Estrella Pedroza
SemMéxico. Morelos. 17 de marzo de 2021.- «Personal de Centro de Salud de Tlaltizapán incurrió en violencia obstétrica y violentó el derecho al acceso a la salud, dignidad e intimidad de una mujer que dio a luz, en agosto del 2020, en el estacionamiento de dicha clínica», concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), tras realizar una serie de investigaciones.
Por esta razón emitió una recomendación dirigida a los directivos del Centro de Salud de Tlaltizapán, a Héctor Barón Olivares, director de SSM y a Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de salud.
Los hechos ocurrieron el 14 de agosto del año pasado, en el municipio de Tlaltizapán, cuando una mujer con 38 semanas de embarazo acudió al Centro de Salud porque presentaba fuertes dolores y sangrado.
El personal de salud hizo una revisión médica y le indicaron que debía regresar a su casa toda vez que no contaba con la dilatación necesaria para dar a luz, y que solo volver si presentaba mayores dolores o bien, hasta las 3 o 4 de la madrugada.
La joven madre regresó a su casa, pero al continuar con dolor decidió acudir nuevamente al Centro de Salud, donde el personal de salud le refirió que ya le habían dado indicaciones, por lo que no podrían recibirla; minutos después la mujer dio a luz en el estacionamiento del Centro con la única asistencia de su esposo y cuñado.
Raúl Israel Hernández Cruz, ombudsman estatal, detalló que el personal del Centro de Salud no prestó atención médica oportuna y con ello se violaron los derechos humanos a una vida libre de violencia obstétrica, de acceso a la salud, dignidad e intimidad.
Además, violentaron el derecho a la integridad e interés superior de una recién nacida.
Entre las medidas que se recomiendan figura ofrecer una disculpa pública y difundirla en todos los medios ampliamente con el costo a cargo del Gobierno del Estado, cubrir todos los gastos médicos que la madre y la pequeña requirieron.
Además, capacitar con perspectiva de derechos humanos al personal de SSM.
Este martes fue ratificada la recomendación y las autoridades aludidas tienen 10 días naturales para pronunciarse sobre la aceptación o el rechazo.
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