Yaneth Angélica Tamayo
SemMéxico. 19 de marzo de 2021.- En pleno proceso electoral y ya con reglas fijas, partidos políticos, instituciones y poderes del Estado; para no variar han olvidado los acuerdos realizados en materia de violencia política contra las mujeres, -no solo a nivel federal, sino también en lo local-, situación que a provocado que miles de mujeres se inconformen con las omisiones y con las barbaridades de uno que otro partido político e institución.
Ante esto me parece pertinente traer a colación el tema de las medidas que se denominan 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, las cuales fueron impulsadas por Las Constituyentes MX Feministas y diversas legisladoras del ámbito federal, local, regidoras, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos y ciudadanas de las entidades federativas del país.
Acciones que fueron aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y las cuales fueran incorporadas en los “Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género” en este proceso electoral.
Hasta aquí, tales acciones parecieran un avance para que las mujeres logremos de forma sustantiva el derecho a una vida libre de violencia. Pero, entonces cuál es el problema que plantea por un lado los partidos políticos y por otro las mujeres activistas.
Por lo que respecta a los partidos políticos, el problema radica en dos temas centrales, el primero; no soltar el poder a causa de lo que ellos creen que no esta mal; y segundo, ser evidenciados mediáticamente ya que consideran se afecta su “imagen y gobierno”, como si realmente su imagen y trabajo fuera digno de reconocimiento -esto último léase en tono sarcástico-.
Pero que es lo que genera esas molestias, bueno, el meollo del asunto esta en que la iniciativa 3 de 3 por un lado, promueve que los partidos políticos garanticen que las y los aspirantes a una candidatura no cuenten con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento o en su caso ser sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, por delitos sexuales, ni tener registro vigente como persona deudora alimentaria.
Sin embargo, las autoridades electorales y partidos políticos solo basan el cumplimiento de esta medida en sentencias firmes, condición que no responde a la realidad de las mujeres ya que el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres se encuentran en total impunidad.
Medidas que, aunque están dirigidas a prevenir, sancionar, reparar y eliminar la violencia contra las mujeres en razón de género, así como a proteger el interés superior de la infancia, los partidos políticos, dirigentes, representantes de gobierno y un sin número de personas que se sienten aludidas, creen que estas medidas son un boicot político.
Situación que han aprovechado para tratar de deslegitimar las acciones realizadas por el 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres y las acciones que diferentes colectivos feministas han denunciado.
Denuncias que han sido minimizadas y politizadas, argumentando que las víctimas y la lucha feminista son utilizadas para desacreditar a los candidatos y al gobierno en turno.
Y son esas acciones las que han generado el descontento en las mujeres; la falta de empatía y de responsabilidad por parte de los partidos políticos, pero también por parte de las instituciones y poderes del Estado, para garantizar la atención, prevención y erradicación de los casos de violencia contra las mujeres, es lo que ha hecho que estas tengan que salir a exigir que en los puestos de poder no se postulen violadores, agresores ni deudores alimenticios.
Pero esta indignación va mas allá de la irresponsabilidad de los partidos, esta también va dirigida hacia las autoridades jurisdiccionales o de investigación, quienes a sabiendas de que los agresores no pueden ser candidatos, se han convertido en cómplices al no dar todos los pasos a seguir para que esas denuncias o procesos lleguen a un buen término y se tengan sentencias firmes que condenen a esos agresores.
Lo que se convierte en un circulo de omisiones e impunidad, y una resistencia a romper con el pacto de complicidades patriarcales entre autoridades y agresores, situación que fácilmente se puede ver con el caso de Félix Salgado Macedonio.
Y es precisamente esto, lo que las mujeres que conforman Las Constituyentes MX Feministas y La Observatoria Ciudadana “Todas Mx” que entre sus ejes dará seguimiento al cumplimiento de la 3 de 3 contra la violencia, buscan erradicar. Para ellas no es un asunto de temporada electoral, es cuestión de luchar por los derechos de las mujeres y niñas y por el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Como bien lo ha declarado Yndira Sandoval, “existe una evidente falta de corresponsabilidad política en el fenómeno de violencia de género, en donde los enemigos no son los hombres, hay un contexto socio cultural, político y con contextos que siguen fortaleciendo al patriarcado, se tiene que cambiar el chip lo que se traduce en la vida política como un proceso permanente, por lo cual sería relevante que a nivel federal y estatal se reconociera como un requisito de elegibilidad esta iniciativa 3 de 3”.
Para concluir, solo basta reflexionar sobre lo argumentado por la consejera Carla Humphrey.
«La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni intrafamiliar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido en estos supuestos».
