Jorge Herrera Valenzuela
SemMéxico, 12 de octubre, 2020.- En una acción calificada de acto de sumisión al titular del Poder Ejecutivo Federal, seis ministros de la Suprema Corte de la Nación aprobaron la demanda presidencial de declarar constitucional la verificación de una “consulta popular” encaminada a someter a juicio a los cinco expresidentes que antecedieron al actual, los que gobernaron de 1988 al 2018, sin que hasta ahora se les imputen cargo alguno salvo que al ejercer aplicaron la política del neoliberalismo.
A ese fallo cuestionado y polémico, se suma ahora el anuncio de que se promueven reformas a la Constitución, para que se realice la “consulta popular” el mismo día de las históricas elecciones del domingo 6 de junio y no como constitucionalmente está establecido, el primer domingo de agosto, porque el hombre que vive y despacha en Palacio Nacional desea, una vez más imponer su voluntad.
En un artículo periodístico titulado “Error Constitucional”, el prestigiado jurista y reconocido catedrático, el doctor Diego Valadés Ríos, señala un concepto muy importante y que pongo con letras negras: “Si la Constitución se volviera irrelevante estaríamos ante el riesgo de ir a la dictadura o a la anarquía. Es tiempo de templanza”.
En este sexenio el Congreso de la Unión nos lleva de la mano hacia ese camino, dictadura o anarquía. Recuérdese que una de las primeras modificaciones constitucionales fue para dar cumplimiento al nombramiento presidencial del director general del Fondo de Cultura Económica, que imponía como requisito que el funcionario fuese mexicano por nacimiento. La reforma se hizo inmediatamente, sin oposición alguna.
Una consulta inconstitucional
En la judicatura mexicana uno de los abogados más respetados, sin duda alguna, es el maestro Diego Valadés. Ha sido director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, catedrático en la Facultad de Derecho, Procurador General de Justicia del Distrito Federal y también de la General de la República, autor de muchos libros sobre la materia jurídica y profesor invitado en más de 10 universidades de América y Europa. Ha recibido premios, menciones y diplomas en México y en el extranjero.
Este jurista mazatleco, de 75 años de edad, escribió que “los problemas jurídicos se refieren a dos cuestiones constitucionales: la constitucionalidad de la consulta popular promovida por el presidente de la República y la pregunta formulada por la Corte”. Por ello la decisión de los ministros, al declarar constitucional la consulta popular, “ha dado lugar a numerosos comentarios críticos”.
El investigador emérito del mencionado Instituto consideró en su artículo que “el Ministerio Público está obligado a investigar todo hecho delictivo del que tenga conocimiento. Mientras haya Estado de Derecho la investigación y la persecución del delito serán un deber, no una facultad de ejercicio potestativo y selectivo. Omitir la obligación ministerial es delito contra la administración de la justicia”.
El problema es más grave, explica el jurisconsulto sinaloense, porque “la Corte adoptó un texto que viola lo dispuesto por el artículo 35 constitucional y en este caso no hay remedio posible, no al menos en el ámbito nacional” y más adelante apuntó que el fallo de la Corte es inconstitucional “por sujetar a un plebiscito el ejercicio al derecho a la información, el deber del Estado acerca de la indagación de delitos y el resarcimiento a las víctimas del delito”.
Por otra parte, expone el doctor Valadés Ríos que hay violación a los derechos humanos porque si “la consulta no será vinculante también se podría violar el artículo 35, pues dispone que toda consulta obliga cuando participa el 40 % del electorado”.
Concluye el maestro Diego Valadés: “Lamento el desacierto. Un Tribunal constitucional tiene a su cargo preservar la integridad de la norma suprema, y cuando sucede algo como lo que ahora ocurrió no queda instancia nacional alguna que pueda remediar la violación”.
Desde luego que en Palacio Nacional aplaudieron al presidente de la Suprema Corte, el queretano Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y a dos de sus ministros, porque era lógico que las dos ministras y el ministro designados por el tabasqueño no iban a votar a favor del proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien clasificó como inconstitucional la consulta popular.Como en el béisbol, la pizarra quedó 6 a 5 a favor de la novena 4T.
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