Micaela Márquez
SemMéxico, CD. de México, 13 de julio 2021.- Las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) instan a la Fiscalía General de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes en demanda de justicia por la violación sexual de una niña en 2019, a garantizar sus derechos y tener mayor sensibilidad ante la exigencia de justicia de estos grupos y proteger los derechos humanos de las víctimas.
El pasado 10 de julio los medios de comunicación dieron cuenta de la detención de 10 mujeres que se manifestaron afuera del edificio central de la Secretaria de Educación de Jalisco reclamando la impunidad por el caso de abuso contra dos menores ocurrido en el 2019 en una escuela primaria en Zapopan, donde las manifestantes señalaron la tardanza en el proceso judicial.
Los organismos autónomos de manera conjunta consideran que se violaron los derechos a la libre manifestación de las mujeres, se les estigmatizo y criminalizó por exigir justicia ante un caso que data del 2019.
Dado que las notas informativas refirieron que las mujeres fueron detenidas y liberadas en el transcurso de los días sábado y domingo; siete de ellas fueron vinculadas a proceso.
Exhortan a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes, así como llevar a cabo una pronta y efectiva investigación, con la debida diligencia y ponderando el interés superior de la niñez, para que la violencia cometida en contra de los menores no quede impune.
Precisan que la tardanza y falta de acceso a la justicia es una forma de violencia institucional.
Además de ser actos de impunidad que llevan a las víctimas, a sus familiares, a las mujeres y a los grupos feministas a un hartazgo generalizado ante la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones del Estado.
Lo que se suma al contexto actual de grave crisis de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que existe en el país, convoca a los grupos a realizar manifestaciones para exigir justicia.
Así también, las defensorías instan a dar cumplimiento pronto a la recomendación 183/2020 emitida por la CEDHJ sobre violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como a los derechos de la niñez.
Los órganos autónomos reiteran su posición de máxima protección a los derechos humanos de las mujeres.
Manifiestan su clara oposición a la criminalización de las manifestantes, a la dilación de cualquier caso de violencia sexual, en particular en la investigación del caso señalado y recalca su compromiso de velar y proteger los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país.
De acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, oportunidad, debida diligencia, conforme a un enfoque diferencial y especializado para garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, a la libertad, a la integridad, a la vida y a la libertad de expresión.
