Rogelio Hernández López
SemMéxico, 20 de septiembre, 2021.- En plática informal, con un joven abogado defensor de los derechos humanos, repasábamos cuatro casos muy públicos de demandas judiciales contra periodistas en los últimos días y añadimos que esa práctica ha crecido exponencialmente en tres años y que tan solo en 2020 se habían registrado 39 demandas.
Con esos datos se podía inducir que el acoso judicial contra periodistas ha crecido inusualmente en México como agresión al periodismo y de censura a la libertad de expresión, como lo expresan algunas organizaciones.
Pero esa conclusión es muy lapidaria. Cada demanda es distinta y sólo puede generalizarse como acoso cuando se muestre ignorancia o dolo de fiscales y jueces.
Cuatro casos públicos
Los cuatro casos judiciales, que circularon en redes sociales recientemente, concitaron comentarios mordaces entre periodistas profesionales porque parecían fuera de lógica, de extravió de fiscales y jueces.
UNO. La revista proceso, en su edición del 12 de septiembre, ofreció una disculpa a Raymundo Riva Palacio por haber publicado tres años y un mes antes un reportaje de Julio C. Roa donde se le menciona, sin prueba alguna, como beneficiario del “Top ten del chayote”. Lo que no precisa la nota es que Proceso había sido demandado por el periodista por difamación y calumnia y que la disculpa fue obligatoria por orden judicial. No es un caso de acoso sino de justicia, aunque tardía por dilación de jueces.
DOS. En la misma semana circuló la información de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), había decidido vincular a proceso al reportero Daniel Blancas Madrigal, por una discusión con empujones con youtuberos que asisten a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. La denuncia la presentó el neo-comunicador Hans Salazar. Los comentarios en redes sociales ironizaron la presteza de la fiscalía especial por una escaramuza entre informadores; efectividad que no ha mostrado en los cientos de asesinatos de periodistas. Faltará saber si el juez que lleve el caso completa el acoso.
TRES. Varias organizaciones civiles, encabezadas por Artículo 19, difundieron un comunicado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando que frene la persecución judicial y anule la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que condenó al articulista y analista del Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada a un pago de 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés porque “abusó de su libertad de expresión” y dañó la reputación del político. La ilógica del Tribunal ignora y contradice las tesis de jurisprudencia de la Corte acumuladas que en su sentido general asientan:
“La doctrina jurisprudencial sobre este tema sostiene que en el caso de opiniones que impacten en el interés público se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados, toda vez que el debate en estos temas debe ser desinhibido, robusto y abierto. En este sentido, las expresiones pueden incluir ataques vehementes, cáusticos y mordaces sobre personajes públicos…”
CUARTA. Impactó también entre periodistas la noticia de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se había erigido en juez de libertad de expresión al abrir una investigación en contra de la Oficina de la Presidencia de la República y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la presunta develación de datos personales de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y además le solicita a la Revista Contralínea que aporte elementos y fuentes de una publicación que hizo de que esta organización recibe financiamientos de instancias oficiales del gobierno de Estados Unidos. En el INAI ignoran que medios y periodistas tienen la garantía de los códigos penal federal y del federal de procedimientos penales para no revelar sus fuentes. Contralínea si ha sufrido, por años, acosos judiciales muy injustos de particulares y de instituciones públicas y ahora también del INAI.
Preferibles las demandas
Con estos datos en el contexto, la conversación con el joven abogado el 15 de septiembre derivó a una conclusión que lo sorprendió un poco:
— Es preferible que crezcan las demandas judiciales contra periodistas a que sigan aumentando las agresiones verbales o físicas y los asesinatos, pero un obstáculo mayúsculo es la ignorancia de fiscales y jueces.
— ¿Preferibles las demandas? –interrumpió.
— Sí. Más en una atmósfera exageradamente negativa contra las y los periodistas, de agresiones y asesinatos demasiado frecuentes y de altísima impunidad. La aplicación de la ley es un factor que puede detener parte de lo negativo de esta etapa; que quienes se incomoden con versiones periodísticas demanden y acusen con pruebas ante el sistema de justicia en lugar de reaccionar unilateralmente con violencia.
Para tener una visión más realista del tema judicial y el periodismo tenemos que tomar en cuenta, que, si hay colegas periodistas con malas prácticas, que sin investigar se exceden en acusar sin pruebas, que reciben versiones intencionales contra otros y no verifican, que abusan –por ignorancia o dolo intencional– incluso en aplicar adjetivos calificativos sin fundamentos, que lastiman reputaciones individuales o familiares. Mucha gente tiene el derecho individual para defenderse y debe hacerlo con la ley en la mano.
Estas aseveraciones, empíricas tras 20 años de observar malas prácticas de colegas, se confirman en la investigación que dirigieron Raúl Trejo Delarbre y Janneth Trejo-Quintana de la UNAM para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el cumplimiento e impacto de sus recomendaciones relacionadas con la persecución a periodistas:
“Más allá de las condenas a hechos de persecución y agresión contra los informadores, en la sociedad mexicana los periodistas han tenido, al menos en las cuatro o cinco últimas décadas del siglo XX, una fama pública harto discutible. Por supuesto es imposible, y resultaría injusto, considerar que todos los periodistas mexicanos han padecido las mismas conductas. Pero la aceptación de remuneraciones a trasmano e incluso de forma abierta, disimuladas como pagos o comisiones de publicidad, así como la obtención de privilegios y prebendas por parte de algunos de ellos, ha maltratado el respeto que deberían merecer todos los periodistas en nuestro país… La debilidad de los periodistas y de su imagen pública constituye una de las carencias más importantes para la consolidación de una sociedad cabalmente democrática”.
En esta parte de la atmósfera negativa al ejercicio del periodismo se podrían encontrar explicaciones de que no todas las denuncias administrativas, civiles y penales acumuladas son agresiones, de que ha crecido la alternativa de encausar inconformidades a malas prácticas en el periodismo. El registro que tiene Artículo 19 indica que en 2015 hubo una, en 2016 y 2017 fueron 13 respectivamente, En 2018 y 2019 fueron 21 cada año, en 2020 fueron ocurrieron otras 39 y para el primer semestre del 2021, de 22 casos2.
Pero, fiscales y jueces
Pero ante esta disyuntiva de canalizar las inconformidades a las instancias de justicia se topa con otro fenómeno que propicia la conclusión de que si hay acoso judicial contra el ejercicio del periodismo: las malas prácticas de las y los fiscales y jueces que por ignorancia o dolo desconocen la aplicación de las garantías generales, de los derechos colectivos a la información de interés público y de la libertad de expresión y de cómo equilibrarlas con los derechos individuales al resguardo de los datos personales, al honor, a la buena reputación. Son demasiados los casos de injusticia en ese sentido… De ello hablan las tesis de jurisprudencia de la Corte relativas a la libertad de expresión.
Desde 2013 la CNDH ha insistido en aplicar correctivos para este fenómeno negativo:
“Las políticas públicas deben atacar las deficiencias de las agencias del ministerio público / Se hace necesaria la creación de Ministerios Públicos especializados en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión / Prevenir la utilización del sistema judicial como un mecanismo intimidatorio contra los periodistas…”
Y mientras este ambiente en la procuración de justicia no cambie de raíz, seguiremos concluyendo, lo mismo que la CNDH y organizaciones defensoras de la libertad de expresión: que existe hostigamiento jurídico y agresiones cuando se emprenden acciones legales contra periodistas y/o comunicadores, como medio de intimidación y de censura indirecta. Y que esto se confirma con las malas prácticas, por ignorancia o dolo, de fiscales y jueces.
