- Plantea la Red para el Avance Político de las Mujeres, los derechos de las mujeres indígenas
- Crisis en Ayutla de los Libres, Guerrero, donde se coarta la participación política de indígenas
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 12 de mayo 2021.- Un llamado a las autoridades comunitarias y a los órganos jurisdiccionales para que se garantice el pleno reconocimiento y respeto al ejercicio y goce de los derechos políticos de las mujeres indígenas en el proceso de renovación de las autoridades comunitarias de Ayutla de los Libres, Guerrero demandó la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.
Señaló como caso particular el de la ciudadana Eneida Lozano Reyes quién da ha sido objeto de múltiples actos de violencia política en razón de género por parte de diversos actores de su municipio, donde entre otras cosas ha recibido amenazas de muerte contra ella, sus compañeras y compañeros, y familiares, con el objeto de obligarla a renunciar a sus legítimas aspiraciones a ocupar dicho cargo.
Asimismo, demandan la adopción de medidas de reparación del daño, incluyendo correctivos para evitar la repetición de actos que violen los derechos humanos de las mujeres del municipio de Ayutla de los Libres y en particular sus derechos políticos.
En el pronunciamiento se exige se brinden todas las garantías para asegurar la plena participación de Eneida de la etnia tun savi y de todas las ciudadanas de Ayutla de los Libres en un contexto libre de discriminación y de violencia hacia las mujeres, actuando con especial sensibilidad e incorporando un enfoque intercultural y de igualdad de género, así como evitar la revictimización.
Cabe destacar que este proceso electivo es la segunda ocasión en que las y los ciudadanos elegirán a sus autoridades municipales mediante el Sistema Normativo Interno, el cual deberá ser integrado de forma paritaria entre mujeres y hombres.
Eneida Lozano Reyes integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), participa como representante de la Colonia Vicente Guerrero para la integración del Gobierno Comunitario.
En el pronunciamiento se destaca que la violencia política contra las mujeres en razón de género ya es reconocida como delito desde las reformas legislativas de abril de 2020 y que el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas para establecer sus propios sistemas normativos internos no pueden considerarse de forma aislada o con independencia del derecho que tienen las mujeres a ejercer su derecho a participar políticamente en un ambiente libre de violencia y en pie de igualdad con los hombres.
Recuerdan que las mujeres indígenas desarrollan la lucha por los derechos en dos frentes: ante el Estado, pugnando por el reconocimiento y realización efectiva de los derechos colectivos de sus pueblos, y al interior de las comunidades, buscando el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos y políticos como mujeres.
Destacan que la participación política de las mujeres indígenas enfrenta múltiples obstáculos y desventajas acumuladas por su condición de pertenencia étnica, de marginación social y de pobreza generalizada y han tenido que enfrentarse a las estructuras tradicionales que tienden a excluirlas de la participación pública y de su acceso al ejercicio pleno de derechos fundamentales, entre otros su derecho a ocupar cargos de representación y toma de decisiones dentro de sus comunidades.
Abundan que, en el caso de las mujeres indígenas, se ha documentado cómo su ejercicio del poder es observado mucho más que en el caso de los varones; se les exige una mayor capacitación para acceder a un cargo o, ya en funciones, su gestión es evaluada, cuestionada, confrontada y obstaculizada de tal forma que en muchos municipios y comunidades indígenas las mujeres no pueden tomar posesión de los cargos para los que fueron electas o terminar su gestión.
Le recuerdan al Estado Mexicano que, en las observaciones emitidas en los informes periódicos, séptimo y octavo, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuestionó que era “motivo de preocupación el bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del Estado parte”. Y que resultaba un motivo de preocupación “el alto nivel de pobreza, el analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra la mujer indígena de zonas rurales, en particular, Chiapas, Guerrero y Oaxaca”.
Así como las “prácticas rurales nocivas que forman parte de los sistemas jurídicos indígenas basados en la asignación a hombres y mujeres de papeles estereotipados en función del género”.
Cabe destacar que la Red para el Avance Político de las Mujeres junto con otras organizaciones feministas se unió para enfrentar la violencia política de género en el actual proceso electoral desde el pasado mes de marzo.
