan a cabo.
Para lo cual sería necesario la creación de un apartado especial constitucional que agrupe atributos comunes y demás cuestiones relevantes a las cuales se puedan sujetar a dichos órganos.
Garantizar la existencia y el respeto a las figuras de autonomía constitucional, permite al Estado llevar a cabo tareas específicas de mayor especialización, control y transparencia en la atención de las demandas sociales. Por eso es importante que exista un equilibrio de poder que otorgue estabilidad e independencia.
