Hoy se cumplen siete meses del asesinato que evidenció el uso de recursos financieros y humanos a una campaña política

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Nadia Altamirano

SemMéxico. Oaxaca. 2 de enero de 2019.- La exigencia de justicia por el asesinato de la fotógrafa y ex jefa del departamento de Comunicación Indígena e Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), María del Sol Cruz Jarquín, incluye ahora la demanda de destitución de Araceli Pinelo López como Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales en Oaxaca.

“El asesinato de mi hija el 2 de junio pasado en Juchitán de Zaragoza es una consecuencia de haberse cometido ese delito electoral, ella no tenía nada que hacer ahí”, expresó la periodista Soledad Jarquín Edgar quien le pregunta a las autoridades si hay alguien “detrás” haciendo que ni la investigación del homicidio ni la sanción del delito electoral avancen.

Junto con la regidora con licencia de Juchitán, Pamela Terán Pineda y su chófer Adelfo Guerra, María del Sol fue asesinada la madrugada del 2 de junio en ese municipio al que fue comisionada de manera ilegal por el ex secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López, con el propósito de que cubriera actividades proselitistas de su hermano Hageo Montero, aspirante a presidente municipal.

Una vez que María del Sol fue sepultada, su madre Soledad Jarquín se reunió con el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, quien días antes había negado la posibilidad de un delito electoral; aún así inició la carpeta de investigación.

“No puede seguir si no da resultados a quienes dice defender, no le da la cara a la gente, sé que el caso de mi hija no es el único caso que meten a un cajón  a ver si a la gente se le olvida, a mí no se me va a olvidar, no merece seguir cobrando un sueldo que no devenga la señora Pinelo”, expresó Jarquín Edgar.

De manera directa ella trabajó en la integración de la carpeta de investigación aportando pruebas. A mediados de agosto pasado “había una carpeta bastante gorda diría yo y me dijeron que con eso era suficiente para vincularla a proceso, pero en septiembre me pidieron información y pruebas fotográficas que no pudimos conseguir, ellos querían que yo las recabara porque no estaban investigando”, evidenció.

Una de las fallas que advierte es que en esa investigación de tipo electoral se incluyera el robo del equipo de cómputo y fotográfico del hotel donde se hospedaba María del Sol, una vez que se supo de su asesinato, el cual no se pudo recuperar a pesar de que se identificó quién lo hurtó.

La relevancia de ese equipo radica en que “ahí hay pruebas, videos, fotografías y documentos de lo que María del Sol hacía en la campaña, un hecho que han negado Francisco Montero y su hermano Hageo”.

De eso Soledad Jarquín tiene la seguridad porque así lo hicieron saber ambos hermanos en su contestación al proceso especial sancionador que se inició en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO).

Ese proceso dio pie a que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca reconociera la comisión de un delito electoral, lo cual fue ratificado y a la vez enmendado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la sanción económica tan baja que se impuso a ambos hermanos.

“Está pendiente que el Tribunal Electoral del Estado rectifique y concluya ese proceso, que el Tribunal Administrativo y de lo Contencioso interponga una sanción por el proceso que inició la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que el gobernador Alejandro Murat diga cuál será la sanción a Francisco Montero, pero sobre todo que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales judicialice la investigación”, destacó Jarquín.

Entrevistada al respecto, la Fiscal Pinelo López aseguro que “nosotros estamos integrando la investigación, seguimos recabando algunas pruebas e indicios, hemos estado en comunicación directa para que conozca los avances y las determinaciones que se han tomado porque hay varias autoridades que están sancionado esta conducta”.

Reconoció que la carpeta aún no está completa ni es un caso sólido, pero no pude precisar cuánto tiempo más demorará la integración para judicialializarla.

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